JOSÉ LORENZO | Más allá del dolor de las víctimas, incuestionable, los recientes casos de presuntos abusos y acosos sexuales en algunas diócesis de España deja también al descubierto la turbación que la denuncia de esos hechos, en sede judicial o través de los medios de comunicación, supone para la comunidad cristiana, para el conjunto de los fieles, que se debaten entre el dolor, la incredulidad y la repulsa.
Lo decía en una comparecencia ante la prensa al hablar del escándalo de Granada el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo: “Unos delitos que hacen daño también a la Iglesia diocesana”.
En la de Granada, por ejemplo. Allí, donde los tres sacerdotes y el profesor de Religión ha sido puestos en libertad provisional (uno de ellos con fianza, en tanto el arzobispo ha retirado la missio canonica al docente), la comunidad sigue dividida. Para algunos se trata de un complot contra su pastor, Javier Martínez. No lo ven así, sin embargo, las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía, las cuales, a través de un comunicado han solicitado su destitución. “Su pretensión de esconder la verdad –señalan– y su falta de una enérgica y decidida actuación frente a estos hechos dan lugar a que la sociedad, en general, y los cristianos, en particular, sintamos que el arzobispo actúa más bien como encubridor de los supuestos pederastas que como pastor que vela por la verdad y la justicia”.
Una división de opiniones que se da también entre el propio clero. Entre los presbíteros, “hay curas desolados” que no acaban de dar crédito a las denuncias de abusos y otros que subrayan que este desgraciado acontecimiento ha ahondado en “la desafección” que bastantes sacerdotes sienten hacia su pastor, como ha podido constatar Vida Nueva.
Escándalo en Zaragoza
También sufre la Iglesia diocesana en Zaragoza, donde a raíz de la aceptación el pasado 12 de noviembre de la renuncia de su arzobispo, Manuel Ureña, ha saltado a los medios de comunicación un presunto caso de acoso sexual que los fieles “están viviendo de forma dramática”, según apunta a este semanario una fuente del arzobispado aragonés. “Hay cosas terriblemente lamentables que hacen un daño enorme a la comunidad cristiana”, señala, refiriéndose a las informaciones que sostienen que el ya arzobispo emérito pagó 60.000 euros netos al diácono Daniel Peruga para ocultar un presunto caso de acoso sexual que este habría sufrido por parte del párroco de Épila, Miguel Ángel Barco.
El administrador diocesano, Manuel Almor –con quien ha intentado contactar infrutuosamente Vida Nueva–, ha señalado en una nota de prensa que el arzobispado ha iniciado una investigación para el esclarecimiento de los hechos “y la determinación de las responsabilidades a las que hubiera lugar”. Almor también lamenta profundamente y comparte “el malestar que pueda producirse en la comunidad diocesana”.
Fuentes oficiales, sin embargo, apuntan a que también este asunto obedecería a una “campaña de acoso y derribo al arzobispo”, instigada desde dentro del arzobispado, en connivencia con algunos medios. Y se insiste en que no se ha cometido nada delictivo, que el dinero entregado en la nómina de noviembre al diácono se ha hecho con su correspondiente pago de impuestos (el total serían algo más de 100.000 euros), que no hay denuncia ni canónica ni civil contra el párroco de Épila y que si este interpuso una contra el diácono –“que se mantiene de momento”–, es porque este se vio acusado por unas declaraciones del joven en la prensa, declaraciones que nunca habría hecho… Además, la misma fuente sostiene que el diácono ni ha puesto ni va a poner denuncias contra el párroco y que los medios han difundido informaciones no contrastadas, por lo que no se descarta interponer denuncias contra algunos de ellos por “calumnias y faltas al honor”.
Con esta tesis de fondo, en el peor de los casos, el caso quedaría reducido a un asunto sexual entre dos adultos. Y tal vez, tras la investigación dirigida por el administrador diocesano, puede que entonces se adoptaran medidas canónicas.
En todo caso, el escándalo es posible que siga acechando a esta Iglesia diocesana tras unos años de cierto descontrol en un seminario al que se encontró languideciente y, “sin conformarse con solo rezar” para cambiar el curso de las vocaciones, se fueron a buscar candidatos –no siempre los más idóneos, como reconocían informes– a Iglesias latinoamericanas, como apunta una fuente menos complaciente con lo que está pasando a orillas del Ebro. No fue, ciertamente, Zaragoza la única sede que sucumbió al deslumbramiento de vocaciones exprés con las que hinchar las estadísticas para el Día del Seminario. Otras cayeron en las mismas prisas y con resultados parecidos en cuanto a abandonos, fracasos e invitaciones a regresar a los lugares de origen con un billete de avión en la mano.
También Tarragona
Por el momento, el último sobresalto con respecto a presuntos casos de abusos lo está viviendo el Arzobispado de Tarragona, que ha salido al paso de una información periodística en la que un antiguo alumno del Seminario de los Padres Mercedarios de Reus declara haber sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote cuando tenía 11 años, hace ahora 34.
Así, además de expresar “su absoluta repulsa y su tolerancia cero” a este tipo de actos, el arzobispado reconoce en un comunicado que ha puesto el hecho denunciado en conocimiento de los superiores de los Padres Mercedarios, “para que actúen conforme a los procedimientos establecidos por la Iglesia para estos casos”, y que también lo ha comunicado a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede.
La nota oficial concluye animando “a que las personas afectadas pongan los mencionados asuntos en conocimiento de las autoridades civiles, con las que la Iglesia colaborará plenamente en la exigencia de responsabilidades”.
En el nº 2.920 de Vida Nueva
