El texto introduce en el plan de estudios “la diversidad sexual” y “los distintos modelos de familia”
Madrid dice que respetará la autonomía de los colegios ante la ley de homosexualidad
RUBÉN CRUZ | El pasado 11 de agosto entró en vigor la Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. El texto recoge en el Capítulo XI las Medidas en el ámbito educativo, unas normas que no han gustado a los representantes de la escuela concertada, ya que chocan con el ideario de los centros. Y es que en su artículo 32 recoge la inclusión de la realidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) en los planes de estudio.
Sin embargo, la Consejería de Políticas Sociales y Familia ha explicado a esta revista que se pondrán en marcha las medidas contempladas en la ley y asegurará su cumplimiento “en lo relativo a las garantías de respeto, convivencia, formación e información de los alumnos”. Asimismo, añaden: “Este mismo espíritu de respeto a la diversidad, en el marco de los valores constitucionales, conlleva la necesidad de velar por la no imposición de modelos de comportamiento o adoctrinamiento y, por supuesto, todas las iniciativas deberán conciliarse con el principio de autonomía de los centros, reconocida en la legislación e impulsada por las instituciones internacionales, una autonomía que se extiende tanto a los terrenos de gestión y organización, como al pedagógico, que se plasma en el proyecto educativo”.
Como reza el texto, “toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna causada por su orientación sexual e identidad o expresión de género”. José Antonio Poveda, secretario regional de Escuelas Católicas, indica a Vida Nueva que en este punto es imposible no estar de acuerdo, ya que “son cuestiones relacionadas con la prevención de la discriminación y el acoso, que forma parte del respeto a la dignidad de las personas que el Papa nos recuerda en Amoris laetitia”.
No obstante, “la imposición en el currículo de una ideología determinada vulnera el derecho a la libertad ideológica y religiosa de los padres y a la de los centros a tener su ideario particular”. Por este motivo, el ente espera mantener una reunión con la Consejería de Educación porque “estamos preocupados, ya que la ley, tal y como está redactada, no está respetando el derecho a tener nuestro propio ideario”.
Desde Escuelas Católicas tienen claro que, pese a lo que diga el currículo, “seguiremos desarrollando nuestro proyecto educativo de acuerdo a nuestro ideario sin hacer nada que vaya en contra del mismo”. Aunque el texto elaborado por la Comunidad es taxativo (“serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos”), Poveda celebra que el Gobierno de Cristina Cifuentes respete la autonomía pedagógica de los centros, como ha indicado en declaraciones a este medio, porque “si eso es verdad, va en la línea del respeto que pedimos para poder desarrollar nuestro proyecto educativo conforme a nuestro ideario”.
Por su parte, Mariano Calabuig, presidente del Foro de la Familia, es crítico con la ley, puesto que “se están metiendo en el derecho a decidir de los padres sobre una parte de la educación tan importante como es la afectivo-sexual. Lógicamente, los padres pueden pedir ayuda, porque no nacemos aprendidos, pero esto una intromisión en un área muy concreta de la educación. Los padres no se meten en el contenido de asignaturas como filosofía o matemáticas, pero sí en temas como este”.
Al mismo tiempo, considera que es una ley “precipitada” en la que no se ha contado con los padres”, pero “la Consejería de Educación tiene mucho que decir aún, por lo que tenemos previsto hablar con ellos, ya que todavía estamos a tiempo de paliar la parte negativa de la ley”. Además, Calabuig explica a Vida Nueva que van a solicitar que sea obligatorio el consentimiento de los padres para que sus hijos asistan a clases de educación afectivo-sexual. Y es que él tiene claro que los políticos se equivocan con esta ley “innecesaria”, ya que “el odio y la discriminación por orientación sexual está recogido como delito en el Código Penal. Y este colectivo está aceptado en nuestra sociedad desde hace muchos años”.
Obispos críticos
Por otro lado, como pasara en marzo con la aprobación de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, los obispos de Getafe, Joaquín María López de Andújar y José Rico Pavés, y el de Alcalá, Juan Antonio Reig Plá, han escrito una pastoral contra la nueva legislación.
Los prelados consideran “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia; un ataque y censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones. Del mismo modo, es un atropello a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza; un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales en la búsqueda de la verdad, y a la libertad de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda, incluso religiosa, en aquello que crean necesitar. Consideramos, por ello, que se trata, en su esencia, de una ley arbitraria que no contempla ni siquiera la objeción de conciencia”.
Los tres obispos piensan que para acabar con la ideología de género “necesitamos orar con las palabras del mismo Cristo, pidiendo al Padre: líbranos del mal”. Al tiempo, indican que “la sanación de las heridas provocadas por estas medidas legislativas no se logra con la confrontación, que deriva en descalificaciones y amenazas de demandas judiciales. Porque queremos integrar, dialogar y construir, pedimos la colaboración de todas las personas de buena voluntad con verdaderos criterios de comunión, y especialmente a nuestros fieles les pedimos su oración y su participación activa”.
Sin embargo, Cifuentes, aunque respeta el derecho a que expresen su opinión, no considera que el propósito de los obispos sea construir, ya que sus declaraciones “no ayudan”. No obstante, está convencida de que la opinión de “tres obispos muy concretos” “no es la posición de toda la Iglesia católica”.
Por su parte, el Observatorio Español contra la LGBTfobia ha puesto la carta en conocimiento de la Fiscalía especializada en delitos de odio y estudia una querella penal. El presidente del Observatorio, Paco Ramírez, dijo que el discurso de los obispos “vuelve a destilar odio y humillación”.
El arzobispo Osoro crea un grupo para estudiar la norma
El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Osoro, cuenta con un grupo de expertos en Derecho que está estudiando los aspectos relacionados con la conocida como Ley contra la LGTBfobia, para saber si debe pronunciarse sobre la misma, como explicó en una entrevista a Europa Press. Osoro, que no firma la carta pastoral del resto de obispos de su Provincia Eclesiástica, como ya sucedió en marzo, volvió a recordar que él ya ha dicho la doctrina que predica sobre esta materia, la fijada en la exhortación apostólica Amoris laetitia. Asimismo, indicó que si se tiene que “repetir alguna cosa” respecto al impacto de normativas legislativas en derechos o creencias, lo dirán todos los obispos de España juntos.
Publicado en el nº 3.002 de Vida Nueva. Ver sumario
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