Los obispos españoles temen un pacto educativo a costa de la Religión

Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, en una reunión con representantes de las Comunidades Autónomas para abordar la reforma educativa

“Nuestros miedos existen y no son infundados”, señala a ‘Vida Nueva’ César Franco

César Franco, obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española

El obispo César Franco

Los obispos españoles temen un pacto educativo a costa de la Religión [extracto]

JOSÉ LORENZO | El jueves 1 de diciembre estaba previsto que echase a andar la subcomisión parlamentaria que, impulsada por PP, Ciudadanos y PSOE, debe propiciar las condiciones necesarias para la “elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación”, según la solicitud presentada por estos tres partidos a la Mesa del Congreso el 25 de noviembre. De esta manera, comenzaría a materializarse aquel otro pacto entre PP y Ciudadanos que desbloqueó la investidura de Mariano Rajoy como presidente de Gobierno el pasado 30 de octubre. El PSOE se ha sumado a la iniciativa tras una serie de reuniones, en donde arrancó el compromiso de que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE ) será sustituida por una nueva legislación.

En un país que en los últimos 35 años ha tenido 11 reformas educativas, desde la Conferencia Episcopal Española (CEE) consideran este pacto de Estado “absolutamente necesario”. “Los obispos lo hemos pedido reiteradamente, porque la educación debe estar por encima de los intereses de los partidos”, según señala a Vida Nueva César Franco, presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza.

Sin embargo, no las tienen todas consigo y temen que la enseñanza de la Religión pueda convertirse en una especie de comodín que facilite el acuerdo entre todas las fuerzas parlamentarias. “Nuestros temores existen y no son infundados”, reconoce el también obispo de Segovia. “Durante las campañas electorales es frecuente escuchar y leer en los programas políticos la pretensión de algunos partidos de quitar la enseñanza de la Religión del currículo escolar. Es evidente que, a la hora de pactar, esta pretensión querrá llevarse a cabo, bajo el pretexto de defender una escuela llamada laica”, añade.

Ante esta situación, el obispo considera “urgente eliminar los prejuicios típicos de ciertas concepciones políticas de épocas pasadas, que confunden la laicidad con el ataque a la religión o la exclusión de su enseñanza en la educación integral de la persona”. Pero también se pregunta si se puede hoy respetar el derecho constitucional de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos “eliminando de la escuela la enseñanza religiosa”.

¿Moneda de cambio?

Precisamente para respetar este derecho, Franco considera que “la enseñanza de la Religión, tal como se hace hoy, es un logro que no se puede perder”. De ahí que subraye que “no puede convertirse en moneda de cambio para satisfacer las presiones que determinados partidos políticos harán para excluirla de la enseñanza”. Y a este respecto, recuerda que el recorte de los horarios de la Religión en muchas comunidades autónomas, o que no se ofrezca en Bachillerato en las condiciones que marca la ley, son medidas que “lesionan los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado”.

Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, en una reunión con representantes de las Comunidades Autónomas para abordar la reforma educativa

El ministro Méndez de Vigo durante una reunión para abordar la reforma educativa

Esta y otras cuestiones se las plantearon directamente a Íñigo Méndez de Vigo en el encuentro que, a petición del ministro de Educación –entonces aún en funciones–, y en una primera ronda de contacto con todos los agentes sociales implicados, mantuvieron con él el 18 de octubre. Por parte de la CEE acudieron, además del propio Franco, el secretario general, José María Gil Tamayo, y el director del secretariado de la comisión episcopal, José Miguel García.

“El ministro –recuerda el obispo de Segovia– nos escuchó con mucha atención y respeto, y, por nuestra parte, le expusimos nuestra opinión sobre el pacto y los presupuestos que debían tenerse en cuenta en lo que se refiere a la enseñanza religiosa. Le hicimos llegar nuestras preocupaciones a partir de la experiencia habida con el recorte de los horarios y de la dificultad que supone llegar a un pacto de Estado, dado que las competencias sobre educación han sido transferidas a las comunidades autónomas. Fue una entrevista muy cordial, de diálogo, y esperamos que se tenga en cuenta nuestro parecer, tanto en lo que se refiere a la escuela de iniciativa estatal como a la de iniciativa social”.

Entre esos presupuestos que desde la Conferencia Episcopal les parecen ineludibles de cara al pacto educativo está, en primer lugar, “que respete los derechos de los ciudadanos sancionados en la Constitución: libertad religiosa, libertad de enseñanza y libertad de los padres para educar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y morales”, desgrana el obispo. Y añade: “La libertad de enseñanza se concreta, en la Constitución, en la capacidad de los grupos sociales para erigir centros, elegir los más conformes a las convicciones de los padres, y, según el artículo 27.9, en recibir ayudas del poder público según los requisitos que la ley establezca. Estos derechos hacen posible que la educación no sea manipulable por los intereses de partido y que se garanticen los derechos de los ciudadanos escrupulosamente”.

En todo caso, el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza defiende la pertinencia de la religión en la escuela, también para conocer las raíces de Occidente. “Así lo han entendido grandes personalidades que, confesándose agnósticas, no han dudado en reconocer la importancia de esta materia”. Y ante quienes arguyen que esta enseñanza perpetúa el poder de la Iglesia sobre las conciencias, argumenta que “esta crítica olvida que lo que está en juego no es esta influencia de la Iglesia, sino la libertad de los padres para educar a sus hijos libremente, también en lo religioso”.

“No se trata –continúa– de un privilegio de la Iglesia, sino de un derecho constitucional. También olvidan que la educación se realiza con fondos públicos para todos, también para quienes tienen convicciones religiosas, y la Constitución, como ya he dicho, garantiza la ayuda a todos los centros educativos. Lo contrario sería discriminación”.

Y acaba invitando César Franco a conocer el mapa de la enseñanza de la Religión en Europa “para comprender la normalidad” con que se vive esa cuestión, así como a dialogar sobre ella “con datos objetivos para que no se pueda utilizar como arma arrojadiza por los defensores de una sociedad que se configura cada vez más por el ‘dogma’ del laicismo”.

Gil Tamayo: “La Iglesia no es un espectador mudo”

Durante las jornadas de la pasada Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, los obispos han compartido reflexiones a propósito del pacto educativo. Había ganas de intervenir y de escuchar. Y después de ello, han tenido tiempo también para fijar sus posiciones al respecto, como se desprende de las declaraciones efectuadas
por el secretario general del Episcopado en la rueda de prensa de clausura, el pasado 28 de noviembre: “La Iglesia no es un espectador mudo y quiere concurrir de forma unitaria”, señaló José María Gil Tamayo.

El sacerdote esgrimió algunos datos para justificar su demanda, como los más de 2.600 colegios católicos, el millón y medio de alumnos, los 125.000 trabajadores o los más de tres millones y medio de alumnos que eligen la asignatura. “La Iglesia tiene un peso, una palabra y un ideario con el que quiere contribuir al servicio de la sociedad con su labor educativa”, afirmó ante los periodistas.

Publicado en el número 3.014 de Vida Nueva. Ver sumario

 


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