Un juez obliga a desalojar la casa “ocupada ilegalmente” y el obispado rechaza cualquier indemnización
Fragmentos de la sentencia judicial a favor de la Diócesis
RUBÉN CRUZ | Dos mujeres y los tres hijos de una de ellas serán desahuciados de un piso en Móstoles (Madrid) el próximo 19 de octubre. Se trata de un inmueble que pertenece a la Diócesis de Getafe. En concreto, un casa que el obispado estaba acomodando para hospedar a dos nuevos sacerdotes que iban a hacerse cargo de una parroquia cercana.
Como recoge la sentencia que obliga a las mujeres a abandonar el domicilio, y a la que ha tenido acceso Vida Nueva, “resulta probado que, entre los días 2 y 4 de julio de 2016, Laura y Aroa ocuparon ilegalmente la vivienda (…) propiedad de la Diócesis de Getafe, sin autorización, con vocación de permanencia, negándose a abandonarla”.
Laura denunció el caso en la cadena SER, declarando que el pasado 19 de septiembre habían tenido el juicio, cuya sentencia les comunicaba el lanzamiento de la vivienda en el plazo de un mes. La joven, en conversación con Vida Nueva, explica que, este verano, dos sacerdotes acudieron a la casa para pedirles que la abandonaran, porque “podían ofrecernos otra vivienda en Móstoles de su propiedad por un alquiler social, pero después fue el juicio y nos dimos cuenta de que era una mentira”, subraya. Así, afirma que se ha vuelto a poner en contacto con el Obispado pero se han negado a hablar con ella.
Una versión que dista mucho de la aportada por la Diócesis: “Les ofrecimos un alquiler social en el mismo municipio y lo rechazaron, por lo que comenzamos con los trámites legales. No han querido otra solución, porque nosotros tenemos casas a las que se puede entrar solicitándolo, no entrando por la fuerza”. Por eso, desde el Obispado dicen que su actitud siempre es la de tender la mano, y que “las puertas de la Cáritas diocesana están abiertas para todos”.
Delito de usurpación
Mientras Laura mantiene que les ayudaron a entrar en la vivienda unos conocidos, porque llevaba cuatro años vacía, José Javier Romera, vicario general y moderador de la Curia de Getafe, indicó, durante el juicio, que “alguna noche lo ha usado puntualmente un sacerdote de Arroyomolinos (…). Visitaba el piso de vez en cuando, abonando los gastos del mismo”. La sentencia deja claro que “a las declaraciones de los acusados (…) no se les otorga credibilidad, no existiendo motivo alguno para no dar por ciertas las declaraciones prestadas por el denunciante…”.
Romera acudió al piso alertado por los vecinos, ya que se habían quejado del ruido. Al ir a abrir la puerta se percató de que la cerradura había sido cambiada y le abrieron desde dentro las dos mujeres, según detalla el auto judicial. Ambas han sido condenadas por un delito leve de usurpación de bienes inmuebles a pagar una multa de 270 euros cada una, más las costas. Por su parte, el Obispado ha rechazado pedir ninguna indemnización.
Laura y Aroa están siendo atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Móstoles. Por eso, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Eduardo Gutiérrez, se puso en contacto con la Diócesis para “pedir tiempo”, indica a esta revista. Sin embargo, “el ecónomo me dijo que las casas del Obispado son para los curas, que si quieren ocupar una vivienda, para eso están las del Ayuntamiento”.
Publicado en el número 3.006 de Vida Nueva. Ver sumario
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