Guadalupex integra a 140 asociaciones que piden un cambio de jurisdicción eclesiástica
Guadalupe, ¿toledana o extremeña? [extracto]
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA. Fotos: GUADALUPEX | A buen seguro, la del 8 de septiembre será una jornada de alegría en el monasterio-santuario de Guadalupe, en Cáceres. Y es que ese día, que además es domingo, se celebra la festividad de la Virgen de Guadalupe, siendo también el Día de Extremadura. Sin embargo, algunos de los que acudan por primera vez a esta celebración mariana pueden sorprenderse al conocer que, eclesiásticamente, el templo pertenece a la Archidiócesis de Toledo y no a la Provincia Eclesiástica de Extremadura.
Así lo cree Vicente Sánchez-Cano, presidente de Guadalupex, asociación cívica que integra a 140 instituciones culturales, civiles y corporativas, todas extremeñas, que solicitan que la casa de su Patrona pertenezca a todos los efectos a su tierra.
El origen del conflicto
Pero, antes de continuar con lo que, a juicio de Vicente, “es percibido por los extremeños como una discriminación”, lo mejor es acudir al origen histórico de un conflicto que se mezcla con la organización del Estado.
Todo se inicia en 1833, cuando España pasó a estar dividida en provincias. Bajo el impulso de Javier de Burgos, el país fue articulado por primera vez en 49 provincias y 15 regiones (embrión de las actuales autonomías). Este hecho no dejó indiferente a la Iglesia, siendo entonces la Archidiócesis de Toledo la principal de España. Así, por el Concordato firmado en 1851 con las autoridades nacionales, se aceptaba adaptar la organización de las fronteras eclesiásticas, en lo posible, a las civiles. Todo para tratar que, de un modo aproximado, los respectivos territorios guardaran semejanza entre su disposición administrativa y la eclesiástica.
Sin embargo, como lamentan desde Guadalupex, en Extremadura se mantiene la situación “anómala” por la que, además de 31 pueblos que consideran propios y también pertenecen a Toledo, su Patrona esté incardinada en otra demarcación eclesiástica. Un hecho que, como manifiestan, “no se produce en ninguna otra diócesis de Europa”. Y eso, defiende Vicente, “pese a que tanto el Concordato de 1953 como luego el Concilio Vaticano II siguieron insistiendo en la idea de la normalización territorial”. Pero, aunque todo pareció cambiar con la creación de la Provincia Eclesiástica de Extremadura en 1994, lo cierto es que todo sigue en el mismo estado.
Ante esta inacción, Guadalupex nació hace cinco años con el fin de reclamar la integración del santuario y de esos 31 municipios en la jurisdicción eclesiástica extremeña.
El hecho de que sean una asociación cívica y no eclesial lo explica su presidente: “Aunque la mayoría somos católicos, quisimos darle un enfoque más aglutinador al entender que también es un tema cultural, social e institucional. Que Guadalupe sea extremeña es un clamor entre nosotros. Despierta una gran sensibilidad en la gente, pues ningún símbolo refleja mejor lo que es Extremadura que su Patrona. En todo local de emigrantes extremeños, en cualquier ciudad fuera de nuestra tierra, antes que nuestra bandera hay una talla de la Virgen de Guadalupe. Ella es lo que más nos une”.
Puente con América
El problema tiene repercusiones que van más allá de lo puramente identitario. Así lo entiende José Julián Barriga, de Guadalupex, quien no duda en hablar de “abandono institucional” en el santuario: “Tiene un potencial enorme, pero está desaprovechado. Solo se utiliza para bodas, bautizos y comuniones, pero, qué duda cabe, podría ser un excepcional marco para cursos de la Universidad de Extremadura. La dimensión de Guadalupe es enorme y va más allá de nuestras fronteras, como se ve en México, donde su veneración es continental. Guadalupe podría ser un puente con América Latina, pero no se hace nada y eso es un gran antitestimonio para la sociedad, que no lo entiende y ve cómo los cristianos disputamos por estas cosas”.
Un hecho importante se produjo el 18 de febrero de 2010, cuando la Asamblea de Extremadura hizo una declaración institucional reclamando Guadalupe para la Provincia Eclesiástica de Extremadura, entendiendo que se trata de un “símbolo identitario que nos refuerza y nos une como pueblo”. Al poco tiempo, se sumaron las dos diputaciones y los ayuntamientos extremeños.
Vicente Sánchez-Cano (abajo, segundo por la dcha.), con el resto de la junta de Guadalupex
Pese a que en la declaración se insistía en el respeto a la “independencia y autonomía de la Iglesia católica para gestionar sus propios asuntos e intereses”, lo cierto es que esto causó malestar en la Archidiócesis de Toledo, que lo vio como una injerencia política.
Tras ese punto de tensión, por el que incluso Guadalupex convocó a una peregrinación anual al santuario con el fin de reivindicar su pertenencia extremeña, Vicente aclara que desde la asociación apuestan por el diálogo y para ello han remitido varias cartas al arzobispo toledano.
Finalmente, basta un simple vistazo al listado de asociaciones que apoyan a Guadalupex para hacerse una idea de que la reclamación de que Guadalupe sea eclesiásticamente extremeña obedece a un clamor social que va más allá de lo religioso. Así, entre esas instituciones, las hay tan dispares entre sí como la Fundación Academia Europea de Yuste; la fundación empresarial GEM Extremadura; la Asociación de Periodistas de Turismo de Extremadura; la Asociación de Amigos del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres; la Asociación de Amigos de las Catedrales de Plasencia; la Asociación de Amas de Casa y Consumidores y Usuarios de Cañaveral; la Asociación de Donantes de Sangre de La Codosera; el Ateneo de Cáceres; el Liceo de Mérida; el Club Náutico Tajomar; el Club Taurino Trujillano o las Asociaciones de Mujeres Progresistas de La Codosera.
Es obvio que urge una solución para este problema religioso, social y cultural.
El arzobispo Santiago García Aracil
La clave está en Roma
Aunque no se haga polémica de ello, los obispos titulares de las tres diócesis extremeñas manifestan que su deseo sería una Guadalupe incardinada eclesiásticamente en su tierra.
En declaraciones a Vida Nueva, Santiago García Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz, reconoce como “lógico” que el santuario “pertenezca a la jurisdicción eclesiástica de las diócesis que abarcan casi todo el territorio extremeño”. Pero insiste en mantener la paciencia y el sosiego, pues “debe tenerse en cuenta que los pasos a dar en las estructuras eclesiásticas tienen su complejidad, por diversas razones que escapan a quienes puedan ver este asunto como un problema de orden civil o social”.
El prelado concluye que “sería un error pensar que el problema está en la voluntad del arzobispo de Toledo”, pues “las decisiones en la Iglesia no son personalistas ni partidistas” y no se trata de un “tema de negociaciones entre dos personas”.
En definitiva, a su juicio, la responsabilidad última está en Roma: “Cuando se trata de remodelar límites diocesanos, el asunto corresponde a la Santa Sede; y la Santa Sede está perfectamente enterada. Actuará cuando lo estime oportuno y habida cuenta de todas las implicaciones en juego”.
En el nº 2.861 de Vida Nueva
