La Iglesia española no pone trabas ante una posible fiscalización

No se opone al control del Tribunal de Cuentas, pero exigiría convertirla en “institución de derecho público”

cepillo donde depositar dinero donado en una iglesia

RUBÉN CRUZ | Primero Podemos y luego el PSOE. Ambos partidos han pedido en sede parlamentaria que el Tribunal de Cuentas fiscalice el dinero que la Iglesia recibe a través de la casilla del IRPF, ya que el programa de fiscalizaciones para 2017 del órgano deja fuera a la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española (CEE) lleva años trabajando en pro de la transparencia, porque “forma parte de la misión de la Iglesia. Por ello, cualquier medida adicional que contribuya a acercar la Iglesia a la sociedad cada vez mejor, y a su misión de anunciar la Buena noticia, será siempre positiva, aunque venga desde fuera”, dice a Vida Nueva la directora de la Oficina de Transparencia de la CEE, Ester Martín. Por eso, “no supone ningún problema” someterse a la fiscalización del Tribunal.

En cualquier caso, “la memoria anual de la Iglesia ofrece mucha más información relevante para la sociedad de lo que podría solicitar un sistema de fiscalización que se centra exclusivamente en la aplicación o gasto de los fondos recibidos, pero no en el impacto que estos tienen en la sociedad, cosa que sí reflejamos en dicha memoria”, sostiene Martín. (…)

No obstante, “según la Constitución, la Iglesia no forma parte de la estructura del Estado ni puede considerarse parte del sector público. Por tanto, no le corresponde al Tribunal de Cuentas fiscalizar la gestión económica interna de la Iglesia”, explica a esta revista Jorge Otaduy, profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra.

Y es que, según la propuesta del PSOE, “la Iglesia sería una entidad de derecho público, pero esa conclusión no responde a la realidad de su estatuto jurídico vigente. La fórmula de considerar a las iglesias corporaciones de derecho público se aplica en Alemania y en otros países centroeuropeos, y estas pueden, por ejemplo, recabar impuestos de los fieles con efectos civiles, pero en España no es así”, remarca el profesor. Así, añade: “Si ahora vamos a tratar a la Iglesia en España como entidad de derecho público, tendría que hacerse a todos los efectos, no solo a los de la fiscalización de sus cuentas”.

Publicado en el número 3.020 de Vida Nueva. Ver sumario