Declaración UNIJES, una propuesta de regeneración de la vida pública

Presentado el texto de la red que agrupa a las universidades y centros superiores de la Compañía de Jesús

declaración UNIJES Por la regeneración democrática de la vida pública en España 2013

Los firmantes y participantes en la presentación del texto

Declaración UNIJES, una propuesta de regeneración de la vida pública [extracto]

FRAN OTERO | La Compañía de Jesús ha vuelto a dar un paso al frente. Esta vez, a través de UNIJES, la entidad que agrupa a las universidades y centros superiores jesuitas que, movida por la situación de crisis y de deterioro político, además de por su responsabilidad en la investigación y transmisión de conocimiento y por el humanismo cristiano, acaba de publicar una declaración bajo el título Por la regeneración democrática de la vida pública en España.

La presentación del texto –el pasado 11 de julio en Madrid– corrió a cargo del presidente de UNIJES, Jaime Oraá; del director general, Carlos Losada, y del rector de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez, e incluyó un diálogo sobre el mismo a cargo de los exministros Javier Solana y Josep Piqué y del filósofo Daniel Innerarity, moderados por el periodista José Antonio Zarzalejos. Todos ellos valoraron la declaración por su oportunidad.

Y es que Por la regeneración democrática de la vida pública en España es un texto que apoyaría cualquier ciudadano y en el que caben todos. Una voz que se resiste “a aceptar como inevitable que no existan valores y criterios éticos, o a resignarnos y desinteresarnos por la vida común” y que desea “contribuir al diálogo desde nuestra aportación específica, desde nuestra vocación de servicio a la fe y a la promoción de la justicia, y de presencia en terrenos de frontera”.

“Nuestro punto de partida es la desesperanza y la falta de confianza hacia la política que dominan nuestros días. Este sentimiento se agrava por la crisis actual y por la situaciones de penuria que tantas personas y familias sufren, en un escenario que parece desbordar la capacidad de nuestros gobernantes y de la clase política en general. Y se agrava aún más, a la vista de las irregularidades y de los escándalos que venimos padeciendo”, comienza la declaración que, aunque reconoce que late una conciencia ética que responde a valores arraigados en la sociedad, no hay que olvidar, por contraste, “que durante estos últimos años hemos visto cómo se corrompían ciertas bases sociales y culturales de nuestra vida común”.

Dicho esto, y antes de apuntar algunas líneas de trabajo en favor de la regeneración política, los centros universitarios de la Compañía de Jesús exponen los principios inspiradores de la declaración.

De izq. a dcha., D. Innerarity, J. Solana, J. Piqué y J.A. Zarzalejos, durante el coloquio

Entre ellos, destacan que la política debe orientarse “a promover la justicia en la sociedad y, por ello, ha de prestar atención a las personas afectadas por la injusticias”; que su centro debe ser la persona humana, y su fin el desarrollo integral de todos; que la política recupere su espacio ante la economía, algo que “resulta más urgente en el contexto en que los mercados parecen imponer su lógica sobre los gobiernos y sobre los pueblos”, eso sí, sin que esto implique el rechazo de la economía ni de sus actores –“si la política ha de recuperar su espacio a la economía es para enmarcar estas actividades particulares dentro del bien común, de los intereses generales de la sociedad–.

Y finalmente, que todo ciudadano sea consciente de que tiene responsabilidad: “Si los miembros de una sociedad solo se consideran sujetos particulares, si se desentienden de los intereses generales e incluso ven en lo público un obstáculo que hay que procurar sortear, difícilmente se podrá hablar de ciudadanía y se producirá una ruptura inevitable entre la sociedad y el Estado”.

Algunas propuestas

En la declaración de UNIJES se incluyen, además, una serie de tareas “urgentes y prioritarias para devolver la dignidad a la política y para recuperar la confianza”. La primera demanda tiene que ver con una separación “más efectiva y real” de los poderes públicos: “La independencia del poder judicial es un asunto de mayor importancia, por lo que se debe evitar la politización partidista o corporativa de los órganos de gobierno de la judicatura, renunciar al sistema de cuotas, establecer procedimientos que garanticen la profesionalidad y la pluralidad y dotar al estamento judicial de los recursos necesarios”.

Del mismo modo, reclama a nivel general un mayor compromiso de transparencia, pues –añade– si las instituciones, partidos políticos y poderes públicos “se someten a una regulación clara y exigente de la transparencia, con buenas prácticas de control y rendición pública de cuentas y evaluación, toda la sociedad habrá ganado en un área especialmente sensible para la regeneración democrática”.

En tercer lugar, y en un mensaje dirigido a los partidos políticos, afirma que estos son actores esenciales de la vida política y, por ello, consideran “necesario” que actúen no subordinando el bien común a los intereses del partido y que imperen la claridad y la transparencia en sus finanzas.

Por ello, la declaración reclama que se reequilibre el excesivo peso de la partitocracia, a lo que ayudaría “una reforma electoral que reforzara la participación ciudadana, redujera el poder de los aparatos de los partidos y confiriera mayor protagonismo a la vida parlamentaria”.

También reclama, en relación con la ordenación territorial del Estado, la consecución de consensos básicos “que hagan viable un sistema que, sin llegar a ser perfecto, obtenga un mayor grado de aceptación que el actual y que garantice los grados deseables de cohesión y solidaridad”. “El diálogo es necesario y ha de ser responsablemente promovido y cuidado por todos los actores sociales y políticos”, añade.

Fraude fiscal y corrupción

Para UNIJES, no es posible la regeneración de la vida pública sin el fortalecimiento y la profesionalización de la administración, para la que pide una reforma orientada “a ganar eficacia y eficiencia”. Sobre la contratación en el sector público, apunta la necesidad de mayor estabilidad y transparencia.

Julio Martínez, rector de la UPCO

La declaración aborda también la economía sumergida, cuya salida a la luz debe ser “condición necesaria y urgente para combatir la corrupción, promover la justicia fiscal y la financiación equitativa de las cargas públicas”.

De hecho, sobre este último punto, pide una reforma fiscal que reparta las cargas equitativamente mediante una progresividad adecuada y evitando los incentivos a la evasión, opacidad o al descontrol. “El fraude fiscal no solo daña la vida común, sino que además incentiva la corrupción política. La existencia de paraísos fiscales, sin intercambio automático de información, resulta inadmisible. Todo ello ayudaría a encarar también la financiación irregular de los partidos políticos. Necesitamos un mayor consenso cívico para combatir el fraude y para fomentar los valores del comportamiento cívico y de la solidaridad”.

Finalmente, pide que tanto libertad de expresión como libertad de información se ejerzan responsablemente, y reclama a los medios que impulsen un sistema de autocontrol “que responda a buenas prácticas y a comités de ética, encargados de proteger y vigilar tanto la libertad de expresión como la veracidad de las informaciones y la debida utilización de las mismas, y que evite su uso oportunista o partidista, como sucede tantas veces”.

No concluye el documento sin expresar el compromiso propio. Un compromiso que radica en todos sus miembros, “para que, además de ser buenos profesionales, sean ciudadanos comprometidos”; en la educación cívica y política de sus estudiantes; y en la apertura de horizontes.

“Las universidades jesuitas debemos contribuir al desarrollo de una formación humanista amplia y abierta, a la difusión de una verdad crítica, al diálogo y a la promoción de la justicia. Si otros actores están en sintonía con esta declaración, cabe impulsar un gran pacto cívico que nos reanime y vincule a todos en un proyecto para mejorar la vida pública y convivencia”.

Ocho líneas de acción principales:

Separación, más real y efectiva, de los poderes públicos.
Compromiso de transparencia de todos los actores.
Un sistema de ordenación del territorio con mayor aceptación y que garantice los grados deseables de cohesión y de solidaridad.
Fortalecimiento y profesionalización del sector público.
Estabilidad y transparencia en la contratación del sector público.
La economía sumergida debe salir a la luz.
Reforma fiscal que reparta con equidad las cargas mediante una progresividad adecuada.
La libertad de expresión e información ha de ejercerse responsablemente.

En el nº 2.857 de Vida Nueva.