El Episcopado expone una lista de “deberes” con los que revertir la situación
Son asesinadas más de 6.000 personas al año en el país
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Si 2013, al igual que los últimos tres años, se cerró en Guatemala con más de 6.000 asesinatos, desgraciadamente el año no ha empezado mejor. Y es que este grave índice de homicidios (más del 80% son por armas de fuego) se ha visto simbolizado en un impactante suceso que acaeció el pasado 8 de febrero en San Luis, en el departamento de Petén, cuando nueve personas fueron ejecutadas durante un enfrentamiento entre bandas narcotraficantes.
Una tragedia que fue condenada por el arzobispo de Santiago de Guatemala, Óscar Julio Vian Morales, quien, entre 1996 y 2007, fue administrador apostólico en la región. “Es terrible que en Guatemala no se respete la vida”, se lamentó. Algo que, reconoce, se da especialmente en enclaves como Petén, más que “tierra de nadie”, ya, directamente, “tierra sobre todo de los narcotraficantes”.
En este contexto, aunque fue publicado días antes, resulta especialmente interpelante el mensaje de la Conferencia Episcopal de Guatemala, reunida en Santiago por su Plenaria Anual. En dicho comunicado, que aúna la denuncia y la esperanza, los obispos apuntan las señales que marcan el “proceso deshumanizador” que está viviendo su país: el egoísmo, la corrupción, la acción de las organizaciones criminales, la devastación de los recursos naturales, la contaminación, la explotación laboral, la especulación financiera, la prostitución, la trata de seres humanos, el maltrato a los inmigrantes, la pobreza, la injusticia, la desigualdad, el consumismo materialista, la violencia salvaje… Todo ello resumido en la idea del “olvido del prójimo”, fruto de “una mentalidad de la indiferencia y el desprecio hacia los más pobres y vulnerables”.
Contradicción entre cristianos
Algo que, a juicio de los prelados, “se da contradictoriamente en un país en el que la mayoría se considera creyente en Cristo Jesús”. Así, no dudan en admitir que “vivimos en un país de contradicciones, de polarizaciones, de antagonismos y conflictos, de descontento y desilusión que deben ser resueltos con celeridad para evitar caer en el fondo del abismo de la desesperación”.
Frente a este desalentador panorama, el Episcopado invita a mantener la esperanza. Y lo hace marcando un “camino de fraternidad” que es posible seguir si se basa en un compromiso real con valores como “la fe, la justicia, la verdad, la libertad y la solidaridad”.
Pero, ¿cómo concretar ese tránsito e involucrar en él a la sociedad? En su intuición, marcando una serie de “deberes” particulares a cada colectivo y haciendo ver la necesidad de tener en cuenta a “los más desfavorecidos”; esto es, a “los campesinos sin tierra, los indígenas discriminados, las mujeres abandonadas, las familias empobrecidas y desintegradas, los ancianos, los desempleados, los jóvenes sin oportunidades, las madres solteras, los enfermos sin asistencia médica, los niños desnutridos, los que no tienen para comer y tantos otros que sufren las consecuencias de la pobreza y la miseria”.
En este sentido, junto al de la “solidaridad” y la “caridad universal”, los pastores reiteran la urgencia del “deber de la solidaridad” a todos los colectivos: los diputados (que deben “legislar en favor del bien común sin perder el tiempo con polémicas inútiles y sin caer en la tentación del dinero que compra conciencias”); el poder ejecutivo (que ha de tener “un oído atento a las demandas de la población, que pide ser escuchada y no criminalizada”); el poder judicial (que no puede “ceder a presiones ni intereses de ninguna clase”); el empresariado (que ha de huir del “acaparamiento de riquezas” y las “ambiciones desmedidas”, favoreciendo el “desarrollo inclusivo”); las fuerzas de seguridad (que están obligadas a llevar “una vida recta y coherente con los principios morales del respeto a la vida y a la verdad”); los trabajadores (que deben asegurar “el cumplimiento exacto y respetuoso de sus obligaciones”); los terratenientes (que han de tener conciencia de que “Dios hizo todo para todos”) y, en definitiva, la entera sociedad civil, que, “en sus protestas legítimas, no recurre a la violencia ni a medidas de hecho que afectan los derechos de otros ciudadanos”.
Como no podía ser menos, en este proyecto de regeneración nacional, no pueden quedar excluidos “los clérigos y pastores” de toda condición, pues han de dar ejemplo y ser “promotores de la unidad y el respeto mutuo”.
En el nº 2.883 de Vida Nueva
