El pago a cuenta del Estado por el IRPF se acercará más a lo recaudado el año anterior
El PP accede a modificar el mecanismo de financiación de la Iglesia [extracto]
RUBÉN CRUZ | Nueve millones de contribuyentes confiaron en la Iglesia católica en 2013. Es decir, una de cada tres declaraciones fueron a su favor, un 0,01% más que el año anterior. En total, la institución percibió 246,91 millones de euros de los españoles a través de la X de la Declaración de la Renta, pese al contexto de crisis, donde el número de contribuyentes e ingresos por familia van a la baja. Sin embargo, ese año, la Conferencia Episcopal Española (CEE) apenas recibió 159 millones de euros, a razón de 12 mensualidades de más de 13 millones de euros, como estipuló una orden ministerial de 1993. El resto del montante económico se liquida en los dos años posteriores.
La Iglesia lleva años solicitando a los distintos gobiernos que se ajuste este pago a cuenta en relación a lo recaudado en el año anterior, máxime en época de recesión económica, ya que con ese dinero puede llegar todavía a más gente su amplia labor social. Ahora, la súplica por fin ha sido oída por el Partido Popular (PP), aunque ha costado varios años.
El Ejecutivo ha ultimado en los últimos meses el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que recoge la asignación a la Iglesia, pese a no ser una partida destinada por parte del Gobierno, sino un adelanto de lo que los contribuyentes deciden aportar a través de la casilla de la Declaración de la Renta a favor de la institución eclesial. Aunque en un primer momento no se recogió esta histórica demanda de los obispos españoles, el grupo parlamentario popular en el Congreso introdujo una enmienda en este sentido.
¿Su justificación? “Se trata de establecer un mecanismo con carácter estable que regule los pagos a cuenta del sistema de asignación tributaria y su baremación en función de un porcentaje de la liquidación del último ejercicio cerrado”, reza la enmienda. En el mismo sentido, añaden: “En las negociaciones entre la Santa Sede y el Estado español se acordó que el pago a cuenta se iría acercando a lo que en realidad se obtiene por el sistema”.
La CEE celebra la noticia, puesto que se trata de adaptar el pago a cuenta al nuevo sistema de asignación tributaria que estableció el Gobierno socialista en 2007, cuando elevaron del 0,55 al 0,7% la contribución a la institución por parte de los españoles. “Es lógico que el pago a cuenta esté ligado a lo que se recauda el año anterior, porque ahora la diferencia es muy grande”, indica a Vida Nueva Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE. De hecho, en 2013, el montante que el Ejecutivo adeudó a la Iglesia era de casi 80 millones de euros.
De cualquier modo, los obispos esperaban que esta reforma técnica hubiera sido incluido por el Gobierno en los Presupuestos Generales en un primer momento y no a través de una enmiendaComo recoge el texto, “con vigencia desde el año 2016 y con carácter indefinido, la entrega a cuenta mensual ascenderá a la duodécima parte del setenta por ciento de la última liquidación definitiva practicada del sistema de asignación tributaria a inicio del ejercicio”. Es decir, que la Iglesia recibirá un 70% de lo recaudado el año anterior por el IRPF. Sin embargo, “no es el porcentaje que habíamos pedido, pero lo aceptamos”, dijo Giménez Barriocanal.
Y es que normalmente los pagos a cuenta son al 90%, como los que se realizan a las distintas comunidades autónomas, por lo que se trata de una anomalía que la CEE entiende para que los detractores de la Iglesia “no se echen encima del Gobierno”.
Una reestructuración “justa”
Por su parte, la enmienda también especifica que la liquidación, bien sea a favor de la Iglesia o del Estado, se seguirá realizando en dos veces, en los dos años posteriores: “Antes del 30 de noviembre de 2017, se efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2016, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2018. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por los dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente”.
Otra de las peticiones que históricamente la Iglesia ha reiterado a los diferentes gobiernos ha sido la de sacar esta partida de los PGE, puesto que no es un pago que haga el Gobierno motu proprio, sino los contribuyentes. Por tanto, los obispos consideran que esta asignación debería formar parte de la Memoria de la Agencia Tributaria. De esta manera, también se evitarían titulares mal intencionados que aluden a que el Gobierno aumenta la partida presupuestaria a la Iglesia, cuando realmente de las arcas públicas no sale el dinero que reciben los obispos.
“No se trata de un capricho, sino de hacerlo lo más justo posible para no confundir a la gente. Si disminuye la asignación de los contribuyentes, va a disminuir el pago, aunque hasta ahora no ha pasado, pero es lo más justo. Además, es necesario sacar este tema del debate político y, simplemente, adecuarlo al sistema vigente desde 2007”, apunta Barriocanal.
Es más, el único dinero que la Iglesia recibe del Estado son 90.000 euros en relación a su actividad en las prisiones. De hecho, es solamente la mitad de lo que se estableció por convenio con Instituciones Penitenciarias en 1993. Esta partida sirve para pagar 600 euros a los capellanes que realizan su labor pastoral a tiempo completo y 300 euros a los que lo hacen a media jornada.
Izquierda Unida regresa al pasado
Otros grupos políticos han aprovechado la coyuntura para cargar contra la Iglesia. Así, Izquierda Unida introdujo una enmienda para regresar a la cuota pasada del 0,5% y rebajar la actual del 0,7% del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten en la Declaración de la Renta su voluntad de financiar la Iglesia católica. El objetivo de la enmienda de esa formación es que “la Conferencia Episcopal participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis y hasta que se produzca la progresiva adaptación de la Iglesia católica a su autofinanciación”. Además, plantea disminuir hasta los 9,5 millones de euros la cantidad mensual que el Estado entregará a la Iglesia en 2016 –es decir 2,5 millones menos al mes–, al mismo tiempo que pone como fecha límite el 31 de diciembre de 2018 para que la institución se financie únicamente con las donaciones de los fieles. Estas representan actualmente el 74% de los ingresos de la Iglesia en España, mientras que el restante 26% proviene de la asignación tributaria, según recoge la Memoria de la Iglesia 2013, avalada por la consultora PwC. En este sentido, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, considera que cada parlamentario tiene derecho a expresar su opinión, pero “si se cambia el sistema, hay que hacerlo en base a unos protocolos, como bien saben los parlamentarios, ya que se trata de un acuerdo internacional entre España y la Santa Sede”.
En el nº 2.954 de Vida Nueva.
