El Cabildo frena las aspiraciones de la Junta por hacerse con su titularidad
Batalla electoral por la mezquita-catedral de Córdoba [extracto]
M. Á. MALAVIA | Tras unos días en los que la polémica sobre la titularidad de la mezquita-catedral de Córdoba parecía haber disminuido, esta se elevó de un modo notable el pasado sábado 10 cuando la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hizo estas declaraciones en una entrevista televisiva de ámbito nacional: “La titularidad de la mezquita de Córdoba tiene que ser pública. Tiene que ser de los cordobeses, de los andaluces y de los españoles, y la titularidad pública no la puede impedir nadie porque inmatricule por 30 euros. (…) No es legítimo ni razonable que la Iglesia haya puesto a su nombre la mezquita por 30 euros”.
De este modo, la líder socialista hacía suya una causa hasta ahora liderada por IU. Pero con un matiz que, ese mismo día por la mañana, en una visita a Villafranca (Sevilla), la propia Díaz había especificado: al mismo tiempo que aseguraba que “seguiremos batallando por que la titularidad [del templo] sea pública”, descartaba “gestionar el monumento, porque nos parece que debe seguir haciéndolo el Cabildo”.
Algo significativo, pues el consejero de Turismo de su Ejecutivo, Rafael Rodríguez, había propuesto dos semanas antes que la gestión pasara a un órgano conjunto en el que estuvieran la Junta y el Cabildo.
Al día siguiente, el Cabildo hacía público un contundente comunicado en el que, junto al agradecimiento a la presidenta por la rectificación de la iniciativa de su consejero de Turismo, se mostraba muy crítico con las declaraciones sobre la inmatriculación: “Toda la legislación internacional y nacional avala que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia católica desde 1236. El Cabildo recuerda que el Ministerio de Hacienda así lo afirmó en un informe publicado el pasado mes de abril, en el que quedaba demostrado que la propiedad del monumento pertenece a la Iglesia, por lo que anima al Ejecutivo andaluz a respetar las leyes”.
Al mismo tiempo, se remarcaba que “el Cabildo desea aclarar que la inmatriculación del templo, producida en 2006, consiste en dar publicidad a la titularidad de una propiedad que ya se posee, en este caso desde 1236. La inmatriculación no supone en ningún caso un cambio de propiedad o una ‘compra’, sino simplemente una notificación en el Registro de la Propiedad”.
Para, a renglón seguido, recordar que “hasta 1998 la Iglesia católica, al igual que otras confesiones religiosas, no tenía reconocido el derecho de tener registradas sus propiedades ante el Registro. En este sentido, la propia Junta de Andalucía firmó en 1991 un acuerdo de colaboración con el Cabildo en el que el Ejecutivo autonómico reconocía por escrito que el Cabildo era el ‘titular del monumento’”.
La identidad está clara
A continuación, también se abordaba otro punto de las declaraciones de Susana Díaz en las que lamentaba que el Cabildo habría borrado la palabra “mezquita” de su página web y sus folletos turísticos: “El Cabildo le informa de que la denominación ‘mezquita’ aparece en 23 ocasiones en su página web y en seis en los folletos oficiales. En este sentido, la denominación (…) no es lo más importante, sino que el templo se siga cuidando y conservando de generación en generación, como ha venido haciendo el Cabildo desde hace más de 775 años, lo que ha permitido que se haya mantenido en un perfecto estado de conservación”.
Lo cierto es que el proceso podría complicarse en caso de entrar en vía parlamentaria –IU quiere presentar en el Congreso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Hipotecaria, lo que podría afectar a las inmatriculaciones eclesiales– y, sobre todo, en vía penal.
Así, estos días había trascendido en varios medios que una denuncia de Carlos Baquerín, concejal de Unión Cordobesa, presentada contra la Diócesis de Córdoba, el Cabildo y el Ayuntamiento por las inmatriculaciones eclesiales, había sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 local.
Sin embargo, el martes 13, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sacó un comunicado en el que desmentía este extremo y aclaraba que Baquerín está llamado a declarar el día 20 en ese juzgado, pero por otra reclamación de irregularidades en la concesión de un centro ambiental.
En el caso concreto de la denuncia sobre las inmatriculaciones eclesiales, advierte el TSJA, esta les había sido remitida por el Juzgado de Instrucción número 6 al estar en ella incluido el alcalde cordobés, José Antonio Nieto, entonces también parlamentario andaluz y por ello aforado. Una vez que Nieto ha dejado de pertenecer al Parlamento autonómico, la causa vuelve al tribunal ordinario, no habiendo por ahora medidas adoptadas en ningún sentido.
Contactado por Vida Nueva, José Juan Jiménez Güeto, canónigo de la catedral cordobesa, expresa su “malestar” por haberse convertido el estatus del histórico templo en una batalla política en plena carrera previa a las elecciones autonómicas de mayo.
Al cierre de esta edición, el Cabildo volvía a hacer pública otra nota en la que agradecía la aclaración del TSJA y apelaba “a los representantes políticos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación” a que traten la cuestión “con responsabilidad, sensibilidad y respeto”.
En el nº 2.925 de Vida Nueva
