Entidades eclesiales alertan de que los centros no cumplen su función
Manifestación en abril para evitar la reapertura del CIE de Barcelona
RUBÉN CRUZ | Solidaridad en lugar de vallas. Este es el reclamo de los obispos desde hace años ante los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Hoy, la Iglesia vuelve a alzar la voz tras la reapertura, ocho meses después, del centro de Zona Franca, en Barcelona. La proclama está clara: “Hay que cerrar los CIE”. El pasado 14 de julio entraba el primer interno a este centro barcelonés, uno de los ocho que continúan operativos en nuestro país junto a los de Tenerife, Las Palmas, Murcia, Tarifa, Madrid, Valencia y Algeciras. La polémica está servida después de la reapertura por parte del Ministerio del Interior, quien tiene competencias sobre el centro, pese a la negativa del Ayuntamiento de Barcelona.
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Josep María Jubany, delegado de Pastoral Social del Arzobispado de Barcelona, acude cada semana al CIE de Zona Franca como asistente espiritual. “Al enterarme de la reapertura, me acerqué el lunes [18 de julio]”, comenta a Vida Nueva. “La reapertura ha provocado una fuerte oposición en la sociedad catalana. Y mi opinión sobre estos lugares no puede ser más negativa, porque ser un ‘sin papeles’ no es un delito. Por eso, retener a estas personas atenta contra los Derechos Humanos”, indica el sacerdote.
José Luis Pinilla, director de la Comisión Episcopal de Migraciones, recuerda, en conversación con esta revista, que ya en 2012 los obispos señalaron que los CIE tienen un carácter de “excepcionalidad jurídica” y han venido pidiendo que, “mientras existan”, se procurara siempre la defensa legal integral para los internos. “Los obispos siempre piden que se busquen alternativas más dignas a estos centros y que no se penalice la asistencia humanitaria a los inmigrantes”, remarca el jesuita.
Santiago Yerga, abogado responsable de la atención de Pueblos Unidos en el centro madrileño, contesta tajante: “No hay que reorientarlos, hay que cerrarlos”, porque “no cumplen con su finalidad, que es retener a las personas para su repatriación”. Estas personas “sufren una condena gratuita sin haber cometido delito alguno”.
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