El episcopado clama de nuevo contra los disturbios de las últimas semanas
JOSÉ LUIS CELADA | Venezuela sigue sumida desde hace semanas en una oleada de protestas que se ha cobrado ya casi una veintena de muertos y decenas de heridos y detenidos. Es tal la “carga de violencia” desatada en los enfrentamientos entre la policía gubernamental y los manifestantes, que la Iglesia católica ha vuelto a manifestar su “seria preocupación” por las “lamentables consecuencias” de estos sucesos: muertes, heridos y graves pérdidas en el patrimonio familiar e institucional.
Porque “los fallecidos o los heridos no pertenecen ni al Gobierno ni a la oposición, sino a sus familias y al pueblo de Venezuela, sin distinciones ni colores”, recuerdan los obispos. A todo ello se unen los saqueos en diversas partes del país, con el consiguiente estado de “miedo e indefensión” que generan.
En un comunicado hecho público a finales del mes pasado por la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), y que retoma algunos de los asuntos abordados en su anterior llamamiento del 14 de febrero, los miembros de la jerarquía católica reivindican “el derecho a la protesta” de los estudiantes y del pueblo en general. Siempre dentro de los cauces constitucionales, tratando de evitar que dicha protesta “degenere en actos de violencia”, como viene ocurriendo desde el inicio de este nuevo estallido social.
“La violencia, venga de donde venga, es inaceptable y nunca producirá frutos de sana convivencia”, advierten los pastores. En este sentido, muestran también su rotundo rechazo al empleo de “la fuerza ejercida en algunas manifestaciones por parte de organismos de seguridad del Estado”, y piden que se investiguen tales casos y se ponga en manos de la Justicia a los miembros de estos colectivos que “hayan abusado de su autoridad”.
El documento episcopal tampoco ignora el sentimiento de “indefensión” que padece la ciudadanía ante “la irrupción de grupos armados no policiales ni militares que han arremetido contra la población”. Su presencia, al margen de la ley y sin autoridad alguna, atenta “contra las bases de la convivencia”, por lo que reclama una actuación de la autoridad competente que les impida seguir realizando sus “fechorías” y una investigación de las mismas.
Promover la reconciliación
Defensores de la “sociedad pluralista” que garantiza la Constitución, los prelados venezolanos insisten en que “ningún modelo social o político tiene el derecho a imponerse a los demás” y urgen a un “diálogo nacional” (ver apoyo más abajo), que exige preservar la convivencia de las diferencias y –como han reiterado con anterioridad– promover “el necesario proceso de reconciliación”.
Todo ello, por tanto, pasa por “un encuentro sincero, abierto y fraterno” que facilite ese diálogo entre los diversos actores sociales: desde el presidente Nicolás Maduro a las demás autoridades nacionales, regionales y municipales, pasando por los agricultores, los obreros, las gentes del mundo de la cultura, empresarios, comerciantes, académicos, profesores, estudiantes, miembros de los consejos comunales y representantes de las diversas religiones.
Finalmente, a la luz de la Palabra de Dios, que nos recuerda que “todos somos hermanos”, el Episcopado venezolano exhorta a sus compatriotas a llevar a cabo “un cambio radical en el lenguaje: que no sea ni descalificador ni ofensivo”. Primer paso para que “todos juntos –concluye el texto– hagamos sentir al mundo que la enseñanza de Jesús, el Señor, nos guía para impulsarnos a ser constructores de una paz auténtica”.
Respeto y verdad, bases para el diálogo
A juicio de los obispos, el diálogo que necesita su país implica, por un lado, “respeto y reconocimiento de los otros que son distintos, que piensan diversamente”, lo cual significa que “pedir diálogo y paz con un verbo encendido o incendiando la calle no produce el efecto esperado”. Y, por otro, “la búsqueda de la verdad”, un valor que “se ha perdido” entre disputas políticas.
Por eso, confían en que la Comisión de la Verdad propuesta para esclarecer los acontecimientos de las últimas fechas no favorezca a “un sector en detrimento del otro”, sino que contribuya a buscar la verdad de los hechos, para que “Venezuela conozca a quienes han delinquido y paguen su condena, sea quien sea”.
En el nº 2.885 de Vida Nueva.
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