Organizaciones eclesiales replican a Fernández Díaz que la libertad de expresión no contradice la aconfesionalidad del Estado
JOSÉ LORENZO | Al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no le ha gustado nada la declaración conjunta realizada el pasado 2 de diciembre por varias entidades cristianas (ver VN, nº 2.920), en donde solicitaban la “retirada inmediata” de la disposición con la que se pretende legitimar las llamadas “expulsiones en caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla, esto es, la entrega a las autoridades marroquíes de inmigrantes sin respetar los trámites administrativos que les garantizaban una serie de derechos.
“La Iglesia debe denunciar las medidas y prácticas que violen los derechos humanos” [extracto]
En esa nota, Cáritas, CONFER, la Comisión Episcopal de Migraciones y Justicia y Paz suman a su “preocupación por un proyecto de Ley [ de Seguridad Ciudadana] que criminaliza la pobreza y la movilización social, la consternación por la naturaleza de una enmienda que ha sido introducida a última hora por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso”. Por eso unían con ese texto su voz a la de más de 120 ONG, al ACNUR o al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han criticado la medida, e incluso al nuevo comisario de Inmigración de la Comisión Europea, Dimitris Avramapoulos, que ha señalado que “los controles fronterizos deben llevarse a cabo respetando los derechos de los refugiados y de las personas que piden protección internacional. En particular, por lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo a los procedimientos de asilo”.
Pero al titular de Interior, reconocido católico practicante, parecen haberle dolido especialmente las críticas eclesiales pues, al poco de difundirse, recordó en una cadena de televisión que España es un “Estado aconfensional”. “Creo en la separación de Iglesia-Estado –afirmó–, cada institución tiene su ámbito de competencia. Otra cosa es que han de colaborar en aras del bien común y entiendo que la Iglesia ponga el acento en la misericordia y el aspecto humanitario, pero no puedo aceptar que parezca que los demás no tenemos sensibilidad con los derechos humanos”.
“No se duda de la sensibilidad por parte del Gobierno con los derechos humanos”, señala a Vida Nueva el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, José Luis Pinilla. “Sensibilidad –añade este religioso jesuita– que también la tienen las muchísimas organizaciones que han puesto en cuestión esas medidas de amparo político a las devoluciones sumarias. El problema no es que haya o no sensibilidad, sino cómo se articula o no esta sensibilidad”.
El ministro, en un acto en Navarra
Para Pinilla, “la Iglesia, acudiendo a la dimensión social de la fe, sabe que esta tiene unas indiscutibles consecuencias políticas, en la medida en que facilita una expresión visible de la presencia de lo cristiano en la historia. El ejercicio de este innegable derecho debería servir para facilitar el diálogo más que para interrumpirlo. Visibilizar este desacuerdo, asunto legítimo en nuestra democracia, por parte de las entidades de Iglesia que han firmado la nota no es otra cosa distinta que lo que en la práctica está haciendo el Papa, que, como instancia ética mundial, quiere ejemplificar la dimensión social de la fe. Creo sinceramente que lo que ha dicho Francisco ante el Parlamento Europeo no varía demasiado de lo escrito en el comunicado”.
Y en cuanto a la separación Iglesia-Estado que recalca el ministro, “también estoy de acuerdo; no faltaba más”, concede Pinilla. Y añade: “El arzobispo de Tánger [Santiago Agrelo] ha señalado, sin embargo, otro riesgo de ‘separación’: el de la separación del Estado con la Justicia. Y para que no haya esa brecha, creo modestamente que hay que contribuir, cada uno desde su ámbito, a una mejor aplicación de la justicia. Porque eso entra de lleno en el deseo de procurar el bien común para todos. Y lo que hace la nota es recordar argumentos jurídicos oportunos y fundamentaciones serias para pronunciarse en función de la libertad de expresión”.
También desde CONFER, firmamante de la declaración, argumentan en el mismo sentido. En declaraciones a este semanario, desde el Departamento de Migraciones de esa confederación, “entendemos que la Iglesia, fundamentada en su Doctrina Social, tiene una palabra que decir siempre que se vulneran los derechos humanos, más aún cuando se trata de los derechos de las personas y pueblos más frágiles de nuestro mundo”. Y recuerdan la insistencia del papa Francisco en esa línea pastoral, “poniéndose él mismo como ejemplo en esta tarea, como señala en Evangelii Gaudium: ‘Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrase a las propias seguridades’”.
Crítica constructiva
Daniel Izuzquiza, coordinador de incidencia pública de Pueblos Unidos, del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), recuerda por su parte que “las ‘devoluciones en caliente’ constituyen una práctica ilegal e ilegítima, que va directamente contra los derechos humanos y, según numerosos juristas, contra la misma legislación nacional e internacional”. Por tanto, añade este jesuita, también director de entreParéntesis, “la Iglesia tiene la obligación de denunciar leyes, medidas y prácticas que violen los derechos humanos, particularmente de las personas más vulnerables”.
Izuzquiza, además, completa las declaraciones del ministro al señalar que “la Constitución Española habla de aconfesionalidad y también de relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas; esa cooperación debe ser crítica y constructiva. Y así siempre ha actuado la Iglesia, también en este caso”. Y le recuerda que “no es solo que la Iglesia subraye el aspecto humanitario de la misericordia, sino que estamos ante un asunto de derechos humanos. Y al Gobierno y a las autoridades no basta pedirles ‘sensibilidad con los derechos humanos’, sino medidas efectivas para garantizar su cumplimiento. Como señaló monseñor Agrelo, no se trata de la separación Iglesia-Estado, sino de la separación Estado-Justicia. Cuando se toman decisiones injustas, la Iglesia debe alzar su voz”.
En el nº 2.921 de Vida Nueva
