Cáritas reclama a las autoridades el derecho “real” de acceso a una vivienda digna
MARÍA PÉREZ | En colaboración con la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados, la Red de Atención a Personas Sin Hogar, la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar y la Plataforma por la Inclusión Social de Bizkaia, Cáritas llevó a cabo el pasado 30 de noviembre, Día de los Sin Techo, la campaña Nadie sin hogar. Por una vivienda digna y adecuada.
Sobre la mesa, las asociaciones convocantes exponen datos sangrantes: por un lado, 67.189 desahucios llevados a cabo el pasado año y más de 30.000 personas viviendo en la calle actualmente; por el otro, casi tres millones y medio de viviendas vacías –de las cuales 13.500 son de protección oficial propiedad de la Administración–. Esta campaña lucha por poner cara y nombre a estas cifras, remarcando que esta realidad supone una violación del derecho humano a una vivienda digna y adecuada.
Ya son 22 los años que Cáritas lleva organizando una jornada anual para concienciar a la sociedad sobre aspectos que son vulnerados en las personas sin hogar. Este 2014, el foco se ha puesto en la vivienda: “El año pasado nos centramos en la salud; este año hemos querido llamar la atención sobre la falta de acceso a una vivienda digna”, explica a Vida Nueva Enrique Domínguez, responsable de Personas Sin Hogar Cáritas. “Creemos que es muy importante ponerle rostro y voz a una realidad que es invisible durante el resto del año”. Una llamada de atención que incluso ha sido llevada ante el papa Francisco por el sacerdote y miembro de la Plataforma Antidesahucios Joaquín Sánchez el pasado mes de octubre (ver VN, nº 2915).
Manifestación el Día de los Sin Techo en Barcelona
Y es que el problema ha aumentado durante los últimos años. “La exclusión social es un lugar por el que cada vez transita más gente”, afirma Rosalía Portela, presidenta de la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados (FACIAM). De hecho, ciudades como Barcelona han visto incrementado en más de un 162% el número de personas que viven en asentamientos urbanos sin agua ni luz.
A nivel internacional, comunidades eclesiales de todo el mundo han comenzado a dar respuesta a esta realidad. Es el caso de Irlanda, donde el arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, ha ofrecido alojamiento para los sin techo de la ciudad en uno de los edificios de la diócesis tras la muerte de un indigente en la calle a pocos metros del Parlamento.
Sin embargo, “aún queda trabajo por hacer”, afirma Enrique Domínguez. Por eso, Cáritas reclama a los gobiernos políticas que garanticen el derecho real de acceso a una vivienda digna. “Cada vez hay más implicación de la sociedad, pero nosotros lo que pedimos es implicación de las administraciones públicas: un pacto estatal de vivienda que ponga a la persona en el centro”. Además, también reclama que el Estado español ratifique la Carta Social Europea Revisada de 1996, donde se incluye el derecho a la vivienda en el artículo 31, así como la firma y ratificación del Protocolo Adicional por el que se establece el Sistema de Reclamaciones Colectivas de 1995.
No a las “devoluciones en caliente”
La labor activa de Cáritas en la defensa de los derechos fundamentales les ha llevado a solicitar –junto a CONFER, el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y Justicia y Paz– la retirada de la ley que recoge las expulsiones sumarias (“devoluciones en caliente”) en la frontera de Ceuta y Melilla. Para estas entidades eclesiales, “la aceptación de las expulsiones sumarias supondría consolidar legalmente el concepto de frontera como sinónimo de un territorio donde los derechos humanos están ausentes”, preocupación que, recuerdan, comparten la Comisión Europea y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y está recogida en el Tratado de Schengen. Tal y como afirmaba el papa Francisco la pasada semana ante el Parlamento Europeo (ver VN, nº 2.920), “Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas que permitan tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar, al mismo tiempo, la acogida a los inmigrantes”.
En el nº 2.920 de Vida Nueva
