EDITORIAL VIDA NUEVA | La catedral de Córdoba celebra su 775º aniversario como templo cristiano. Lo hace con un incremento del número de visitantes y un amplio programa celebrativo como la iglesia madre de la diócesis. Pero también con cierta controversia auspiciada por quienes exigen su titularidad pública y el culto compartido.
La efeméride se remonta al 29 de junio de 1236, cuando la antigua iglesia visigoda de Córdoba pasa de ser un templo musulmán a cristiano. A ello aluden varios documentos históricos, como la Primera crónica general de España de Alfonso X el Sabio. Aunque la inmatriculación no tuvo lugar hasta 2006, en estos textos se recoge que Fernando III entrega la propiedad de la mezquita a la Iglesia reconociendo su propiedad. Tan solo tres años más tarde se convertirá en catedral.
Desde entonces, además de acoger a la comunidad creyente, la Iglesia conserva el edificio, vela por su mantenimiento y promueve su proyección internacional. Al igual que ejerce con todo el patrimonio cultural y artístico que posee, en el caso de Córdoba se ha actuado de la mano de las autoridades públicas, sin renunciar por ello a la gestión y propiedad de los inmuebles y los bienes, teniendo al Cabildo como administrador. La Iglesia ejerce su labor de conservación del patrimonio monumental con las máximas con las que actúa en los ámbitos educativo y sanitario: desde la austeridad y la transparencia, dos actitudes que ahora se tornan en especialmente ejemplarizantes para el Estado y los actores políticos. ¿La mejor prueba de ello? Las tasas que los ciudadanos pagan por disfrutar de los arcos dobles y los mosaicos bizantinos son inferiores, por ejemplo, a las que desembolsan por visitar la Alhambra de Granada.
A pesar de ello, en los últimos meses, desde la Junta de Andalucía se insiste en expropiar el templo, una pretensión que, además de suponer un dispendio en tiempos de crisis, acabaría ofreciendo el mismo régimen de acceso al monumento a los turistas a un coste mayor. Este empeño por recuperar lo que consideran un espacio público se plantea incluso como una restitución de un agravio a la comunidad musulmana, en un ejercicio rocambolesco de retrotraer efectos jurídicos nueve siglos después. Incluso se ha puesto el grito en el cielo porque durante este aniversario se haya querido poner el énfasis en la denominación de catedral frente al término mezquita, acusando al obispado de esconder la historia del templo. Baste recordar que fue la Iglesia quien promovió, precisamente, las celebraciones del XII centenario de la construcción de la mezquita en 1986.
Con estos argumentos de fondo, hoy por hoy, la catedral de Córdoba es casa de puertas abiertas como lo constatan peregrinos y turistas, creyentes y no creyentes, fieles de otras religiones cristianas que comparten allí celebraciones ecuménicas y musulmanes que se detienen ante el mihrab para orar. No es de recibo, pues, que se lancen provocaciones para utilizar el Patio de los Naranjos como campo de batalla política aprovechándose de un espacio que tiene grabado en sus pilares ser centro de convivencia y encuentro durante siglos bajo el amparo de la Iglesia.
En el nº 2.921 de Vida Nueva
