Paraguay: cuando la Iglesia toma la delantera en la lucha contra los abusos

El arzobispo de Asunción pide investigar a un sacerdote acusado

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Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción

NICOLÁS MIRABET (BUENOS AIRES) | Todo comenzó el 22 de abril, cuando el periódico paraguayo La Nación publicó un informe sobre Carlos Richard Ibáñez Morino, un sacerdote argentino acusado de haber abusado de al menos diez niños. El diario comprobó su actividad sacerdotal en Paraguay e informó de que Ibáñez “estuvo en el área reservada a los sacerdotes en el altar erigido en Ñu Guasú, en julio de 2015, para la misa del papa Francisco en Paraguay”.

Días después, los periodistas encargados de la investigación anunciaron que la dirección del diario –propiedad de Sarah Cartes, hermana del presidente paraguayo, Horacio Cartes– tomó la decisión de suspender, a petición de la Iglesia, la publicación del resto de los artículos que involucraban a otros sacerdotes argentinos radicados en Paraguay.

Enterado del primer informe, el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, difundió un escrito en el que aclaraba que Ibáñez “ha llegado a nuestro país tras ser suspendido a divinis por su entonces obispo (…). Traicionando la buena fe de sacerdotes y religiosos, y valiéndose de un documento de identidad eclesiástica de falso contenido, ha realizado actos de potestad de orden y jurisdicción…”.

Por su parte, la Nunciatura Apostólica en Paraguay emitió un comunicado en el que rechazaba “categóricamente” la acusación de censura. Y aseguraba haber pedido “rectificar la afirmación de La Nación de que hace un año disponía del dossier del sacerdote Ibáñez”, cuando en realidad estos documentos fueron presentados por la Nunciatura a la prensa “solo poco antes de la Navidad”.

Creada una comisión

Frente a este escándalo, el 13 de mayo Valenzuela firmó un decreto para “conformar una comisión que ayude a analizar y esclarecer la responsabilidad en hechos denunciados por el caso del presbítero Carlos Ibáñez en esta Provincia Eclesiástica”. Esta comisión tiene “un plazo de 30 días” para elevar “toda la información y documentación recabada” al arzobispo. Luego, este podrá “convocar a otras instancias”, a fin de tomar “las medidas que sean pertinentes”. Así, Valenzuela sienta un precedente, mandando a investigar a un sacerdote acusado de abuso.

En el nº 2.991 de Vida Nueva


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