El Arzobispado cierra la Oficina de Tutela Legal que atendía a las víctimas de la guerra
Panteón de los jesuitas asesinados en San Salvador
JOSÉ LUIS CELADA | El pasado 30 de septiembre, “mediante decreto eclesiástico”, el Arzobispado de San Salvador procedía a “la disolución de su Oficina de Tutela Legal (OTLA)”, un organismo constituido el 27 de mayo de 1982 por el entonces arzobispo metropolitano, Arturo Rivera Damas, con la misión de “prestar asistencia legal y social a las víctimas de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se produjeron en la época del conflicto armado” (1980-1992).
Así se recoge en un comunicado hecho público apenas dos días después por la arquidiócesis, y que lleva la firma del actual titular de la sede, José Luis Escobar Alas.
Esta decisión, según la misma fuente, responde a la necesidad de “adecuar de una mejor manera” las estructuras diocesanas “en el área de resguardo, acompañamiento y derechos de las víctimas en los tiempos actuales”. Medida que se inscribe en el “natural” discurrir de la Iglesia y “su constante reforma y reorganización para prestar el mejor servicio según las propias exigencias sociales de cada momento histórico”.
El cierre de la OTLA ha supuesto también el despido de sus trabajadores, quienes, “de forma satisfactoria, firmaron las respectivas actas de finiquito, y recibieron la totalidad de las prestaciones laborales que a la fecha correspondían”, aclara la nota. Los afectados, sin embargo, no parecen coincidir con esta versión oficial de los hechos, y denunciaron en la prensa del país que, al acudir a sus puestos de trabajo, fueron recibidos por guardias armados, antes de descubrir que habían sido cambiadas las cerraduras de las oficinas.
Así, el domingo día 6, junto a cientos de personas, se manifestaron frente a la catedral de San Salvador para protestar por la situación creada.
No han sido los únicos, porque, durante las semanas siguientes, se han ido sucediendo las muestras de sorpresa, rechazo y dolor por la decisión adoptada. Es el caso de los supervivientes de la masacre del Río Sumpul, en mayo de 1980, que han reclamado la restitución de los archivos de la OTLA relativos a aquel trágico episodio, cuando cientos de civiles –entre ellos, numerosas mujeres y niños– fueron asesinados por fuerzas gubernamentales y paramilitares.
En su opinión, el cierre de la OTLA pone en peligro la investigación en curso, pues los citados archivos contienen los nombres de más de 300 víctimas y la identidad de sus asesinos. Otro tanto sucede con la matanza de El Mozote (diciembre de 1981), donde casi mil campesinos perdieron la vida a manos del batallón Atlacatl. El mismo que, en noviembre de 1989, asesinó a sangre fría a seis jesuitas, su cocinera y la hija de esta en la Universidad Centroamericana ‘José Simeón Cañas’ (UCA) de la capital.
El arzobispo Escobar
Precisamente, la Junta de Directores de este centro dio a conocer el 17 de octubre un pronunciamiento mostrando su extrañeza y profundo dolor por la disolución de la OTLA, de cuyo “meritorio trabajo al servicio de los más pobres y en defensa de la víctimas” han sido testigos a lo largo de muchos años. A su juicio, dicha Oficina ha sido “un notable símbolo de compasión y misericordia, de opción por el pobre y por la justicia por parte de la Arquidiócesis de San Salvador”, por lo que, con su desaparición, “se pierde un testimonio valioso de lo que significa pastorear la Iglesia”.
Trabajo por hacer
La UCA recuerda también que “aún no se han saldado satisfactoriamente las consecuencias de los crímenes cometidos en tiempo de guerra, y es humano, y por ello cristiano, darles seguimiento”.
“Hay un gran trabajo por hacer al lado de este pueblo injustamente humillado y violentado”, insiste la nota. Y, tras comprobar el “notable eco” que ha despertado una medida “no consultada con el conjunto del pueblo de Dios”, recomienda una “reconsideración profunda” del cierre de la OTLA.
La institución jesuita admite que “es muy difícil aceptar que el pastor no dé lugar a que las personas que trabajan a su lado desde hace años reciban personalmente sus preocupaciones, sus decisiones y los motivos de estas”. “La Iglesia –concluye– necesita en sus autoridades formas dialogantes de actuar para evitar el riesgo de reflejar modelos autoritarios impropios del seguimiento de Jesucristo”.
A raíz del revuelo mediático por la polémica suscitada, tanto a nivel nacional como internacional, el propio arzobispo Escobar compareció en rueda de prensa solo dos días después de emitir el primer comunicado, para denunciar que la Iglesia estaba siendo objeto de “una campaña injusta de difamación y calumnia”. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, sus explicaciones añadieron más leña al fuego, al acusar a los antiguos empleados de “irregularidades” financieras y administrativas en el desempeño de su trabajo, “en perjuicio de las víctimas”. Aunque en ningún momento citó “nombres y situaciones concretas, lo cual arrojó una sombra de duda sobre todo el grupo, que no tuvo oportunidad de defenderse”, lamentan los representantes de la UCA.
Algunas fechas más tarde, los propios afectados salían al paso de las acusaciones del prelado, argumentando que la labor de la Oficina de Tutela Legal se basaba en “proyectos sociales avalados por el señor arzobispo, contando con constantes auditorías internas y externas puestas por los mismos cooperantes y la administración del Arzobispado… y en ningún momento señalaron resultados negativos”.
El cierre de la OTLA se produce justo cuando la Corte Suprema de Justicia del país debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, que garantiza la impunidad y protege a los autores de los miles de desapariciones y asesinatos cometidos durante el conflicto armado que sufrió el país centroamericano. También coincide con la decisión de la Fiscalía General de la República de investigar las violaciones de los derechos humanos que se produjeron en aquellos años y emprender un proceso penal contra los responsables de estos delitos.
¿Y ahora qué?
Después de varias décadas prestando asesoría jurídica a las víctimas de la dictadura militar y de la guerra, tras haber tomado el testigo del Socorro Jurídico fundado en 1977 por el asesinado arzobispo Óscar Romero, la OTLA ha echado el cierre dejando una sensación de desvalimiento entre el pueblo.
Considerada por la UCA “símbolo de la defensa de las víctimas en casos de gran relevancia”, sobre todo bajo la dirección de la ya fallecida María Julia Hérnandez, su desaparición abre una etapa de incertidumbre.
Una Comisión ad hoc se encargará de “finalizar y liquidar” los proyectos existentes. Esta instancia, según el arzobispado, deberá redactar un informe proponiendo las “reformas organizativas y estructurales” para crear en un futuro “un nuevo organismo arquidiocesano, fundado en los valores de justicia y paz, que continúe garantizando la defensa de los derechos humanos de las víctimas de nuestra sociedad actual”.
Mientras, y desde el 1 de octubre, funciona un Centro de Documentación y Archivos para “proteger cuidadosamente y administrar el legado” de la OTLA como parte de “la memoria histórica del país y de la Iglesia”.
En el nº 2.870 de Vida Nueva.
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