Los jesuitas lideran las protestas, a la vez que denuncian el silencio del Episcopado
Riesgo de expulsión para 250.000 ciudadanos en República Dominicana [extracto]
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Hasta 250.000 ciudadanos de la República Dominicana (de origen haitiano en el 86% de los casos) podrían perder su nacionalidad y ser expulsados del país. Eso es al menos lo que se desprende de una sentencia del Tribunal Constitucional que, emitida en septiembre, rechazaba la apelación de Juliana Deguis Pierre para que le fuera devuelto su documento nacional de identidad, que le fue retirado en 2007 por considerarse que sus apellidos eran haitianos y que no podía demostrar que sus padres no estuvieran en condición de irregularidad.
Aunque desde 1929 ha sido un uso jurídico en la república caribeña el conceder la nacionalidad a toda persona nacida en su territorio (incluyéndose a los hijos de los miles de jornaleros haitianos que trabajan en labores como el cultivo de la caña de azúcar), esta medida profundiza en un camino iniciado en 2004, cuando una Ley de Migración empezó a considerar como personas en tránsito a quienes estaban en situación de irregularidad. En 2010, este cambio fue incluido en la Constitución.
Sin embargo, con esta sentencia del Tribunal Constitucional se va más allá, al aplicarse con carácter retroactivo y llegar hasta 1929. Por lo tanto, todos los ciudadanos cuyo origen no sea plenamente dominicano son los que perderían el documento de identidad nacional y, además de no tener garantizado ningún derecho jurídico (ni siquiera en materias como educación, sanidad, empleo o voto), estarían expuestos a una eventual deportación. En definitiva, hasta 250.000 personas estarían en esta situación en un país cuya población se sitúa en los diez millones.
Consultado por Vida Nueva, el jesuita dominicano Mario Serrano, director nacional del Sector Social de la Compañía de Jesús, es contundente a la hora de situar el origen de la sentencia: “Quien se está planteando esto es la ultraderecha, que forma parte del Gobierno y que ha sido fortalecida desde el anterior Ejecutivo de Leonel Fernández. Este antihaitianismo de las élites todavía busca aplicar el plan trujillista de blanquear el país. El equipo actual no ha sido capaz de desprenderse de esa fuerza y sigue pactando con ella”.
Desviar la atención
Aunque el actual presidente, Danilo Medina, ha declarado que acatan lo dictado por el Tribunal Constitucional, ha insistido en que, en dos meses, emprenderán un proceso de regularización de extranjeros. Pese a ello, el jesuita cree que no habrá una marcha atrás, debido a unos intereses de fondo: “El discurso de la ideología nacionalista ayuda a desviar la atención de la población hacia un enemigo falso: los migrantes y sus descendientes. Mientras tanto, ellos quedan impunes de sus delitos y siguen tramando”.
No obstante, el también coordinador de la Pastoral Haitiana en la Conferencia Episcopal extiende sus críticas más allá de la clase política en el poder y las dirige contra los principales representantes del propio Episcopado: “Nuestra jerarquía está entre el silencio y el apoyo a la sentencia. De hecho, el cardenal ha manifestado su apoyo de manera pública en tres ocasiones [Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo, ha declarado que “el Tribunal Constitucional actúa apegado a la Constitución y a la ley”]. Y todo pese a que hace un año hablé con él en su oficina para presentarle el tema. Igualmente, hace unos tres meses hablé con todos los obispos en su reunión anual”.
Hasta ahora, es el Centro Bonó el que está capitalizando la respuesta en la sociedad dominicana. Constituido oficialmente en 1997 (aunque lleva funcionando desde 1982), se trata de una obra social y educativa de la Compañía de Jesús que, en las barriadas de las ciudades, impulsa una formación alternativa para quienes tienen dificultades para asistir a la escuela.
En todo este tiempo, siempre ha sido una plataforma para impulsar una “conciencia crítica” entre la ciudadanía, combatiendo prejuicios que culpabilizan a la población migrante, originaria en su mayoría del vecino Haití.
Al Centro Bonó se ha sumado la Conferencia Dominicana de Religiosos, que ha emitido un comunicado en el que critica la sentencia y anuncia su decisión de acompañar a los afectados.
Junto al resto de organizaciones implicadas, Serrano sueña con que se torne la situación y se viva en una sociedad “en la que los dominicanos de ascendencia haitiana nos harán más humanos, más cristianos y más dominicanos”.
En el nº 2.869 de Vida Nueva.
