Principios de Doctrina Social

ciudadanos protestan en la calle contra el poder político

ciudadanos protestan en la calle contra el poder político

ILDEFONSO CAMACHO, SJ | En la Doctrina Social de la Iglesia, más que denuncias sobre casos de corrupción, lo que encontramos son unos principios desde los que se puede rechazar cualquier práctica de corrupción.

A ellos se ha llegado después de un tiempo largo en el que la Iglesia ha mirado con reservas no solo a la democracia, sino a la actividad política sin más. Sería largo explicar las razones de ello, pero de estas reticencias queda el reflejo de ese escepticismo, que se observa, aún hoy, en muchos creyentes.

Esta etapa de distanciamiento queda superada en el Concilio Vaticano II. Su visión de la política podría resumirse en estos cuatro puntos:

1. Identificación del ámbito de la política como distinto de la sociedad civil: las múltiples iniciativas espontáneas que surgen en la sociedad civil para una mejor consecución de las aspiraciones particulares de sus miembros precisan de un marco global de convivencia, que garantice la igualdad de oportunidades para todos. Ese es el ámbito propio de la política: no es preciso destacar su importancia.

2. La política está al servicio del bien común de la sociedad, que es aquel conjunto de condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan hacer realidad sus aspiraciones. Está aquí implícito el principio de subsidiariedad: los poderes públicos no tienen que hacerlo todo: solo lo que no pueden hacer los demás.

3. La autoridad se entiende desde el servicio: es una vocación, en el sentido más hondo de la palabra. Por eso se le entrega un poder que, al menos en principio, está por encima de todos los demás poderes existentes en la sociedad.

4. Los ciudadanos han de asumir su parte de responsabilidad en el desarrollo de la vida política, incluso con un compromiso directo en la acción política y de partidos.

Desde estos principios, los creyentes podemos derivar algunas aplicaciones, que tienen validez más allá del ámbito estrictamente confesional:

a. La corrupción implica desvirtuar en lo más nuclear la función política: se pone al servicio de intereses particulares un poder recibido para garantizar el bien de la sociedad.

b. La corrupción deslegitima al poder político por la forma como se ejerce, por mucho que se pueda invocar que fue legítima su conquista.

c. Esta deslegitimación del poder político deriva también de cómo se ejerce en las relaciones entre grupos políticos: concretamente, cuando se observa que, en los debates políticos, interesa en mayor medida desprestigiar al adversario que colaborar en la búsqueda del bien común.

d. Todo acto de corrupción supone un corrompido y un corruptor: este último, que suele ser miembro de la sociedad civil, pretende comprar el poder político para ponerlo al servicio de intereses particulares (por muy legítimo que este interés particular sea, nunca se legitima esta instrumentalización de un poder que existe para otros fines superiores).

e. El creciente absentismo político de la sociedad en modo alguno puede justificarse. La sociedad tiene su responsabilidad para ejercerla no solo participando en las convocatorias electorales, sino a través de formas indirectas de control sobre el poder, para el que hoy existen medios e iniciativas impensables hace años.

f. En la sociedad civil es considerable la responsabilidad de los medios de comunicación –tanto más cuanto mayor es su poder fáctico–. Y es fundada la sospecha de que, en muchas ocasiones, no solo pretenden servir a la verdad (como dicen), sino que se mueven por intereses menos confesables. ¿Quién determina cuándo se dan ciertas noticias y con qué dosificación en el tiempo?

En el nº 2.835 de Vida Nueva.

 

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