El arzobispo Javier Martínez pidió a Roma que no se juzgue a los 'Romanones' en Granada

‘Vida Nueva’ accede a la carta que envió a Doctrina de la Fe

Javier Martínez, arzobispo de Granada

El arzobispo Javier Martínez pidió a Roma que no se juzgue a los ‘Romanones’ en Granada [extracto]

MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada, envió el 30 de octubre de 2014 al Vaticano toda la documentación recabada sobre el caso ‘Romanones’ (10 sacerdotes y dos laicos locales están acusados desde noviembre de formar un grupo que habría abusado durante años de diversos menores) en una investigación eclesial realizada por un sacerdote de Valencia encargado del caso. El informe fue acompañado de una carta que el propio prelado dirigió al prefecto de Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, y a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Vida Nueva.

En ella, Martínez reconoce que el sacerdote investigador ha apreciado fumus delicti (apariencia delictiva) en las acusaciones vertidas contra Román Martínez y los también sacerdotes Manuel Morales y Francisco Campos. Además, en la misiva se pide a Roma “ampliar la investigación” y que se extienda al resto, a los que se define como “un grupo muy compacto y cerrado”. Tanto que, como lamenta, algunos de esos sacerdotes “habrían sido víctimas” de abusos por parte del clan y, con el tiempo, ellos mismos se habrían convertido “en cómplices, en mayor o menor grado”.

Al final de la misiva, Martínez reclama a Müller que el juicio eclesiástico, paralelo al civil, no se celebre dentro de la jurisdicción de la diócesis granadina. Algo que justifica dada la condición de juez eclesiástico que venía desempeñando hasta su acusación Francisco Campos, uno de los principales encausados. De este modo, arguye el arzobispo, se podría evitar el “escándalo correspondiente” que, entiende, se originaría por los “vínculos de amistad y compañerismo” entre este sacerdote y los miembros del tribunal eclesiástico que debería juzgarlo.

Según informó El País el lunes 27 de julio, ese informe eclesial, elaborado en buena parte desde los interrogatorios a los tres principales sacerdotes acusados, ha sido aceptado como prueba por la Audiencia Provincial, que se la requirió al arzobispado durante semanas, y figura ya en la causa judicial.

A la espera del recurso

En cuanto al caso penal en sí, tras la inicial detención de estos tres sacerdotes y un seglar, en febrero se anunció que, salvo algunos de los cometidos presuntamente por Román Martínez, el resto de los posibles delitos quedarían sin juzgar por haber prescrito. Sin embargo, hasta el 15 de septiembre no se conocerá si prospera el recurso presentado por la acusación particular (Daniel, un joven granadino de 24 años, fue el que impuso la demanda tras ser el mismo papa Francisco el que le animara a ello) y por la popular, a cargo de la asociación defensora de los derechos de la infancia Prodeni, que reclaman que todos han de ser juzgados.

Juan Pedro Oliver, presidente nacional de la ONG, explica a esta revista que, “hasta que haya un pronunciamiento definitivo, los 12 continúan imputados”. Así, las esperanzas de que su reclamación fructifique radican en que “se acepte que los delitos no solo atañen al abuso sexual, que ya habría prescrito, sino a la agresión sexual continuada y a la asociación ilícita, que aún no lo han hecho”.

En este sentido, Oliver desconfía del fiscal del caso, al que achaca “actuar demasiado rápido y propiciar, en pleno proceso, el que se considere que la mayoría de los hechos ya habrían prescrito”. A su juicio, “hay muchos intereses en juego, como demuestra el hecho de que, de los ordenadores que había en la casa donde se reunía el clan de los ‘Romanones’, uno haya sido robado y el resto fueran vaciados. Además, algunos parece que se conforman con cortar la cabeza de la serpiente y que Román Martínez parezca el único culpable, dando a entender que se trata de un caso aislado”. Por contra, alaba la implicación en el proceso del Papa, que, “más allá de si se daña o no la imagen de la Iglesia, pide que se conozca toda la verdad”.

El presidente de Prodeni carga con dureza contra el abogado defensor de los acusados, Javier Muriel, al que acusa de “enredar y presentar a Daniel como un delincuente, cuando yo les conozco a él y a su familia y puedo asegurar que son una gente intachable. Muriel ha querido hacer ver que Daniel se negó a que un psicólogo enviado por la policía científica le realizara una prueba, pero fue un simple problema de que le avisaron a última hora y no se pudo hacer. Por supuesto que va a cumplir con todas las pruebas que le pidan para ayudar a resolver el caso. De hecho, la misma policía científica ha destacado que su testimonio es honesto y verdadero, todo lo contrario de la versión que, según han recogido, han ofrecido los acusados”.

Una prueba más

Para conocer su versión, Vida Nueva se ha puesto en contacto con el propio Muriel y con el abogado de Daniel, Jorge Aguilera. El abogado defensor de los conocidos como ‘Romanones’ considera que el hecho de que el informe de la investigación eclesial figure en el auto no es ni mucho menos decisivo, pues “su supuesto valor probatorio solo se podría ver en un juicio, siendo, por ahora, una prueba más que tendrán que analizar los tres magistrados de la Sala”.

Por su parte, Aguilera comparte la impresión de que este documento eclesial “es solo un dato más, una prueba de las muchas que figurarán en el expediente”. Aunque, en cuanto a su contenido, cree que, si bien la Justicia civil y la eclesiásticas son independientes y paralelas, “es positivo que en el propio seno de la Iglesia se aprecie que hay fuertes indicios de que los acusados son culpables”.

En cuanto a la fecha para la celebración del juicio, hay opiniones dispares. Si bien Muriel considera que “el proceso de instrucción está llegando ya a su fin”, Aguilera advierte que, estando aún pendientes cuestiones como la reclamación para que se revise la prescripción de los presuntos delitos para 11 de los 12 acusados, “el juicio no tendrá lugar hasta el año que viene…, y con suerte”.

Cuando tenga lugar, una de las imágenes que podría verse es la del arzobispo de Granada ante el juez, siempre en condición de testigo. Así al menos, a falta de que se pronuncie la Audiencia Provincial, lo pide la acusación particular y lo apoya Prodeni.

El Arzobispado, frente a las filtraciones

Vida Nueva ha consultado la opinión del Arzobispado de Granada, que prefiere no hacer declaraciones, pues entiende que “deben ser los que las hagan los responsables de filtrar un documento [por la carta del arzobispo Martínez a Doctrina de la Fe] que era privado y sobre el que se pidió discreción a todas las partes”.

Por ello, reclaman, “si hay alguna novedad que deba ser explicada, más allá de la herida que esta cuestión supone para toda la diócesis, se hará, como es habitual, mediante un comunicado público”.

En el nº 2.952 de Vida Nueva