Por enésima vez

FRANCISCO VÁZQUEZ Y VÁZQUEZ | Embajador de España

Al igual que en la gran mayoría de los países europeos en próximas fechas, a través del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, los españoles decidirán, siempre voluntariamente, si aportan o no una cantidad de sus impuestos para el sostenimiento de la Iglesia católica.

Como todos los años de manera solapada, en diversos medios de comunicación hostiles al hecho religioso y, sobre todo, muy sectariamente enemigos declarados de la Iglesia católica, ya se ha iniciado una campaña de infundios, tergiversaciones y ataques abiertos contra ella, tendente a crear una mala imagen que influya negativamente a la hora de decantarse por la contribución confesional.

Concurre además un escenario político e institucional no precisamente favorable a los católicos, que ven como se niegan y retiran subvenciones a sus actividades públicas, se descristianizan las fiestas y ceremonias y se hostigan sus propiedades y derechos adquiridos. Por si la preocupante realidad del presente no fuera suficiente, se anuncian programas de gobierno que fijan como prioridades la supresión de la asignatura de Religión, la anulación de los conciertos educativos, una nueva ley de ¿libertad? religiosa que reduzca el hecho religioso al ámbito privado y la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede para derogar el marco jurídico de la Iglesia, dejándola al albur de la normativa legislativa imperante en cada momento.

Corresponde a los católicos contrarrestar estas campañas, tan bien planificadas que terminan calando en la opinión pública por la sencilla razón de que nadie argumenta en su contra, desmontando la falacia de que en nuestro país la Iglesia católica goza de un trato privilegiado. Sirva como el mejor de los ejemplos el manido asunto de que es el Estado el que financia a la Iglesia, y lo hace precisamente a través de los impuestos que pagamos todos.

Rotundamente falso. Los españoles que así lo deseen voluntariamente, sean o no católicos, al rellenar el impreso de su declaración de la renta, deciden si quieren que el 0,7% del importe de sus obligaciones tributarias se destine al mantenimiento de la Iglesia. Si no quieren, dejan la correspondiente casilla en blanco y ni un céntimo de sus impuestos se destina a este fin.

Nada distribuye el Estado que no sea fruto de la decisión voluntaria de los ciudadanos. Es un simple intermediario, sin otra obligación que la de actuar como mero recaudador. Si ningún contribuyente quisiese aportar cantidad alguna, nada recibiría la Iglesia del Estado, ya que presupuestariamente en nada se financia, ni a la Iglesia ni a ninguna otra confesión religiosa, que solo se nutren de las cantidades resultantes de la aportación voluntaria que los españoles les destinan en sus declaraciones del IRPF, cantidades que el Estado tan solo recauda para posteriormente retornar a la Iglesia, cumpliendo así la voluntad expresa de los ciudadanos.

Sistema que es el mismo que se aplica en países como Alemania, Italia, Dinamarca o Suecia. Incluso hay países como Noruega, Grecia o Luxemburgo, donde es el Estado el que financia directamente a las confesiones, circunstancia que aquí se reserva para los partidos políticos, las centrales sindicales o las patronales, posiblemente porque se considere que cumplen un servicio público y social muy superior al de la Iglesia o porque se entiende que andan escasos de recursos.

Parece mentira que por estas fechas, todos los años tengamos que leer, ver y escuchar las mismas memeces que tan burdamente solo buscan desprestigiar a la Iglesia para así intentar mermar sus ingresos y, estadísticamente, reducir el número de católicos. ¡Vano intento!

En el nº 2.983 de Vida Nueva