“No se trata de ver quién tiene más influencia, sino del bien común”, señala el secretario general del Episcopado
Fernando Giménez Barriocanal y José María Gil Tamayo, en rueda de prensa hoy en Madrid
M. GÓMEZ | La Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Ministerio de Educación han iniciado contactos en aras de un pacto educativo que “de una vez por todas arregle esta situación: no podemos seguir al vaivén de las ideologías imperantes”. Así lo ha confirmado, en rueda de prensa celebrada en Madrid hoy lunes 28 de noviembre, el secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo. Él mismo partició en una reunión con el ministro Íñigo Méndez de Vigo, junto al presidente y el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, César Franco y José Luis García, respectivamente. Una reunión que tuvo lugar, según indicó Gil Tamayo, el 18 de octubre, mientras el Gobierno estaba todavía en funciones.
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El ministro está hablando con los distintos agentes educativos, y la Iglesia, que “no es un espectador mudo”, en este asunto quiere presentarse con una voz “única y unitaria” que defienda el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación conforme a sus creencias, así como la presencia de los cerca de 5.000 colegios católicos o concertados de inspiración cristiana que hay en España y los más de 25.500 profesores de Religión, ha indicado el secretario general.
Según ha explicado, “vemos la necesidad urgente de un pacto educativo que acabe de una vez acabe con los cambios sometidos al vaivén de las ideologías imperantes, y que ofrezca la posibilidad de un gran consenso en el que la educación sea una cuestión de Estado, que redunde en mejores ofertas de calidad”.
A preguntas de los periodistas, Gil Tamayo no dio más detalles de la reunión con el ministro, pero sí ha insistido en que “del pacto educativo esperamos concordia y estabilidad, porque así lo espera la propia realidad educativa. Estamos llamados a trabajar juntos, en diálogo y que prime el bien común. No se trata de ver quién ocupa mayor influencia, sino del bien común y del bien de los niños y los jóvenes españoles.”
‘Amoris laetitia’, un “servicio extraordinario a la Iglesia”
El motivo de la rueda de prensa era informar de los trabajos de la 108ª Asamblea Plenaria que se desarrolló la semana pasada. Entre otros temas, se ha estudiado un informe sobre la situación actual del clero en España, otro sobre la misión de los formadores y directores espirituales en la formación integral de los candidatos al sacerdocio y se ha presentado una reflexión sobre la pastoral familiar a la luz de la exhortación Amoris laetitia.
A propósito de la exhortación postsinodal, el presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez, ha enviado una carta al papa Francisco en la que agradece “el excelente documento, que es un servicio extraordinario a la Iglesia y una inestimable ayuda a la humanidad ante los desafíos que padece actualmente la familia”.
Agradecido también por el Año Jubilar recién terminado y por la carta Misericordia et misera, Blázquez reitera al Papa “nuestra comunión cordial y obediente”. “Cuente con nuestra cercanía y apoyo en las dificultades y las pruebas que la fidelidad al Evangelio le exija. ¡Gracias por su ejemplo que nos ilumina en el camino!”, finaliza la misiva.
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Aprobados los presupuestos para 2017: serán 248,5 millones de euros
Por su parte, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, ha explicado que la Asamblea Plenaria ha aprobado el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano para 2017 (que canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas), estableciendo como cantidad de dicho presupuesto 248,5 millones de euros, que es la cantidad que obtuvo la Iglesia por los ingresos vía IRPF (es decir, las X marcadas en la declaración de la renta).
También en materia económica, la Asamblea Plenaria ha dado el visto bueno a los trabajos realizados en relación con el Plan de Transparencia iniciado hace unos meses, y que se traducen en un nuevo Plan Contable para entidades diocesanas de la Iglesia, que empezará a implantarse “a partir de enero de 2017” y que será el punto de partida para los procesos de auditoría; un manual de inversiones financieras para “establecer criterios de inversión financiera que puedan ser empleados por el conjunto de entidades de la Iglesia”; medidas para prevenir el blanqueo, tanto a nivel diocesano como parroquial; y un modelo de portal de transparencia para ser implantado en las diócesis.
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