México ‘nacionaliza’ la Basílica de Guadalupe

La Iglesia no impugnó la expropiación porque así lo contempla el régimen legal

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FELIPE MONROY (CIUDAD DE MÉXICO) | A pesar de la alarma que suscitó entre algunos fieles católicos la ‘expropiación’ del Santuario de Guadalupe en el Tepeyac (México), autoridades civiles y eclesiásticas insisten en que simplemente es una “formalización a la declaratoria administrativa de la nacionalización del inmueble denominado Templo Nueva Basílica de Guadalupe, Atrio y Anexos ubicado en Plaza de las Américas”.

La declaratoria fue publicada ya en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2015, dando un plazo de 15 días a las autoridades de la Arquidiócesis de México para impugnar el resolutivo. La Iglesia liderada por el cardenal Norberto Rivera Carrera no hizo comentario al proceso, y, por ende, en breve será publicado el decreto de nacionalización.

Para algunos sectores de la Iglesia católica en México, la expropiación o nacionalización de la Basílica de Guadalupe supone un riesgo para el patrimonio histórico y simbólico de la catolicidad mexicana, sin mencionar que la considerada sagrada tilma del indio san Juan Diego Cuauhtlatoatzin podría ser dañada o sustraída. La inquietud tiene sustento histórico, ya que –entre 1926 y 1931– el Gobierno mexicano intentó amedrentar a la feligresía y a los ministros católicos mediante amenazas y atentados también contra la Virgen de Guadalupe.

Opiniones diversas

Algunos líderes y analistas católicos –como Cecilia Valderrama, de la televisión Mundo Católico– piensan que la nacionalización abre la posibilidad de que el Gobierno intervenga directamente en la vida religiosa del Santuario.

Sin embargo, para otros analistas –como Guillermo Gazanini y Jaime Septién, ambos colaboradores de Vida Nueva México–, el proceso de nacionalización simplemente es una actualización del régimen legal vigente que declara como propiedad de la nación a todos los recintos religiosos edificados antes de 1992, año de aparición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que dio personalidad jurídica a las Iglesias en el país y que reanudó las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede.

En el nº 2.986 de Vida Nueva

 

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