J. L. C. |El aumento de la criminalidad, con asesinatos particularmente crueles acaparando titulares de prensa durante los últimos meses, ha sacudido con fuerza a la sociedad filipina, en la que se multiplican los llamamientos en favor de una legislación penal “más disuasoria”. Es tal la presión social, que diversas organizaciones abogan incluso por reinstaurar la pena de muerte en el archipiélago, abolida en 2006. Ante esta posibilidad, la Comisión Episcopal de Pastoral Penitenciaria ha vuelto a recordar que “la pena capital jamás ha disuadido del crimen”.
En un mensaje difundido recientemente, con motivo de la semana anual de sensibilización dentro del universo carcelario, los obispos lamentan que “numerosas personas inocentes fueron ejecutadas en el pasado” y subrayan que “militar contra la pena de muerte no significa querer dejar a los criminales en libertad”. “Arrebatar la vida a una persona condenada y ya en situación de no poder hacer daño es un ejemplo deplorable que ofrecemos a las nuevas generaciones, como si la vida fuera un bien disponible equivalente a un dispositivo o aplicación cualquiera”. El texto –del que se hizo eco Radio Vaticano– insiste en que la pena de muerte nunca ha disuadido a la delincuencia, por lo que la Iglesia llama, sobre todo, a aplicar “una justicia restaurativa, capaz de sanar las heridas, reconciliar a las víctimas con su agresor y garantizar la rehabilitación de los presos”.
Filipinas es uno de los pocos países asiáticos que, a pesar de la oposición de algunos sectores ciudadanos, abolió la pena de muerte. Precisamente, en su capital, Manila, la Comunidad de Sant’Egidio organizó días atrás una conferencia internacional con la participación de varios ministros de Justicia, funcionarios públicos, activistas de derechos humanos y representantes religiosos, para tratar de alcanzar una moratoria sobre la pena de muerte en Asia, un continente que ostenta el récord de ejecuciones. A la cabeza figuran países como China, Singapur y Vietnam. Aunque el Gobierno de Pekín mantiene el más absoluto secreto sobre este asunto, Amnistía Internacional calcula que solo el número de ejecuciones en territorio chino es mayor que en el resto del mundo. Otro caso preocupante es el de la República de Maldivas, que ha restaurado la pena de muerte en abril incluyendo a menores de edad.
