EDITORIAL VIDA NUEVA | No acaban los sobresaltos judiciales para el arzobispo de Granada. Sin embargo, lo vivido la semana pasada allí en torno al llamado ‘caso Romanones’ trasciende la esfera diocesana para interpelar al conjunto de la Iglesia.
Un ultimátum judicial es un luz roja que –más allá de personalismos de jueces-estrella, que los hay– advierte de una disfunción que debe ser corregida. Y, en este caso, deja en entredicho no solo la política de transparencia y colaboración con la justicia civil que exige el papa Francisco, sino que ahonda en un sentimiento de desafección hacia la Iglesia que resulta muy difícil de revertir.
Por eso, quizás convenga revisar protocolos y agilizar dinámicas de tal manera que, manteniendo la sana independencia de las esferas civiles y canónicas, y con las garantías debidas a las partes, se ponga fin a unos modos de hacer que ya no se corresponden con los tiempos que vivimos y la sociedad nos exige.
En el nº 2.944 de Vida Nueva. Del 6 al 12 de junio de 2015
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