El Gobierno y las FARC ultiman la paz en Colombia

Acuerdan que los tribunales que juzguen los crímenes ligados al conflicto serán nuevos e independientes

Homenaje a un soldado asesinado por las FARC

MIGUEL ESTUPIÑÁN (BOGOTÁ) | El martes 15 de diciembre, en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto armado en Colombia, el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC dieron a conocer los 75 puntos del acuerdo logrado en materia de justicia transicional sobre el quinto punto de la agenda: “Víctimas”.

Se trata de un documento de 63 páginas en el cual se exponen las características de un nuevo sistema de Justicia que involucraría, entre otras cosas, la creación de una jurisdicción especial en función de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes en más de 50 años de conflicto. Un tribunal sería erigido para dicho fin, pero la elección de sus magistrados no estaría en manos de ninguna de las dos partes. Según informó Santos recientemente, instituciones como Naciones Unidas y personalidades como el papa Francisco podrían ser invitadas a participar en el proceso de nombramiento de los integrantes del organismo.

En el país hay opiniones divididas entre quienes desconfían de lo pactado, pues lo conciben como una forma camuflada de impunidad, y quienes consideran que el acuerdo cumple con los estándares internacionales y es un logro histórico. Si se consiguen consensos definitivos en la totalidad de los puntos de la agenda, será la ciudadanía quien, tras ser consultada, decidirá si está de acuerdo o no con el resultado.

Entre los temas más controvertidos en relación al último acuerdo se halla la aplicación del mecanismo de amnistía para crímenes conexos con la rebelión. No habría una amnistía general y sin condiciones. Sin embargo, debido a que el texto plantea que podrían ser consideradas conexas actividades de financiación del grupo rebelde, se teme que delitos como el narcotráfico sean abarcados dentro del mecanismo.

El documento plantea, por otra parte, que las sanciones serán restaurativas, con acciones como limpiar de minas ciertos puntos, ayudar a encontrar cuerpos, reparar instalaciones dañadas, reforestar, etc. Mientras cumplen sanciones de estas características, guerrilleros, militares o terceros implicados tendrían restricción de libertad de movimiento y residencia en condiciones distintas a la cárcel. Ahora bien, habría prisión para quien no aporte ni verdad exhaustiva ni reparación. El tema ha desatado gran debate, pues muchos esperan la aplicación de una justicia penal, desconociendo las implicaciones del carácter transicional de este sistema.

Otro de los puntos en cuestión sigue siendo la participación política de los guerrilleros, por cuanto se desconoce cómo funcionará en la práctica. Hay, pues, puntos grises sin precisar. El acuerdo plantea, por ejemplo, que las FARC repararán materialmente. Sin embargo, se desconocen las maneras concretas de adelantar el proceso y si los recursos provendrían de dineros mal habidos.

Desde el derecho internacional

En un mensaje grabado difundido en la web de la Conferencia Episcopal de Colombia, su presidente, Luis Augusto Castro, considera que el acuerdo sobre víctimas es la antesala de un pacto definitivo. Por eso señala que es importante tratar de entenderlo en sus elementos fundamentales. Según explica, muchas personas están esperando decisiones con sabor a justicia penal, mientras que lo que se aplicará será un enfoque transicional, que “se acomoda a las situaciones dificilísimas de un conflicto, para poder lograr otra vez conquistar la paz”. Contra la opinión de quienes afirman que el acuerdo conlleva impunidad, el prelado sostiene que se está tratando de seguir las recomendaciones del papa Francisco de que todo lo que se firme debe respetar el derecho internacional y nacional. “Esto debe ayudarnos a apoyar más los esfuerzos que se hacen en Colombia para superar la guerra y lograr la paz”, concluye.

En el nº 2.970 de Vida Nueva