Tras la muerte de un inmigrante en Salou, voces de Iglesia exigen que “no se les criminalice más allá de lo que marca la ley”
Los ‘mossos’ detienen a un manifestante en Salou
Manteros: supervivencia, pero sin derechos [extracto]
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Mor Sylla, senegalés de 50 años y quien había tenido varios trabajos hasta el golpe de la crisis, era un referente para los manteros de Salou (Tarragona), donde estaba perfectamente integrado desde que llegó década y media atrás. El martes 11 de agosto, su muerte en circunstancias aún no esclarecidas (cayó desde el balcón cuando la policía local se presentó en su casa en plena redada contra la venta ambulante), hizo que ese día y al siguiente varios cientos de compañeros del fallecido salieran a la calle enfurecidos para exigir una investigación ante lo que denunciaban que no había sido un accidente o un suicidio, teniendo varios choques con la misma policía y con algunos viandantes.
Dos días después, en la Puerta del Sol de Madrid, varios colectivos (como Asociación Sin Papeles, Red Interlavapiés, Migrapiés, SOS Racismo o Círculos del Silencio) convocaron una manifestación pacífica a la que asistieron cerca de 500 personas, entre las que había unos 300 manteros, muy implicados en los colectivos.
Bajo el lema Contra la criminalización de la pobreza, además del carácter reivindicativo, el dolor por el compañero muerto marcó la marcha, que se culminó cuando, bajo el único sonido de los tambores, todos pusieron en el suelo las mantas que llevaban sobre los hombros, formando un círculo en el que se colocó una foto de Sylla.
En la manifestación estaban las religiosas Pepa Torres (apostólica) y Maite Zabalza (dominica), que forman una comunidad intercongregacional con una compañera laica. Las tres residen en una casa en el madrileño barrio de Lavapiés, marcado por su mestizaje cultural, donde participan activamente en numerosas iniciativas sociales, como en Asociación Sin Papeles, formada en un 90% por manteros.
Por su experiencia en el día a día con este colectivo (son unos 500 miembros, reuniéndose en el barrio en asamblea todos los jueves, yendo semanalmente entre 80 y 100 personas), ambas denuncian que el miedo y el sentimiento de rechazo aumentan progresivamente entre los inmigrantes que, por cuestión de supervivencia, se dedican a la venta ambulante.
Torres recalca este último punto e insiste en acabar con los prejuicios: “Hablamos de exclusión social en un contexto de crisis. Pese a los esterotipos, muchos tienen sus papeles en regla y son chicos cualificados que hasta hace unos años trabajaban como albañiles o electricistas. Solo una vez perdido el empleo y ante la imposibilidad de encontrar otro, es cuando muchos acaban otra vez en la manta”. “Un intento por subsistir, el de la economía sumergida, en el que, con todo tipo de actividades, también se encuentran muchos españoles… Y nadie se plantea su expulsión del país”, señala Zabalza.
Víctimas de la Ley Mordaza
El panorama para los manteros ha empeorado mucho desde que el 1 de julio entrara en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Si en la precedente reforma del Código Penal, en 2010, la venta ambulante se despenalizó y pasó a ser considerada como falta, ahora vuelve a ser delito.
Un matiz esencial, como lamenta la dominica: “Es una marcha atrás que hace que ahora tengan mucho más miedo a ser detenidos. Aparte de la multa, que como mínimo es de 600 euros, han de afrontar detenciones y juicios, con sus casos dilatándose en el tiempo. Si llega una sentencia de condena, automáticamente pasan a tener antecedentes penales. Y ya sabemos lo que eso implica: para los que estén regularizados, cuando llegue el plazo para renovar sus papeles, su solicitud será rechazada y serán expulsados”.
Además de este cerco legal, Torres lamenta “el acoso policial, constante y desproporcionado, al que los manteros se ven sometidos cada día. Se les criminaliza y se va más allá de lo que marca la ley: entran en sus casas sin permisos judiciales, les paran por la calle por el color de su piel, les requisan el género y muchas veces no se sabe dónde va a parar este… A un chico le han quitado todo hasta tres veces en un mes”.
Algo que pone en cuestión lo más básico de su supervivencia, porque, como enfatiza la religiosa apostólica, “es falso que las mafias estén detrás de ellos. Podrá haber redes mafiosas, pero la realidad es que todos los manteros que conozco compran ellos mismos su género, sobre todo en las grandes superficies regentadas por chinos. Los manteros son solidarios entre sí y se ayudan a comprar los productos. Gastan entre 200 y 300 euros de su bolsillo cada vez que van a esos almacenes, vendiendo luego lo comprado por un poco más. Es algo que no quieren hacer, pero les obliga, como a muchos ciudadanos hoy, la necesidad. Si la policía les quita lo que tienen, se quedan indefensos, además de todo lo que conlleva para su situación legal el que esto vuelva a ser delito”.
Serigne, senegalés que lleva desde 2006 en Madrid, ejemplifica lo más negativo y lo más esperanzador de este fenómeno: “Hoy tengo trabajo como auxiliar administrativo, pero durante años tuve que ser mantero. Llegué en patera y, desde el primer día, comprobé que esto no era con lo que había soñado. No tenía papeles, desconocía el idioma, todo era desconocido para mí… Tenía mucho miedo y acabé haciendo lo que hacían algunos de mis compañeros: vender en la manta. El primer día me detuvieron y estuve tres detenido. Intenté trabajar en otras cosas, pero al final tuve que volver a la manta. En esos años, se sucedieron las detenciones y los juicios, con lo que mi situación era límite, pues, si era condenado, tendría antecedentes y ya no podría regularizarme. Me costó cinco años, pero al final conseguí los papeles”.
Le ayudó mucho integrarse en la Asociación Sin Papeles, donde le dieron asesoría jurídica y formación, además de apoyo anímico e identidad de lucha, pues la mayoría son manteros y conforman una red en la que se movilizan por causas que a veces tienen éxito, como su última campaña, Yo soy Sanidad Universal, tras el anuncio de que la Comunidad de Madrid dará atención sanitaria a sin papeles.
Hoy, él devuelve todo lo recibido siendo uno de los más activos en la ayuda a sus compañeros: “Recuerdo de modo especial una campaña de solidaridad con un mantero que fue condenado a siete meses de cárcel y una multa de 1.700 euros. Creamos una plataforma en la que se implicaron artistas y juristas para ayudarle. Este espíritu es el que me mueve a ir a ver e mis compañeros a la manta, a acompañarles y aconsejarles. Sé cómo se sienten, tienen miedo”.
Perseguido por ser negro
Sin embargo, ese gesto tiene muchas veces un coste para él: “La policía me sigue y me para solo por ir andando por la calle con una mochila al hombro, lo que es del todo ilegal”. Una “persecución” que lleva hasta el extremo de que “ahora es muy normal que, antes que pedirnos los papeles, nos requisen el teléfono móvil. Nos tratan como a delincuentes, cuando la gran mayoría somos gente formada, solidaria y pacífica”.
Por ello, pide ir a la raíz de la cuestión: “Si es delito en el nuevo Código Penal, por cuestiones de derechos de propiedad intelectual, es porque las grandes marcas, multinacionales, han presionado al Gobierno. Lo entiendo, pues es su negocio y la manta les perjudica, pero hay que tener en cuenta que no nos abastecemos en mafias, sino en establecimientos o en casas de chinos, senegaleses… o españoles. Es un comercio muy precario, pero vendemos lo que se vende en las tiendas”.
A la hora de buscar soluciones, los tres señalan una serie de principios esenciales: que el top manta deje de ser delito, que se fomente el trabajo social desde las administraciones para dar alternativas reales a personas formadas, que se huya de la discriminación racial y que desde la policía finalicen prácticas que van más allá de lo que marca la ley. ¿Lo ven posible?
Tras reunirse recientemente varias asociaciones de manteros y migrantes con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, Torres y Zabalza, presentes en la cita, se muestran esperanzadas ante la promesa de que se buscarán soluciones concretas para el fenómeno. Sin embargo, Serigne es más escéptico: “Al final todo está en manos del Gobierno central… Y, ante las elecciones que vienen, temo mucho que ganen votos los que tengan un discurso más duro contra nosotros”.
Soluciones reales
La Asociación Cultural de Defensa de los Valores Africanos es otro de los colectivos implicados en la defensa de los derechos de los inmigrantes en Madrid. Su presidenta, Agustina Ávila, profesora camerunesa que ya lleva 26 años en España, pide que se esclarezca la muerte de Mor Sylla (“si se quería suicidar, ¿para qué esperar a que la policía se presentara en su casa?”), reclama que se vaya al fondo del fenómeno de la venta ambulante “para comprobar hasta qué punto hay mafias o no detrás”, y que se ofrezcan soluciones desde las administraciones, “regulando espacios para mercados alternativos, pues hablamos de personas para las que este es su único modo de subsistencia”. Desde Barcelona, Marie Srançoise Affoua, presidenta del Centro de Cooperación Intercultural de la Mujer Africana, exige saber “qué ha pasado en Salou, pues tengo la impresión de que nadie dice la verdad”. Por ello, esta periodista costamarfileña que lleva aquí diez años, reclama una reunión de asociaciones de inmigrantes con representantes de la Administración pública: “Sería una oportunidad para conocernos mejor entre todos y dejar a un lado los prejuicios. Yo siento un profundo dolor por mis hermanos africanos, pero no iría a esa cita a gritar, sino a hablar y escuchar, a encontrar soluciones concretas que vayan más allá de esta situación. Tendamos puentes”.
En el nº 2.953 de Vida Nueva.
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