Comienza un nuevo curso escolar marcado por la implantación de la LOMCE, dificultades de la escuela concertada y la crisis
- EDITORIAL: Educación: una cuestión sin resolver
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FRAN OTERO | Ya ha comenzado un nuevo curso, el 2014-2015. Pero no será un curso cualquiera, sino el del comienzo de la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que constituye la séptima reforma educativa de la democracia en España y la segunda impulsada por el Partido Popular tras la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que no llegó a ponerse en marcha tras ser derogada por José Luis Rodríguez Zapatero al acceder al Gobierno en 2004.
En total, 30 años sin apenas consenso entre las fuerzas políticas en una cuestión capital para el futuro de un país y que han supuesto un lastre, tal y como reflejan numerosos informes internacionales. Uno de los últimos de los que hemos tenido conocimiento es el que acaba de publicar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que arroja cifras preocupantes, como la de los 1,7 millones de jóvenes españoles que, cerca de cumplir 30 años, no tienen trabajo ni estudian, los conocidos como ni-ni.
O lo que es lo mismo, un 31% de los jóvenes entre 15 y 29, un porcentaje muy superior a la media de la OCDE (15%). Otro de los lastres del sistema español es que un mayor nivel educativo no garantiza la empleabilidad, de modo que esta barrera de protección frente al desempleo es mucho más débil en nuestro país. De hecho, según el informe, una persona con estudios superiores tiene en España un 55% de posibilidades de estar empleado, frente al 63% del conjunto de países de la OCDE.
Si bien es cierto que, en materia de inversión, España está por encima de la media, el informe pone de manifiesto que hay todavía mucho terreno por recorrer para alcanzar los niveles “de competencia y formación” de otros países. Es esta una de las razones que ha llevado al Gobierno de Mariano Rajoy a plantear esta ley que, aunque en su programa electoral, ha visto la luz sin apoyos fuera de la mayoría absoluta popular, y que se ha traducido en el compromiso de todos lo grupos del Congreso de los Diputados –a excepción de UPyD, UPN y Foro Asturias– de derogarla en cuanto les sea posible. Un rechazo al que se han sumado las comunidades autónomas que no gobierna el PP –Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias–, que presentaron en su momento recursos ante el Tribunal Constitucional.
Este año, la legislación promovida por el ministro José Ignacio Wert se implantará en los cursos impares de la Educación Primaria, y, además, iniciará una nueva modalidad de Formación Profesional Básica, que pretende reducir las tasas de abandono escolar temprano, una tasa que en los primeros meses de 2014 se situaba en el 22,7%, la peor de la Unión Europea y el doble de la media (11%). Entre las novedades que se pondrán en marcha en la Educación Primaria, destacan el aumento de horas de las asignaturas básicas, así como la división en Conocimiento del Medio en Ciencias Sociales y Naturales y la nueva alternativa a la Religión. También se incorporan pruebas de evaluación externas, lo que se ha dado en llamar reválidas.
Los recortes continúan
El pasado lunes 15 de septiembre, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, compareció ante los medios de comunicación para dar cuenta del informe Datos y Cifras. Curso escolar 2014-2015, en el que queda de manifiesto que el Gobierno sigue aplicando su política de recortes. Aunque la inversión en educación se incrementa para el curso que comienza (0,1%), su relación porcentual con el PIB disminuye del 4,46 al 4,39%. Una partida que, en su mayoría, se utiliza para afrontar los gastos de personal (64,1%), aunque el 11,8% que se dedica a conciertos y subvenciones también se destina a pagar a la misma cuestión. Partida en la que se incluyen los docentes, que en el curso que terminó en junio ascendían a 670.778, con un pequeño aumento con respecto al curso anterior.
Además, según datos del propio Ministerio de Educación, las becas se redujeron el curso pasado en 75 millones de euros, en torno a un 5% menos que el anterior, aunque si se contabiliza por año natural y sin generar deuda alguna, el resultado es distinto. De este modo, como defiende el MEC en lo que parece ser ingeniería estadística, la cifra invertida en 2014 asciende a 1.465,8 millones de euros, siendo la más alta de la serie histórica, de los que un 65,3% está destinado a becas y ayudas universitarias, mientras que el 31,6% va para estudios posobligatorios no universitarios y el 26,6% para los niveles de infantil, enseñanza obligatoria y educación especial.
Vuelta al cole: Nueva ley, viejos problemas [íntegro solo suscriptores]
En el nº 2.909 de Vida Nueva
