Vidas hipotecadas

manifestación de la Iniciativa Legislativa Popular de la plataforma Stop Desahucios

manifestación de la Iniciativa Legislativa Popular de la plataforma Stop Desahucios

JOSÉ LUIS PALACIOS | En el estudio de “la Caixa” Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España se reflejan ya las dificultades de muchas familias: el 24,8% de los hogares en 2010 sufría privación moderada. En España, entre 2007 y 2010, el retraso en el pago de la hipoteca y el alquiler ha llegado al 4,5% de los hogares, un aumento de dos puntos. El impago de las facturas había aumentado un 1,9% hasta el 5,6%.

William, colombiano, casado y padre de familia de dos menores, llegó a España hace 14 años, pero ahora no puede hacer frente a la hipoteca de su piso. Lleva en paro más de un año y medio. Ha sido camarero, marinero y capataz en la construcción. Cuando le iba bien las cosas, se dejó seducir por el banco, que le ofrecía un crédito para comprar coche y piso. Hoy lamenta aquel “error”: “En mi país tuve un negocio, propiedades y debía haber sabido que era una trampa, pero al ver que eso era normal aquí, y por querer dejarles algo a mis hijas, que han nacido en España, acepté”, aclara este hombre, que participa en la Plataforma contra los Desahucios de Vallecas. Al principio, “la mayoría éramos inmigrantes, pero hoy somos mitad y mitad” en esta plataforma, declara William.

El sociólogo Miguel Laparra cree lógico pensar que “la tensión y el conflicto aumenta” a medida que se agota la solidaridad familiar o se intensifican las relaciones de dependencia. Como ejemplo, cita algunos servicios de atención a las víctimas de la violencia de género, que están alertando de que cada vez más mujeres “se ven forzadas a situaciones de convivencia donde hay malos tratos o condiciones no deseadas”.

El también sociólogo Fernando Vidal, desde su puesto en el Instituto Universitario de la Familia, confirma que “todos los centros de atención familiar están colapsados, las familias viven en un estrés continuo al reducirse sus recursos y aumentar sus necesidades. Puede que no se traduzca en divorcios, pero sí en conflictos internos”.

La convivencia por obligación “es un bomba de relojería”, explica. Las crisis económicas en nuestro país acaban por contraer la demografía, por lo que es previsible que baje la natalidad y aumente el envejecimiento. “Son familias que no se van a formar, jóvenes que no aportan a la sociedad todo lo que pueden, ideas que no se llevan a cabo y que luego costará mucho recuperar”, detalla Vidal sobre las consecuencias sociales que esto implica.

El descrédito de las instituciones está servido en este contexto, como explica el catedrático Luis Ayala: “El crecimiento tan rápido de la desigualdad, y en tan poco tiempo, alimenta el recelo y el desapego respecto a las instituciones”. Y prevé un aumento de la conflictividad social. “Es normal que la gente se indigne y utilice los medios a su alcance para reivindicar otro modelo social”.

El sociólogo Amando de Miguel, por el contrario, no espera grandes muestras de violencia en esta situación: “Ya no somos el país violento del pasado. Nuestro índice de muertes violentas, y hasta de agresiones a las mujeres, es menor que en otros países, incluidos los nórdicos, y no digamos ya en comparación con los Estados Unidos o México”.

Lo cual no significa que no haya motivos para estar alerta, al menos, para Ayala, quien se teme que “la acción política no será la vía preferente para canalizar el conflicto”. Con todo, dice, “la esperanza hay que ponerla en la capacidad de la sociedad para encontrar otros espacios de reivindicación e innovación en el diseño de un modelo más inclusivo”.

En el nº 2.846 de Vida Nueva.

 

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Actualizado
03/05/2013
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