¿Cómo son hoy, en su día a día, estos procesos en España?
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA. Fotos: LUIS MEDINA Y ARCHIVO SM | En un reciente discurso al Tribunal de la Rota Romana, este día 5, el papa Francisco abordó la cuestión de las nulidades matrimoniales y abogó, además de por una “simplificación” de los procesos, por la posibilidad de que estos sean gratuitos. A expensas de posibles cambios a partir del Sínodo, ¿cómo son hoy, en su día a día, estos procesos en España? ¿Es cierto que son solo para famosos, que cuestan una fortuna y que se eternizan en el tiempo?
La nulidad no es cosa de ricos [íntegro suscriptores]
Jueves por la mañana, en uno de los últimos días de otoño en que el sol aún calienta el bullicio de las calles. Dentro de las instalaciones de La Almudena, sobre la mesa del despacho de Isidro Arnaiz, vicario judicial de la Archidiócesis de Madrid, se depositan decenas de causas de nulidad matrimonial. Frente a lo que pudiera parecer al tratarse de una diócesis tan inmensa, no son tantos los casos a analizar: en 2013, apenas entraron 125, de los que 79 obtuvieron una sentencia afirmativa. Un volumen que se mantiene en la tónica habitual de la última década.
Pero, ¿qué explica este escaso recurso por parte de los católicos que padecen la dolorosa experiencia de ver rotos sus matrimonios? Porque estos dos datos que recoge Arnaiz hablan por sí solos: “Solo el 1% de los divorciados acuden en busca de la nulidad. Y únicamente el 5% de los que la solicitan no han obtenido previamente el divorcio civil”. Algo llamativo cuando, en virtud a los Acuerdos Iglesia-Estado, las nulidades eclesiásticas pueden ser articuladas automáticamente como divorcios civiles. Y estos no son precisamente escasos: España es de los países del mundo que registran una más alta tasa de separaciones legales (un 61% según un estudio de Bussines Insider). De hecho, solo en 2013, se produjeron 130.000 divorcios.
Ante esta situación, y en concordancia con las inquietudes que muchos presentes mostraron en el reciente Sínodo de los Obispos sobre la Familia, el reto para la Iglesia, que verbaliza el vicario de Madrid, parece improrrogable: “Hay que hacer todo lo posible para que se conozca esta posibilidad, al alcance de todos. Para ello, para vencer este desconocimiento generalizado, tenemos que desmitificar muchos prejuicios”. Tales como estos, repetidos constantemente en el imaginario colectivo: la nulidad es para famosos, cuesta muchísimo dinero alcanzarla y las causas se eternizan en el tiempo.
Con el fin de acabar con los clichés, Arnaiz expone la realidad que se ha encontrado en sus 18 años de experiencia como vicario judicial de Madrid. En primer lugar, aborda la cuestión del tiempo: “Un caso normal tiene una resolución media de entre ocho y nueve meses, habiendo conseguido, en algún caso, obtenerla en cinco. En las causas en las que se requieran pruebas periciales (psicológicas, jurídicas, documentales, policiales, etc.), nos podemos ir a los 10 u 11 meses. Solo en los casos excepcionales, donde surgen complicaciones significativas, se puede alargar el proceso al año y medio. En todo el tiempo que llevo en el tribunal, el caso que más se ha dilatado rondó los dos años y medio”.
Respecto a lo económico, el sacerdote ofrece más datos para la reflexión: “El proceso como tal tiene un coste de 800 euros, que paga siempre la parte demandante y que incluso, si así lo desea, puede hacerlo en plazos. Aquí entra la figura de lo que conocemos como reducción de costas, por la que, atendiendo a la situación de la persona, esta puede beneficiarse de rebajas que pueden ser de un 33%. O, si obtiene lo que se llama gratuito patrocinio, está exenta de afrontar todo pago. Y estos casos no son en absoluto excepcionales: en lo que va de año, un tercio de las causas se han beneficiado de alguna de estas dos posibilidades. Aparte, y solo en el caso de que entremos en fase de peritaje, debiéndose presentar pruebas documentales del tipo que hemos referido antes [obligatorias en los casos de incapacidad y falta de discreción del juicio], hay que hacer constar que, por cada una de ellas, el perito cobra 400 euros”.
Artículo íntegro para suscriptores en el nº 2.918 de Vida Nueva
