Denuncia Europol que, en el último año, se ha perdido el rastro de 10.000 niños refugiados que han llegado hasta la Unión Europea. Un fenómeno frente al que se reclama la acción inmediata de los estados para que pongan en marcha todos los dispositivos para prevenir futuros casos y encontrar a los menores desaparecidos. Pero, ¿y en España? ¿Algunos de estos casos se han dado en nuestro país con menores refugiados y migrantes en general? Al no detallar Europol casos concretos por nacionalidades, resulta esencial acudir a las denuncias de las instituciones centradas en la lucha contra la trata y la atención a quienes cruzan nuestras fronteras huyendo de la guerra, la persecución o la miseria. No es fácil recabar información concreta, pero lo poco que se va conociendo estremece.
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En conversación con Vida Nueva, Rosa Flores, directora del Centro de Migraciones de Cruz Roja en Puente Genil (Córdoba), ofrece un dato: “Durante 2015 se han documentado 654 casos en los que los equipos de Cruz Roja Española han detectado indicadores de trata de seres humanos. De ellos, 141 correspondían a niñas y niños, de los cuales 113 están en paradero y situación desconocida. Desgraciadamente, estos números no suponen más que la punta del iceberg”.
Otros indicadores muestran que, durante el primer semestre de 2015, desaparecieron de centros de acogida en toda España un mínimo de 35 madres con 39 niños, 13 embarazadas y una adulta con discapacidad intelectual aparentemente también en estado de gestación.
La Fundación Amaranta (una de las muchas iniciativas de las religiosas adoratrices destinadas a combatir la trata y al acompañamiento de víctimas de la prostitución y sus hijos) tiene constancia de 60 menores robados en todo 2015 en el país. De sus propios centros desaparecieron tres bebés y dos madres. Si nos alejamos un poco, la perspectiva es dantesca: el Defensor del Pueblo estima que desde 2013 han desaparecido entre 130 y 180 mujeres y pequeños en esta situación.
El caso de las ocho mujeres de Puente Genil
Un ejemplo de la indefensión de los menores que llegan a España como refugiados o migrantes en general lo recoge detalladamente una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitida el 22 de mayo de 2014. Aunque se trata de una simple declaración de que las competencias para hacerse cargo de un caso corresponden al Juzgado de L’Hospitalet de Llobregat, son muy significativos los hechos que se relatan: el 10 de septiembre de 2013, ocho mujeres subsaharianas –siete con menores de muy corta edad a su cargo y otra embarazada– llegaron en patera y posteriormente fueron acogidas en Puente Genil, siendo atendidas durante 10 días en el Centro de Migraciones de Cruz Roja.
Allí se pudo comprobar, recoge la sentencia, que “dos de las chicas hacían de ‘madam’ o controladoras de las otras, teniendo teléfonos móviles y detectándose un cierto grado de sumisión por parte de las demás”. A las siete que venían con bebés a su cargo se les hizo la prueba del ADN. Los resultados no llegaron hasta el 30 de enero de 2014, comprobándose que en ninguno de los casos ellas eran realmente las madres… Pero ya era tarde, porque, desde el 20 de septiembre anterior, todas ellas ya habían abandonado repentinamente el centro, dejando allí ropa y objetos personales.
Tras interceptar la policía los teléfonos de las dos controladoras, se pudo saber que las chicas habían sido llevadas a Barcelona y, desde allí, a través de una red de trata, habían sido repartidas entre Hospitalet, Sevilla, Almería, Italia o Francia. En todos esos lugares, se constata, “tienen a las mujeres extranjeras sometidas y obligadas a ejercer la prostitución a efectos de pagar la deuda supuestamente contraída”. Del destino de todos los menores, así como su origen o la identidad de sus auténticos familiares, no se dice nada.
Invisibilidad y trata
María José Castaño, investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre las Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas y coautora de un amplio informe sobre el fenómeno de la trata presentado recientemente, constata a Vida Nueva que estamos ante un “problema muy complejo”, debido a la invisibilidad: “En buena parte de los casos, estos niños, muy pequeños, llegan a la Península normalmente acompañados de sus madres (o no) y son trasladados a centros de acogida junto a ellas. Afortunadamente, durante los últimos años, ya no pueden suceder cosas como las que se detallan en la sentencia de Puente Genil porque ahora, según llegan, se les hace una prueba de ADN para constatar que son sus madres. Pero la situación de riesgo continúa para los pequeños. Sus madres biológicas presentan claros indicios de ser víctimas de la trata, aunque no se reconocen como tal”.
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