La escuela católica lanza un SOS en Andalucía

Los colegios se vuelcan en renovar los conciertos con la sospecha de que la Junta quiere suprimir unidades

niño con baby y mochila en el colegio corriendo para llegar al aula

La escuela católica lanza un SOS en Andalucía [extracto]

RUBÉN CRUZ | Sí a la educación concertada. Sí a la libertad. Con esa contundencia nace la campaña de Escuelas Católicas Andalucía para frenar el “desmantelamiento” de los colegios concertados. El 18 de enero comenzaron una recogida de firmas a través de la web change.org, donde invitan a firmar a todo aquel que desee “manifestar su acuerdo por la libertad de enseñanza, como un derecho fundamental recogido en el Artículo 27 de la Constitución Española, y solicitar el mantenimiento de aquellos puestos escolares en centros privados concertados con demanda social y, en consecuencia, proceder a la concertación de la totalidad de unidades concertadas”. Al cierre de esta edición, ya habían superado los 23.000 firmantes.

Las comisiones provinciales de conciertos, que tienen que sacar una propuesta de informe sobre cada unidad que solicita el concierto, han comenzado a reunirse. La propuesta llegará a la Consejería de Educación y a finales de febrero se sabrá la intención real.

Hay unos datos evidentes: sobran puestos escolares. Por dos razones: la reducción de la natalidad y la vuelta de inmigrantes a sus países. Frente a esta situación, Escuelas Católicas planteó hace un año a la Consejería estudiar de forma conjunta la situación. No obstante, “a la hora de acordar los puntos, se suprimieron las reuniones”, indica a esta revista Carlos Ruiz, secretario regional de Escuelas Católicas. “Llevamos dos meses pidiendo audiencia –recalca–, pero no han atendido nuestra petición”.

Según ha podido saber Vida Nueva, la Junta ha expresado “de forma oficiosa” su deseo de reducir unidades, como ya hiciera en 2013, cuando eliminó siete, aunque luego la Justicia les obligara a recular. Y es que la Junta había alegado criterios demográficos para eliminar una línea de segundo ciclo de Educación Infantil del colegio de los salesianos en Morón de la Frontera, pese a que las solicitudes en el centro sumaban 51 plazas, una más que la ratio máxima para mantener dos unidades. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó en mayo de 2016 el principio de subsidiariedad de la enseñanza concertada alegado por la Junta al ser “contrario a la letra y al espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación”.

Pero sabiendo que la Justicia avala a la concertada, ¿volverá la Junta a reducir unidades con demanda? “Lo hará como un guiño político. Hay movimientos y partidos que se están movilizando y la Consejería se siente presionada. Eliminarán unidades con demanda, y si luego lo pierden en los tribunales, pues lo perdieron”, explica el secretario del ente, que agrupa a 400 colegios en Andalucía. “Eliminar una unidad no parece un gran perjuicio, pero esa no es la realidad”, dice Ruiz. Y es que “si quitas una unidad en primero de Infantil, el próximo año no tendrás ni la de primero ni la de segundo. De este modo, va corriendo año tras año y produce un efecto dominó. Se corta la raíz y al final acabas perdiendo toda una línea, desde primero de Infantil hasta 4º de ESO”, reconoce.

Escuelas Católicas se reunió con la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública, conformada por múltiples sindicatos y asociaciones, para llegar a un “acuerdo de mínimos” en lo que respecta al mantenimiento de conciertos. Pero chocaron contra una pared. La Confederación General del Trabajo (CGT) indica que bajo el “pretexto” de la libre elección de centro, los organismos públicos “están vaciando de alumnado las aulas de la escuela pública para entregárselo a negocios educativos privados y subvencionados por el Estado, en su mayoría regentados por la Iglesia católica, con dinero público”.

No obstante, la Ley de Educación de Andalucía reconoce que la educación deberá ser un 80% pública y un 20% concertada. En estos momentos, el porcentaje se sitúa en el 81,5% frente al 18,5%, según datos aportados por la propia consejera de Educación, Adelaida de la Calle, puesto que se han abierto más centros públicos.

Sin discriminaciones

La CGT ha propuesto una batería de medidas: la paralización automática de todos los nuevos conciertos educativos previstos para el sexenio 2017-2023, la revisión de los conciertos actuales, el incremento de inversión en educación pública hasta el 7% del PIB, la eliminación del distrito único en aquellas poblaciones donde exista, la fiscalización y auditoría de todos los ingresos realizados en los centros concertados, la supresión de la asignatura de Religión del currículo escolar o la eliminación progresiva de las subvenciones a los centros concertados.

Escuelas Católicas Andalucía no entiende este choque entre los dos modelos educativos: “Nosotros jamás hemos tenido palabras contra la pública, porque para defender un modelo no hace falta echar por tierra otro”, comenta Ruiz. “Costamos la mitad que la pública –continúa–, pero no nos vanagloriamos de ello. No queremos privilegios, pero tampoco ser discriminados, porque no somos mejores ni peores, simplemente defendemos un proyecto educativo demandado por muchos padres”.

Por su parte, Silvia Santos, secretaria general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Andalucía (FSIE-A), espera que, a la luz de la sentencia del Supremo, la Junta no se atreva a eliminar unidades con demanda para redirigir alumnos a los centros públicos, porque “está clarísima la complementariedad de las dos redes”. Así, establecen tres líneas rojas: no se puede quitar ninguna unidad demandada por las familias; no se debe tocar ninguna unidad que, aunque no llegue a la ratio mínima, atienda a alumnos en desventaja socioeducativa; también ponemos énfasis en que se negocie y se firme un acuerdo de recolocación que garantice que puedan recolocarse profesores ante el cierre de unidades”.

La partida presupuestaria de la Junta para Educación ha aumentado casi un 3% con respecto al año anterior. Por ello, y ante el fracaso que muestran los resultados del Informe PISA, Santos considera que “esos datos deben servir para replantearnos qué se está haciendo mal y gastar más y mejor en beneficio de la educación”. Así, reducir las ratios puede ser una forma de mejorar el sistema. Por eso, FSIE pide “adaptar las ratios por zonas, y no tener una ratio única, porque si no, en zonas despobladas se desembocará en el desmantelamiento del sistema educativo”.

Por otro lado, Gemma García, portavoz de la plataforma Mis Padres Deciden, no muestra preocupación, porque “esperamos que la Junta acate la Sentencia del Supremo en relación a la demanda social. Lo dice claro la sentencia y esperamos que cumplan”. En defensa de los profesores se expresa José Guardia, vicepresidente de la Plataforma por la Homologación en Andalucía (PHA): “Nuestro objetivo es que no se pierdan puestos de trabajo. La ratio de alumnos tiene que bajar y, sobre todo, en los centros de periferia, que se encuentran en los barrios más deprimidos de Andalucía. Estos necesitarían una ratio especial por la ausencia de niños y por la baja matriculación, ya que muchos de ellos no se escolarizan”.

El Supremo avala a los profesores de Religión

El Tribunal Supremo reconoció, en una sentencia de 17 de enero, el derecho del profesorado de Religión de Secundaria de Andalucía al devengo y la retribución de los sexenios en las mismas condiciones y cuantía que corresponde a los interinos. El complemento específico para la formación permanente fue motivo de litigio por parte del sindicato CSIF, que presentó recurso ante el Supremo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en febrero de 2015, que rechazó las pretensiones del sindicato. El alto tribunal revoca ahora la sentencia del TSJA, apoyándose en jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, también destaca que ya ha adoptado resoluciones similares en Madrid y Asturias.