La Iglesia exige al Gobierno que proteja a los mineros en Puerto Maldonado (Perú)
JOSÉ LUIS FRANCO (INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, LIMA) | Perú es un país abundante en recursos mineros, pero esta riqueza, lejos de traducirse en el ansiado progreso, se ha convertido en fuente de conflictos sociales. Clara muestra de ello es lo que viene ocurriendo en Puerto Maldonado, capital del Departamento de Madre de Dios, un lugar del sureste del país, en la Amazonía, famoso no solo por su clima tropical y la diversidad cultural, sino también por la presencia de la extracción de oro artesanal e ilegal.
Lo que empezó hace varias décadas como una explotación a pequeña escala, se ha transformado en una fiebre de oro que, además de causar un grave daño ambiental, se manifiesta a través de la trata de niñas y niños para la prostitución y la actividad minera.
Un panorama regional que se ha desbordado y que ha llevado al Gobierno a aplicar, desde 2012, una serie de medidas en contra de la minería ilegal a través de decretos legislativos que, lamentablemente, carecen de un adecuado criterio técnico, social y político, pues afectan igualmente a justos y a pecadores: a los mineros ilegales, a los que de buena fe quieren legalizarse y a la población pobre de los alrededores, que nada tiene que ver con el problema. Estas medidas, en lugar de orientarse a la prevención de conflictos, han dado lugar a numerosas y tensas protestas sociales, cuyo obvio resultado han sido las intervenciones policiales, con altos saldos de violencia y vidas humanas.
Esta delicada situación estalló el pasado abril, cuando hubo incluso un paro minero de casi un mes de duración. Entonces, el Obispado (Vicariato Apostólico) de Puerto Maldonado emitió un pronunciamiento en el que clamó por que “reine la paz con justicia en Madre de Dios”. En el documento, además, se entraba en las profundidades del conflicto y, si bien se resaltaba la importancia de la minería en la generación de empleo, se denunciaba el auge mayoritario de los “mineros del oro”, porque “no han hecho hasta ahora ningún esfuerzo libre y voluntario para mitigar los efectos de esta actividad”. Así, se exigía al Ejecutivo reglamentar la formalización de la actividad minera, pero en forma realista y aplicable.
Desde entonces y hasta ahora, toda vez que la problemática continúa muy presente y la tensión no ha amainado, la palabra de diversos religiosos de la zona se ha hecho sentir con fuerza. Juan Carlos Ancajima, dominico, es uno de ellos:
Se dice que el Gobierno central quiere formalizar la situación de los mineros, pero este no pone los medios y los mecanismos necesarios para que los mineros puedan regular su situación. Hay muchas trabas, documentos que no se consiguen y trámites que no llegan a realizarse. Se cree por eso que lo que busca el Ejecutivo es alejar a los pobladores de la minería ilegal a toda costa para implantar una minería a gran escala, con empresas grandes, y darles también concesiones en tierras para la explotación de otros minerales, como ocurrió ya con las concesiones para la explotación de la madera.
En opinión de Xavier Arbex, sacerdote diocesano a cargo de la parroquia San Vicente de Paúl, esta es una:
Estrategia de guerra para eliminar la minería de Madre de Dios, donde el Gobierno ha usado mentiras, engaños y atropellos. Esto es un error, porque antes de amputar hay que intentar sanar.
Porque la vida vale más que el oro [íntegro solo suscriptores]
En el nº 2.911 de Vida Nueva
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