La justicia, primer paso hacia la paz en Colombia

Tras el acuerdo entre Gobierno y FARC, el Episcopado apela a la responsabilidad para no “perpetuar la impunidad”

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Acuerdo entre Santos y Jiménez con Castro por testigo

MIGUEL ESTUPIÑÁN (BOGOTÁ) | El pasado 23 de septiembre se anunció la existencia de un acuerdo sobre justicia entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, en el marco de las negociaciones que se celebran en La Habana (Cuba) para poner fin al conflicto armado en el país. Aunque todavía no se conoce el documento que fundamenta la creación de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), algunos de sus principales aspectos se dieron a conocer a través de un comunicado durante el encuentro mantenido entre el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, comandante del Estado Mayor Central del grupo guerrillero.

Sí se sabe ya que la JEP es uno de los cuatro componentes de un sistema integral de justicia del cual también formarían parte una comisión de la verdad, un sistema de reparación de víctimas y las garantías de no repetición. Como ha explicado recientemente la revista Semana, “el eje de todo el sistema de justicia, así como de esta jurisdicción, es la verdad”. Habría amnistía para los delitos políticos y conexos, a través de una ley que sería presentada al Congreso de la República.

La Jurisdicción Especial para la Paz no involucraría solo a las FARC, sino a todos aquellos que hubiesen cometido delitos graves vinculados con el conflicto armado. Uno de sus principios básicos consistiría en que, a mayor verdad aportada por parte de los responsables de dichos delitos, habría una menor sanción. Se ha hablado, además, de que la jurisdicción contaría con varias salas y con un tribunal de cierre. La idea es que confluyan en la instancia las diversas investigaciones que pudiesen contribuir a esclarecer los hechos violentos que han marcado la historia de un conflicto armado que, durante tres décadas, ha dejado más de 220.000 muertos y millones de desplazados.

El comunicado finaliza recordando que uno de los objetivos del proceso de paz es que las FARC dejen de ser organización armada y se conviertan en organización política.

Hacia una restauración

El Episcopado colombiano recibió la noticia de este acuerdo entre las FARC y el Gobierno sobre justicia transicional con un sentimiento de responsabilidad. Porque, según el director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Héctor Fabio Henao, “hay que asegurar que no se perpetúe la impunidad”.

En su opinión, no se han reconocido e identificado todas las atrocidades del conflicto, ya que en Colombia muchos procesos no llegan a culminar y muchas formas de sanción son complejas porque las cárceles no cumplen con la finalidad de que la gente vuelva a actuar como un ciudadano más; el país se ha acostumbrado a justificar el mal y a decir que las víctimas son responsables de su propia tragedia. “La sociedad no ha sido capaz tampoco ella misma ni de acoger adecuadamente a quienes sufren ni de sancionar socialmente de alguna manera a quienes han cometido atrocidades”, añadió el prelado.

Respecto a la búsqueda de la verdad sobre el origen y consecuencias del conflicto, Henao sostiene que importa mucho generar estrategias para que no solo se conozcan las versiones de los victimarios y de las víctimas. En favor de la justicia, también deben hallar canales de comunicación las versiones de cuantos han sido testigos de una extensa historia de violencia que aún debe ser esclarecida.

A ello se suma una preocupación más: el país no se ha preparado para una fase posterior a los posibles acuerdos definitivos con las FARC. Al desafío de proteger la vida de quienes pudiesen dejar las armas en un algún momento, se añade el de garantizar las condiciones para que todo ciudadano pueda expresarse en las regiones. El mantenimiento de la paz se basa en el fortalecimiento de la democracia. Una democracia que debe ser eficiente tanto a la hora de responder a los derechos de la ciudadanía como de restituir los derechos vulnerados a miles de personas.

Según Henao, a Colombia le espera como país una reflexión sobre hacia dónde quiere ir: “Cuando se piensa en la justicia, hay que pensar en para qué las penas; no solo qué tipo de penas, sino qué es lo que el Estado debe lograr a través de una acciones punitivas”. A su entender, la justicia no puede jamás desvincularse de la exigencia implícita en el sufrimiento de las víctimas. Hay un aspecto restaurativo al que se debe apuntar más allá del hecho punitivo.

En el nº 2.958 de Vida Nueva

 

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Actualizado
02/10/2015
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