Cuando la Iglesia necesita un abogado

El gabinete jurídico Alter presta distintos servicios a un centenar de instituciones religiosas

Alter Consultores gabinete jurídico

MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | La vida religiosa, en España y en general en todo Occidente, busca hacer frente al reto de la falta de vocaciones. Sin embargo, más allá de algo que interpela a lo puramente espiritual, hay otros muchos aspectos que, en su día a día, marcan el caminar de todas las realidades eclesiales. Son cuestiones a veces farragosas y no siempre fáciles, pero que están ahí y no se les puede dar de lado.

Aunque para ello, a veces, necesiten una ayuda profesional. Esa labor es la que, desde hace algo más de un año, ofrece el gabinete Alter Consultores Legales, que atiende a un centenar de instituciones religiosas (entre ellas, varias diócesis).

Como explica su coordinador, Juan Ramón Alonso, no son una consultoría, como tal, específicamente religiosa, “pero es indudable que esta relación con realidades de Iglesia marca nuestro ser, pues el 80% de los clientes que tenemos son confesionales y gran parte del 20% restante son organizaciones que, aunque no son oficialmente eclesiales, sí han nacido de iniciativas cristianas”.

Algo que, en su caso, supone “una gran satisfacción, pues el trato con estos grupos va más allá del habitual entre un gabinete jurídico y su cliente. En muchos casos, hablamos de una amistad, y más tratándose de personas con las que compartes unos principios comunes y una misma forma de ver la vida”.

Problemas de actualidad candente

Pero, ¿cuáles son los principales problemas jurídicos con los que se encuentran hoy las congregaciones y demás organismos eclesiales? Juan Ramón, quien señala que en Alter trabajan con órdenes dedicadas, preferentemente, a la sanidad, la educación y la asistencia social, apunta que las necesidades son muy diversas según el ámbito del que se trate: “Colaboramos en la defensa y el asesoramiento jurídico en todas las disciplinas, pero también en materia de gestión socio-laboral o contable. La labor varía en cada caso”.

Una cuestión ciertamente compleja son los procesos judiciales. En ocasiones, se ha de reclamar a las administraciones públicas que hagan efectivo el ingreso de subvenciones ya comprometidas y que las instituciones religiosas han tenido que adelantar con sus propios fondos.

Otro episodio que tuvo mucho eco en los medios meses atrás fue el de la exigencia, por parte de fuerzas políticas y algún gobierno municipal, de que la Iglesia pagara el impuesto del IBI por los bienes inmuebles de titularidad eclesiástica.

Cuando la Iglesia necesita un abogado, íntegro solo para suscriptores

En el nº 2.833 de Vida Nueva.

Actualizado
25/01/2013
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