La escuela concertada se moviliza en Valencia contra los recortes

El cierre de unidades y el impago desde hace seis meses saca a profesores y familias a la calle

Profesores de la concertada entregan firmas al presidente Ximo Puig

La escuela concertada se moviliza en Valencia contra los recortes [extracto]

JOSÉ RAMÓN NAVARRO (VALENCIA) | La educación concertada católica de la Comunidad Valenciana está inmersa en la mayor movilización de su historia reciente frente al “ataque” que sufre por parte de la administración autonómica. Recogida de firmas, movilizaciones ciudadanas, entrega de cartas a los políticos y un gran acto público que unirá el 22 de mayo a toda la escuela concertada en Valencia para hacer frente al cierre de más de treinta unidades, el impago desde hace seis meses de la partida de otros gastos, la eliminación del distrito único de escolarización y la apertura de más de cuatrocientas nuevas aulas en la enseñanza pública, en un momento en que la baja natalidad no lo justifica. Una situación que, de acuerdo con el programa electoral de Compromís –la formación política a la que pertenece el consejero de Educación, Vicent Marzá–, podría agravarse el próximo año con la pérdida de conciertos en Bachillerato y Secundaria.

Aunque las relaciones entre la escuela concertada y la Consejería de Educación han sido tensas desde la llegada de Marzá, la publicación en las últimas semanas del “arreglo escolar” ha llevado la situación a un estado límite. El nuevo mapa escolar prevé la creación de 442 unidades, 409 de ellas en la escuela pública y 33 en la concertada, pero también la eliminación de 36 aulas en esta última. Un balance que evidencia la contradicción del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al sostener que “no hay ningún ataque” a la concertada. La reducción de unidades no se ha hecho de acuerdo a la ratio tradicional, sino con una media de la zona, por lo que se eliminan clases incluso con 18 o 20 alumnos inscritos.

Abocados al cierre

Una situación más sangrante aún si se tiene en cuenta que la mayor reducción de unidades es en la etapa de Educación Infantil. “Cercenar Infantil es como secar las raíces a una planta; si desaparece Infantil, el colegio muere”, afirma Vicenta Rodríguez, presidenta de Escuelas Católicas en la Comunidad Valenciana. Así, centros como el Claret-Fuensanta solo tendrán una unidad de Infantil para el próximo curso, en vez de las tres habituales. En una reunión, el consejero “nos llegó a decir que no cogiéramos alumnos de tres años”, afirma el director Antonio Cebrián, “pero es evidente que no podemos hacer eso, porque supondría el cierre del colegio en unos pocos años”.

Una desaparición que acabaría con la labor social que ha desarrollado durante seis décadas. “Este es un barrio marginal, con mucha gente de etnia gitana y emigrantes”, explica Cebrián. “Se nos acusa a la concertada de ser un negocio, pero somos el ejemplo de un centro de integración, que, además de educando, está socializando”, añade. Una situación similar vive el colegio vecino Jesús y María, que acoge a un 44% de niños emigrantes, de 23 nacionalidades, y a un 24% de gitanos, y que perderá dos unidades de Primaria. “Es una escuela totalmente inclusiva”, describe su directora, Matilde Desantes.

Desde que se hicieron públicas estas medidas, se han sucedido las movilizaciones para tratar de frenar la reducción de unidades y concienciar a la población de la labor de los centros concertados. Alcoy, Benicarló y Alicante han acogido concentraciones de padres y profesores. La última congregó a más de 10.000 personas. Además, se han realizado recogidas de firmas y 30 directores esperaron en la puerta del Palau de la Generalitat al presidente Puig para entregarle una carta en donde alertan que los recortes responden “a motivos políticos”. “Nos comunicamos por la prensa”, denuncia la presidenta de Escuelas Católicas, ante la impotencia de no ser recibidos por la Administración.

Como colofón a las movilizaciones, Escuelas Católicas ha convocado una concentración para el próximo día 22 en Valencia, a la que acudirán profesores y padres de los más de 400 colegios concertados, y que cuenta con el respaldo de los sindicatos FSIE y USO. “Esperamos llenar la plaza de la Virgen en una concentración pacífica en defensa de la libertad de educación, y recalcamos que no estamos en contra de la educación pública, porque somos complementarios”, apunta Vicenta Rodríguez, quien lamenta “que la demanda social de la población no cuente para el consejero. Para ellos, lo mejor es potenciar una escuela laica y única”.

El golpe de la reducción de unidades había estado precedido por otros desencuentros, como el impago de los gastos de funcionamiento, la prohibición de cobrar a las familias por el material y servicios escolares y el cambio en los criterios de escolarización. En este sentido, bajo la consideración de “se acabó la barra libre”, Marzá suprimió el distrito único que permitía a las familias matricular a sus hijos en cualquier centro de su población y eliminó los puntos que otorgaban los colegios de libre designación a los antiguos alumnos, y que hasta este año permitían dirimir los empates. Aunque afirmó que de esa forma “van a ser los padres quienes elijan el colegio y no el colegio quien elija a los padres”, el nuevo sistema reduce las posibilidades de escolarización en los colegios cercanos al domicilio y deja el criterio de la renta como el único que puede marcar la diferencia entre las distintas familias.

Unas medidas que tienen coherencia con los planteamientos electorales de Compromís, que afirma en su programa que “la escuela pública es y tiene que ser el elemento nuclear de la sociedad”. Además, en los 43 puntos dedicados a Educación solo cita en dos a la concertada, y para proclamar que estos centros son “subsidiarios de la educación pública, de forma que no se harán nuevos conciertos cuando existan unidades públicas con capacidad de matrícula”. Además, el programa marca la posible hoja de ruta al anunciar “la supresión progresiva de la concertación de las unidades no obligatorias de la educación, es decir, el Bachillerato y la Formación Profesional”. Precisamente, el próximo curso se debe acometer la renovación de conciertos en estos niveles educativos, por lo que Escuelas Católicas teme “una nueva oleada de ataques” a partir de enero, que recrudezca este “otoño gris” –como ha calificado este momento Vicenta Rodríguez– que está viviendo la educación concertada.

La reducción de unidades también se da a nivel nacional

Aunque la situación que está viviendo la Comunidad Valenciana no tiene parangón a nivel nacional, la escuela concertada también está teniendo problemas de reducción de unidades en otras comunidades autónomas, causados, en su mayoría, por la baja natalidad y la reducción de las ratios. Así, según ha comentado a Vida Nueva el secretario general de Escuelas Católicas, José Maria Alvira, en Asturias se pueden perder diez unidades. “Aunque es cierto que las ratios son bajas, siempre recordamos la obligación de la Administración de publicar la ratio media de la pública, pero como no sabemos esos datos, estamos indefensos”, explica.

Similares problemas se dan en Andalucía, donde permanecen abiertos contenciosos por la reducción de unidades por una supuesta disminución demográfica que se ha demostrado que no es cierta. También en Galicia existe el riesgo de pérdida de unidades en las zonas rurales, donde la escasa presencia de niños hace inviable el futuro de algunos centros. Precisamente, esta situación está favoreciendo la solidaridad entre los colegios católicos. “En Valencia, los centros que no se han visto afectados se han movilizado también, porque son conscientes de que puede ocurrirles a ellos”, afirma Vicenta Rodríguez. Por su parte, Alvira también señala que en algunas poblaciones “están surgiendo iniciativas para unir varios centros y hacerlos más viables”.

En el nº 2.989 de Vida Nueva