España pacta con Marruecos frenar a los refugiados

Entidades jesuitas denuncian la vulneración de derechos en Nador y en Melilla

En los bosques de la zona hay unos 2.000 subsaharianos

MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Nador, el enclave marroquí desde el que migrantes y refugiados subsaharianos y sirios tratan de llegar a Melilla, es un infierno. Viven en bosques, en las ciudades mendigan o sufren explotación laboral, están amenazados por un constante acoso policial que barre y quema sus campamentos, reciben palizas (algunas han terminado en asesinatos), padecen violaciones y prostitución forzada, las familias son separadas, hay niños que vagan solos… Un abismo controlado por las mafias, por las que pasa todo intento de llegar al otro lado de la frontera. Y por la policía marroquí, cuyo cometido es evitar que pisen suelo español. Para ello, han creado su propia valla con concertinas y un foso hasta la española de cinco metros.

Pero, ¿nuestro país es ajeno a todo esto? Según el informe Sin protección en la frontera. Derechos humanos en la Frontera Sur: entre Nador y Melilla, elaborado en base a cientos de entrevistas en la zona por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y el Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, aquí nuestro compromiso con los derechos humanos es nulo.

Como denuncian las dos instituciones jesuitas, en esa región marroquí hay entre 1.500 y 2.000 subsaharianos hacinados en bosques. Hasta febrero de 2015, cuando llegó la policía marroquí, la mayoría vivían en el Monte Gurugú: “Todas las personas fueron detenidas y llevadas a centros, sin ningún procedimiento ni garantía, para ser posteriormente dispersadas y abandonadas”. Lo relata Abubácar, un joven de 23 años de Mauritania: “La policía detuvo a todo el mundo y quemó todo. Yo no estaba. Cuando regresé, vi que no había nadie. Un amigo murió por el ataque policial”.

En el caso de los sirios en Nador, unos 1.000 en diciembre, cuando se concluyó la investigación, aunque la mayoría pasan los días de espera (una media de 40) en hospedajes de bajo coste, tampoco lo tienen fácil. Por conseguir documentación falsa, marroquí o española, el informe descubre que “pagan 1.000 euros por adulto y entre 400 y 700 por niño. Los adultos suelen cruzar a pie [las mafias separan a los hijos para otro intento, con el peligro que ello conlleva]. Al llegar al control español, enseñan su verdadera documentación y formalizan una petición de protección”. Una opción a la que, a día de hoy, están vedados los subsaharianos, “ya que no pueden adquirir documentación falsa por el color de su piel”.

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