Sostienen que el paro no debería poner en peligro la dignidad humana
Stephen Harper, primer ministro de Canadá
Los obispos canadienses cuestionan la reforma laboral impulsada por el Gobierno [extracto]
J. L. CELADA | Desde una perspectiva cristiana, “el desempleo no debería socavar nunca la dignidad humana”, pues “toda persona sin trabajo tiene derecho a un modo de vida estable que le permita cumplir con sus responsabilidades, incluidas las relacionadas con la familia”.
Así se ha manifestado la Asamblea de obispos del Atlántico, en Canadá, tras las movilizaciones que se vienen produciendo durante las últimas semanas en el este del país para denunciar la reforma laboral del Gobierno, en concreto todo lo relativo al seguro de empleo, cuyos principales afectados serán los trabajadores temporales y contratados a tiempo parcial.
Conscientes de los “tiempos difíciles” que se están viviendo, en una carta dirigida a los fieles de sus respectivas diócesis, fechada el pasado 6 de mayo, los prelados reconocen que dicha reforma no está “exenta de críticas”. Y advierten que las medidas aprobadas implican “desafíos concretos” para la población de la región, en su gran mayoría integrantes de sus Iglesias diocesanas.
Para muchos de ellos, “algunos de los cambios introducidos por esta reforma tienen un efecto particularmente devastador”, como es el caso de los empleados temporales, cuya estabilidad de vida se vuelve “más vulnerable”.
Como responsables pastorales de estas comunidades cristianas, los firmantes de la misiva explican que “es difícil ignorar las numerosas pruebas y los efectos que estos cambios imponen” a sus compatriotas. Por ello, expresan su solidaridad con cuantos sufren estas situaciones “angustiosas”.
Y, aunque admiten que todos los temas que entran en juego en la reforma son “complejos”, se sienten “unidos en un solo corazón y un solo espíritu con nuestros hermanos y hermanas sujetos a las nuevas condiciones que limitan el acceso a un seguro de empleo”. Porque “es necesario tender la mano no solo a los miembros de nuestras parroquias afectadas por la reforma –aseguran–, sino también a cualquier persona golpeada” por la crisis actual.
El texto –que lleva la firma de Claude Champagne, o.m.i., presidente de la Asamblea de obispos del Atlántico– reitera más adelante “el apoyo y los ánimos” de los pastores a cada una de esas personas que, si bien intentan “responder de la mejor manera posible a la pruebas que les pone la vida diaria”, tienen “el derecho a ser tratadas con respeto y a abstenerse de obligaciones en absoluto razonables para acceder a cualquier forma de asistencia social”.
A su juicio, a pesar de que “algunos cambios en el seguro de empleo llegan a ser necesarios, sobre todo cuando se cometen abusos, las medidas anunciadas por el Gobierno deberían tener como único fin el bienestar de la persona, en lugar de imponer recortes que amenazan a los más vulnerables de nuestra sociedad”.
Recuerdan los obispos que ya gente “más cualificada en la materia” ha valorado el impacto de esta reforma sobre el desarrollo económico en la región atlántica, solicitando, por ello, “un estudio más en profundidad” de los cambios que supone. “Algunos incluso han pedido que se ponga fin a esta reforma”, aclaran. Una advertencia que, en su opinión, “merece ser tomada en serio por las partes interesadas”.
Entretanto, el mensaje episcopal concluye reiterando su “apoyo y solidaridad” al pueblo, con la esperanza de que se establezca “un sistema más equitativo y justo de asistencia para ayudar a un número creciente de gente que está pasando necesidad”.
Rechazo ciudadano
Las reformas laborales impulsadas por el Gobierno del primer ministro canadiense, Stephen Harper, entraron en vigor el pasado mes de enero y, desde entonces, han despertado el rechazo de miles de ciudadanos, que protestan contra unas medidas (en especial, el seguro de empleo) que califican de “injustas” y que afectan, sobre todo, a empleados que deben aceptar una rebaja de un 30% en sus sueldos y desplazarse hasta 100 kilómetros para poder trabajar.
En Montreal y otras localidades de la provincia de Quebec, sindicatos, parados, trabajadores temporales, agricultores, activistas de derechos humanos y representantes de diversas organizaciones juveniles han expresado públicamente su preocupación por las consecuencias que tal reforma acarreará, por ejemplo, en pequeños poblados de pescadores, ya que obliga a la gente a dejar su tierra para encontrar trabajo, con el consiguiente desmantelamiento de estas comunidades.
El Ejecutivo canadiense, mientras tanto, sostiene que estas reformas laborales ahorrarán al país 12,5 millones de dólares en 2013 y 33 millones en 2014.
En el nº 2.848 de Vida Nueva.
