La desaparición silenciosa de los colegios católicos en Andalucía

Los centros concertados denuncian el cierre de aulas y discriminación salarial por parte del Gobierno de Susana Díaz

alumnos estudiantes jóvenes en un aula en la escuela

La desaparición silenciosa de los colegios católicos en Andalucía [extracto]

RUBÉN CRUZ | El 18% de los colegios en Andalucía son concertados. Hay más demanda que oferta, en muchos casos. Sin embargo, no es posible aumentar las aulas concertadas, puesto que la Junta de Andalucía se ampara en la reducción de la natalidad y opta por insertar a los más pequeños en la escuela pública. No obstante, muchos padres de alumnos se quejan de que el Gobierno de Susana Díaz está vulnerando el derecho fundamental de los progenitores a elegir qué educación quieren para sus hijos.

“Ahora mismo, la escuela concertada está sufriendo una persecución. La clase política andaluza quiere imponer un modelo único, pero vamos a luchar por la educación de nuestros hijos, que es la mejor herencia que podemos dejarles”, explica Gemma García, portavoz de la plataforma Mis Padres Deciden. Y añade: “En una ocasión un político me dijo que eran ellos los que tenían que decidir la educación que recibían los niños”.

“El procedimiento que se ha seguido en Andalucía es el de cerrar aulas poco a poco. Eso no lo frena nadie y el centro acaba desapareciendo. No se trata de grandes medidas, como cerrar 18 colegios de golpe, pero, tras tantos años en el Gobierno, el PSOE ha ido minando la educación concertada”, afirma Jesús Pueyo Val, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE).

En el mismo sentido, Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) considera que “se está discriminando claramente a la escuela concertada, porque a algunos les es muy complicado desligar la política de la educación. Con el perjuicio a estos centros no se dan cuenta de que las perjudicadas son las familias que somos titulares de elegir la educación de nuestros hijos”. Carbonel mostró su desacuerdo, asimismo, con la etiqueta que se ha colocado a estos centros de que solo son aptos para las élites, ya que “acogen a todo tipo de familias”.

Fallos judiciales

Durante la última legislatura, en la que socialistas e Izquierda Unida formaban gobierno, se produjo un hecho inédito: “Se intentaron quitar siete aulas con demanda social. Este hecho fue llevado a los tribunales y las aulas afectadas siguen concertadas con medidas cautelares”, detalla Silvia Santos, secretaria general de FSIE Andalucía. Es decir, que si se resuelve favorablemente para los colegios afectados, será una sentencia que sentará jurisprudencia.

Aunque no es el único pronunciamiento de la Justicia en este sentido en Andalucía. Hace tres años, en los salesianos en Granada quitaron un aula a mitad de curso y tuvieron que echar a dos profesores. Dos años más tarde, se falló a favor de los profesores y deberán reincorporarlos.

“El pretexto es siempre el mismo: no hay dinero. Da la sensación de que a los políticos les interesa poco la educación, ya sea pública o concertada”, dice José Guardia, vicepresidente de la Plataforma por la Homologación en Andalucía (PHA).

El pasado año tocó renovar los conciertos –hasta ahora se renovaban cada cuatro años, pero la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa establece que se haga cada seis años–. “Cada vez que hay que renovar, tratan de reducir. No entienden que la escuela concertada es una red complementaria y no subsidiaria de la pública, y que hay que respetar la demanda social”, comenta José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas. No obstante, “por suerte, se han perdido menos conciertos de los que se esperaban gracias a la actuación de la sociedad civil”, puntualiza Alvira.

Por su parte, Gemma García matiza que “el interés general no es el interés de la Administración. Y eso lo dejan claro todas las sentencias que avalan la educación concertada. Los padres solo queremos educar a nuestros hijos bajo los mejores valores que consideramos para ellos”. Así, hace hincapié en que “no pretendemos atacar la educación pública. La Junta debería trabajar por la calidad de ambos sistemas para que dieran los mejores frutos”.

La Junta de Andalucía no permite aumentar el número de conciertos, incluso habiendo demanda. “Llevamos varios años pidiendo el Bachillerato concertado y eso es un imposible. Tampoco hemos tenido nunca la oportunidad de instaurar la Formación Profesional Básica”, señala Silvia Santos. Y es que el Gobierno regional ampara su negativa en que no se trata de educación obligatoria. No obstante, el sindicato de profesores espera que, con la irrupción de Ciudadanos, sean más escuchados. De hecho, la pasada semana se mantuvo una reunión con la parlamentaria de la formación emergente Marta Escrivá.

“Durante años, Asturias y Andalucía han sido las comunidades autónomas más perseguidas. Se ataca el derecho de los padres a decidir dónde quieren que estudien sus hijos, reconocido en la Constitución y en pactos internacionales firmados por España. Esto es inconcebible, porque en una sociedad plural caben los dos tipos de educación”, asevera García.

Docentes peor pagados

El atropello que reciben los colegios católicos en Andalucía se hace visible con el trato al profesorado. “Llevo 18 años trabajando y cobro 9.000 euros menos anuales que un compañero de la pública”, confiesa José Guardia.

En 2011 se consiguió un acuerdo de equiparación salarial entre los docentes de los centros públicos y los concertados, ya que estos realizan el mismo trabajo pero cobran menos. Un año más tarde, con los recortes, ambos colectivos vieron mermada su capacidad adquisitiva. A los profesores de la pública se les redujo a la mitad la paga extra de Navidad y la de julio. Por su parte, a los maestros de la concertada se les despojó de entre 90 y 100 euros mensuales –dependiendo de su salario–.

Por consiguiente, los docentes de la escuela concertada han visto reducida su cotización a la seguridad social, por lo que no disfrutarán de una jubilación tan halagüeña como la de sus compañeros de la pública.

Además, los Presupuestos Generales de Andalucía 2015 recogían que los profesores de la escuela pública comenzarían de nueva a cobrar íntegras sus pagas extras. Sin embargo, en ningún momento se mencionaba a los docentes de los colegios concertados. “El gobierno de coalición PSOE-IU ha sido el que peor nos ha tratado. Ahora lo que más nos preocupa es recuperar la equiparación salarial”, comenta Santos. Y es que el sindicato de profesores ve en esta medida un claro tinte político.

Por su parte, la PHA se manifestó el pasado 26 de junio ante el Parlamento andaluz. “Susana Díaz ha reconocido que también se nos debe devolver el dinero mensual que nos quitaron, pero, como no hay dinero, no nos lo dan, así que lo vamos a llevar por vía judicial”, advierte Guardia. Al mismo tiempo, muestra su indignación: “Susana Díaz se ha gastado 14 millones de euros en las elecciones. A nosotros con 20 millones nos pagaba lo que nos corresponde”.

En definitiva, los profesores de la concertada se sienten maltratados por la Administración andaluza con respecto a sus compañeros de la pública.

La FP recupera el concierto en Madrid a golpe de sentencia

R. CRUZ | El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la supresión de los conciertos a los centros de Formación Profesional de Grado Superior que el Gobierno de la Comunidad de Madrid efectuó en 2013. Educación ya ha manifestado su intención de recurrir la sentencia, puesto que argumentan no disponer de dinero, pero “lo mejor que podrían hacer es sentarse a dialogar para llegar a un entendimiento”, dijo José María Alvira.

La sentencia, conocida el 24 de junio, reconoce los conciertos educativos como un derecho de los titulares de los centros y de las familias. Y es que la decisión de Lucía Figar, entonces consejera de Educación, ha sido calificada por la FSIE como “el mayor ataque que ha sufrido la libertad de enseñanza en nuestro país”.

Por su parte, el TSJM argumenta que, si no ha bajado la demanda de alumnado, no se puede retirar el concierto solo por motivos presupuestarios. En este sentido, Luis Carbonel indicó que “no es excusa la crisis económica, sobre todo en cuestiones fundamentales como son educación y salud”.

Sin embargo, el daño ya está hecho, puesto que, en dos años, estos centros han perdido casi a dos tercios del alumnado. En concreto, los 58 centros con concierto en Madrid pasaron de 6.446 estudiantes en el curso 2012-2013 a 2.648 el curso siguiente. No obstante, Cristina Cifuentes, como nueva presidenta de la Comunidad, ha manifestado su idea de apoyar a la concertada. “Nos gustaría que eso no se quedara solo en palabras”, subrayó Alvira.

En el nº 2.948 de Vida Nueva