MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | “En estos momentos de dolor, impotencia y tragedia provocada por la violencia, elevamos nuestra plegaria al cielo por el eterno descanso de estos hermanos nuestros, e imploramos al Señor la conversión de sus agresores; de la autoridad esperamos el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia contra los responsables”. Este es el lamento de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) tras el asesinato de dos sacerdotes, Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz, en Poza Rica (Estado de Veracruz), el 19 de septiembre.
Pese a que en las horas siguientes ya se detuvo a un sospechoso del crimen, aún se desconoce el posible móvil del mismo. Sí se sabe, por los datos ofrecidos por la fiscalía estatal, que un grupo de unas cinco personas entró esa mañana en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, donde estaban los dos presbíteros, y se los acabó llevando secuestrados junto a un laico de la parroquia. Este acabaría apareciendo al poco rato con vida; no así los dos curas, cuyos cadáveres fueron encontrados dos horas después en una cuneta del propio municipio, aunque a varios kilómetros de donde habían sido raptados. Ambos permanecían con las manos atadas a la espalda, lo que evidencia que fueron tiroteados premeditadamente.
Al cierre de esta edición, The Associated Press reproducía unas declaraciones del procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo, que, según lo recabado por los investigadores, afirma que los sacerdotes “conocían a los agresores” y, de hecho, habían estado reunidos con ellos un rato antes. Según esta versión, llegó un momento en que, posiblemente a causa de la bebida que compartían, “se descompuso la reunión y se tornó en violencia”.
El contexto de horror que azota Poza Rica lleva al municipio al 13º lugar en la lista negra de más muertes violentas registradas en el país. En todo México, desde 2006, han sido asesinados 28 sacerdotes.
Publicado en el número 3.004 de Vida Nueva. Ver sumario
