JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ SOTO | La trata de personas es la esclavitud más extendida de este nuevo siglo. Lo ha recordado el papa Francisco, quien combatió con valentía esta lacra durante sus años de ministerio apostólico en Buenos Aires.
Isabel (no se llama realmente así, pero prefiere que no la cite por su nombre) siempre me recibe con ojeras en la oficina de su ONG en Bangui. Duerme poco y se le nota, por mucho que se esfuerce por sonreír. Desde hace dos años, esta mujer de un país europeo sale varios días por semana de noche para recorrer los principales night clubs de la capital de la República Centroafricana.
Ella y las dos trabajadoras sociales centroafricanas que la acompañan contactan allí a muchachas que sufren una situación de verdadera esclavitud. Abundan, sobre todo, en la discoteca Songo, seguramente porque es la más frecuentada por soldados franceses, potenciales clientes de quien se espera que puedan ofrecer más dinero.
La ONG internacional en la que trabaja Isabel, en colaboración con la Cáritas Centroafricana, tiene un programa para víctimas de trata de personas y están intentando poner en marcha un centro donde algunas de estas víctimas puedan salir de las redes de las mafias internacionales en las que están atrapadas. “Nuestra ONG no tiene personal para gestionar esta casa, pero hay una congregación de religiosas que han aceptado y se harían cargo de las chicas”, explica contenta Isabel.
Esta cooperante sabe que lo que hace su organización es una gota en el océano que no modificará mucho las cosas; a lo sumo cambiar la vida de unas pocas chicas.
La última vez que la encontré fue hace pocas semanas, en una calurosa noche de marzo, antes de que los rebeldes de la coalición Seleka tomaran la capital el 23 de ese mes y Bangui se hundiera en el caos más absoluto.
En su oficina, situada en una calle sin asfaltar en un barrio popular lleno de tenderetes alumbrados con lamparitas de keroseno, me explica que dentro de una hora ella y sus dos colaboradoras tienen una misión muy “especial”: la noche anterior fueron a rescatar a una niña de 13 años casada a la fuerza con un comerciante que pagó una buena cantidad por ella a una de las mafias. Hoy tienen que sacarla del lugar donde la escondieron a toda prisa y llevarla a un sitio más seguro, donde su madre –que informó del caso a una de las trabajadoras sociales– podrá reunirse con ella. Pregunto a Isabel si van a denunciar el caso a la policía, y por toda respuesta se ríe y me pregunta que si quiero compartir con ella una cerveza fría antes de irme.
Las muchachas con las que trabaja Isabel en la República Centroafricana son esclavas. Ella intenta liberar a las que son explotadas dentro de las fronteras de su propio país, pero muchas otras son sacadas de él por mafias internacionales cuyos responsables tienen importantes contactos en altas esferas, lo que les permite no tener problemas para sacar a algunas chicas rumbo a Europa.
En este país –considerado como el más pobre del mundo por Naciones Unidas– florece la trata de personas, “la esclavitud más extendida en este siglo XXI”, según la calificó el papa Francisco en su mensaje del Domingo de Pascua, el pasado 31 de marzo. Según el Pontífice, esta lacra es consecuencia de “la codicia de quienes buscan fáciles ganancias”, pero también de “un mundo herido por el egoísmo que amenaza la vida humana y la familia”.
No es casualidad que quienes caen en las trampas de esta esclavitud procedan mayoritariamente de los países más pobres del mundo. Como muy bien señala el estudio La trata de personas con fines de explotación sexual, publicado por Cáritas Española hace dos años, “la diferencia de oportunidades para la población de los países del Sur en relación al Norte, las migraciones propiciadas por alcanzar la supervivencia y la cultura del placer como objetivo en los países desarrollados son el caldo de cultivo para la creación de redes operadas por mafias oportunistas que se enriquecen mediante la comercialización de personas”.
Un sector sin crisis
Entre las víctimas de esta codicia están las decenas de miles de mujeres de países de África Occidental que cada año emigran a Europa para buscar una vida mejor. Para muchas de ellas, esta búsqueda acabará en tragedia. En el sur de Italia, por ejemplo, infinidad de jóvenes nigerianas caen en las redes de la prostitución.
En su mensaje de Pascua del Domingo de Pascua,
el papa Francisco denuncio la trata de personas
como “la esclavitud más extendida en este siglo XXI”,
consecuencia de “la codicia de quienes buscan fáciles ganancias”,
pero también de “un mundo herido por el egoísmo”.
Según datos del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre Justicia y Crimen Interregional (UNICRI), Italia es el principal destino donde han ido a parar al menos 10.000 mujeres nigerianas, entre muchas otras miles que varias organizaciones de tráfico de personas han distribuido, sobre todo desde Benin City, en el sur de Nigeria, a ciudades europeas.
Recientemente, la cadena de televisión Al Jazeera difundió una serie de reportajes de investigación donde desenmarañaba los entresijos de este turbio negocio. En su primera emisión, citaban a Giovanne Conzo, un conocido fiscal antimafia de Nápoles que se explicaba así: “Los delincuentes nigerianos se ponen de acuerdo con todas las mafias, desde las colombianas hasta las chinas. Pero en Italia, este juego lo tienen aún más fácil por una razón muy sencilla: el gran número de clientes italianos que buscan a las prostitutas de día y de noche”.
En España las cosas no son muy diferentes. Un reportaje de investigación publicado el pasado 6 de abril por The New York Times afirma que “mientras el resto de la economía en España está en crisis, la prostitución –casi siempre alimentada por el tráfico despiadado de mujeres extranjeras– prospera y se ofrece a plena vista de todos en ciudades grandes y pequeñas”.
El rotativo cita datos de 2010 del Departamento de Estado norteamericano, que ofrece cifras muy preocupantes: entre 200.000 y 400.000 mujeres trabajan en la prostitución en España, “y al menos el 90% de ellas son víctimas del tráfico”. Durante los últimos años se han publicado varios informes sobre el volumen económico generado por esta actividad. Uno de ellos, Los amos de la esclavitud en España, publicado por el periodista Joan Cantarero, asegura que asciende a 18.000 millones de euros al año.
Si hay alguna duda sobre la calificación de esclavitud que merece este negocio basta pensar en las condiciones en las que muchas de ellas son forzadas a vivir. El periódico neoyorquino menciona el caso de una joven rumana de 19 años rescatada por la policía a primeros de abril en La Jonquera, localidad fronteriza con Francia tristemente conocida por su turismo sexual de fin de semana. Sus “amos” le habían tatuado en la muñeca la cantidad que les debía: 2.500 euros. En el caso de las jóvenes nigerianas víctimas de la trata, las “deudas” que pesan sobre ellas suelen ser mucho más elevadas, del orden de las decenas de miles de euros. 
Mujeres aterrorizadas
En su explotación intervienen dos tipos de personajes: los brothers, encargados de traerlas a Europa, y las madams, que las mantienen en régimen de esclavitud en los burdeles. Para mantenerlas bajo presión, les obligan a someterse a rituales tradicionales conocidos como “yuyu”. En el pasado, esta práctica se llevaba a cabo con fines de obligar a quienes habían cometido una ofensa en un poblado a pagar una indemnización a la parte ofendida, pero hoy día los proxenetas de África Occidental –que muy a menudo combinan el tráfico de personas con el de drogas– lo usan para aterrorizar a sus víctimas.
A la muchacha nigeriana que acaba encerrada en un club de carretera o en una casa de citas le dicen que tiene que pagar una enorme deuda supuestamente contraída por los gastos de viaje. Si no paga, ella o alguien de su familia morirá entre terribles dolores.
Según una voluntaria que trabaja desde hace años en una ciudad española con muchachas africanas acogidas por las religiosas de Villa Teresita, “cuando llega un cliente, la chica le pide primero el dinero, entre 50 y 80 euros según el servicio, y lo primero que hace es entregar todo a la madam, que está en el salón controlando a las chicas. La mayoría de ellas pasan semanas enteras en el piso sin poder salir a la calle”.
Entre 200.000 y 400.000 mujeres
trabajan en la prostitución en España,
y al menos el 90% son víctimas del tráfico,
según datos de ‘The New York Times’.
La hermana Antonia, una religiosa nigeriana, entiende bien la mentalidad detrás del “yuyu”. Ella y otras monjas del Sagrado Corazón de Jesús llevan adelante la Casa Santa Maria dell’Acoglienza, fundada en el año 2000 por la Cáritas diocesana de Capua, después de que el obispo de esta diócesis del sur de Italia llamara a esta congregación. Allí viven actualmente 70 mujeres y diez de sus niños. Quienes entran en este hogar pueden quedarse allí entre seis y doce meses, durante los cuales se les ofrecen programas educativos y terapia psicológica.
La hermana Antonia explica que una de las tareas en las que trabajan más es en hacerles entender que el “yuyu” no tendrá ningún efecto en ellas y, por lo tanto, no tienen nada que temer después de haber ganado su libertad.
Vacíos legales
Desde que en los años 90 se intensificara el tráfico de personas, sobre todo procedentes de Europa del Este, la Unión Europea y otros organismos internacionales han intentado poner en marcha mecanismos legales que pongan freno a esta lacra.
La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC en siglas inglesas) mantiene, desde marzo de 1999, un programa contra la trata de personas, en colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre Justicia y Crimen Interregional (UNICRI). En el año 2000, ambos organismos adoptaron el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir y sancionar la trata de personas. Pero estos son marcos legales internacionales y, al final, corresponde a cada Estado promulgar normas y hacer que se cumplan, y esto en los países de origen de donde proceden las víctimas y en los lugares donde tiene lugar la explotación.
Si hay alguna duda sobre la calificación
de esclavitud que merece este negocio
basta pensar en las condiciones
en las que muchas chicas son forzadas a vivir.
Una piedra de toque importante de estos organismos internacionales se refiere a la coherencia entre sus principios y la observación de los mismos por parte de sus propios empleados. Una persona que trabaje hoy día para Naciones Unidas tiene que firmar obligatoriamente un código de conducta por el que se compromete a no involucrarse en actividades de explotación sexual. En teoría, al menos, ser cliente de prostitución puede ser causa de despido para una persona que trabaje en una oficina de la ONU en cualquier lugar del mundo.
A la hora de aplicar estos protocolos internacionales, hay que tener en cuenta que muchos de los países donde se capta a las víctimas tienen sistemas legales y policiales de una gran debilidad, además de fronteras muy porosas. Pero tampoco en sociedades desarrolladas las cosas son perfectas y, a menudo, hay vacíos legales de los que se aprovechan las mafias.
En muchos casos se ha optado no solo por endurecer las medidas contra los responsables de estas mafias, sino también por organizar campañas de sensibilización dirigidas a los clientes y también por sancionar a estos
–especialmente en el caso de la prostitución callejera– por medio de ordenanzas municipales. Este es el caso de los ayuntamientos de Barcelona y Valencia, que desde hace pocos meses imponen multas de hasta 2.000 euros.
Parece bastante lógico tomar estas medidas; después de todo son los clientes los que regulan la oferta y la demanda de este turbio mercado. Pero otras piezas del engranaje gracias al cual funciona el negocio de la trata siguen sin tocar. Así ocurre con los anuncios por palabras en los periódicos, un tema que ha sido objeto de encendidos debates, incluso en el Congreso de los Diputados (en septiembre de 2010), pero lo que se discutió en aquella ocasión no pasó de ser una proposición no de ley que está lejos de ser una norma de obligado cumplimiento, sino una simple exhortación a la autorregulación de la prensa.
Diarios como 20 Minutos y La Razón dejaron de incluir en sus páginas este tipo de anuncios a finales de 2009, y Público optó por no aceptarlos desde el momento de su aparición. Por el contrario, cabeceras como El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia los han mantenido. Demasiado difícil renunciar a unos ingresos que se calcula que pueden estar entre dos y seis millones de euros al año por estos espacios publicitarios.
Es posible que esta cuestión de los anuncios sea solo un detalle, pero revela algo central en la cuestión de la trata de personas: que es un negocio que reporta grandes beneficios a mucha gente (no solo a los proxenetas) a muy bajo coste. Por mucho que la práctica repugne a muchos, el principio que subyace a esta esclavitud es el mismo que sostiene al sistema capitalista: conseguir la máxima ganancia en la relación coste-beneficio a cualquier precio. Aunque sea a base de mantener en condiciones de verdadera esclavitud a millones de personas (sobre todo mujeres) que proceden de los lugares más pobres del mundo.
En el nº 2.843 de Vida Nueva.
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