EDITORIAL VIDA NUEVA | Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) nacieron para tener controlados de manera cautelar y preventiva a los inmigrantes sometidos a un expediente de expulsión, ya sea por no tener papeles o por haber cometido algún delito. Pese a no tener carácter penitenciario, las condiciones de los inmigrantes delatan un trato alejado de toda dignidad. No cuentan con enfermerías, asistentes sociales o intérpretes, y tampoco permiten el acceso a las ONG para asesorar a los sin papeles.
La reapertura del CIE de la Zona Franca de Barcelona ha reavivado la polémica sobre estos centros. Nadie discute que el Estado deba aplicar una política migratoria con orden y concierto. Pero esto no justifica bajo ningún concepto anular los derechos de aquellos que llegan a nuestro país en situación de vulnerabilidad.
La Iglesia no solo pide el cierre de los CIE. Fue la primera institución que denunció la falta de garantías para los retenidos, que reclamó su existencia solo de forma excepcional, que propuso alternativas y exigió que no se penalizara la asistencia humanitaria a los inmigrantes. A la vista está que estas peticiones no han sido escuchadas.
En el nº 2.998 de Vida Nueva. Del 23 al 29 de julio de 2016
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