Organizaciones eclesiales y civiles piden al Gobierno que regule mejor la relación del Estado con la sociedad
Leonardo Steiner, secretario general del Episcopado brasileño
GRAZIELA CRUZ. BRASIL | Brasil ha dado un paso importante en el debate en torno al marco normativo que establece la relación entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tras el seminario celebrado recientemente en Brasilia sobre Relaciones Estado y Sociedad.
Al término de la reunión, a la que asistieron 90 representantes de medio centenar de entidades civiles y religiosas, se elaboró un documento con 14 propuestas que se entregó al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, presente en la clausura.
El encuentro fue organizado por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), en colaboración con la Conferencia de Religiosos de Brasil, la Unión Marista de Brasil y el Centro de Asesoría y Apoyo a Iniciativas Sociales (CAIS), y contó con el respaldo –entre otros– de la Asociación Nacional de Educación Católica de Brasil (ANEC), la Confederación de la Santa Casa de Misericordia, Hospitales y Entidades filantrópicas (CMB), Cáritas Brasileña, el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC) y Misereor.
En el documento entregado al ministro, OSC e Iglesias destacan su importante contribución al cambio de la realidad para sus compatriotas y a la construcción de la democracia y la justicia social. Recuerdan, asimismo, la opción por los pobres que ha movido a grupos y comunidades a comprometerse en esa transformación social, en la conquista de derechos y en la lucha para erradicar la pobreza y la desigualdad. Un esfuerzo apoyado por políticas públicas y leyes que aseguraban la generación de nuevos derechos sociales y políticos.
Sin embargo, las OSC se quejan de que, en los últimos años, ha habido una creciente criminalización de estas entidades y movimientos sociales, así como una discriminación por parte del Gobierno, que favorece a empresas del sector privado mientras dificulta las actividades de organizaciones religiosas sin ánimo de lucro con normas que crean inseguridad jurídica y restricciones a su derecho constitucional de actuación.
Gilberto Carvalho, ministro de la Secretaría General de la Presidencia
En busca de una solución a estos problemas, la presidenta Dilma Rousseff creó un grupo de trabajo, dirigido por la Secretaría de la Presidencia de la República, para abordar una revisión compartida del marco regulador, y quiso que los distintos ministerios aúnen esfuerzos para mejorar la legislación sobre el Certificado de Entidades de Beneficencia y Asistencia Social.
Identidad legal
Entre las sugerencias que contiene el documento entregado al ministro Carvalho, los participantes piden al Gobierno que reconozca explícitamente el papel de las organizaciones religiosas y de otras relacionadas con las Iglesias, como actores de participación activa en la sociedad por su poder de organización, movilización y autonomía en los procesos de desarrollo social y democrático, y que mantengan su propia identidad legal como instituciones religiosas, atendiendo a su naturaleza asentada en la filantropía, el amor por los demás y el bien común.
El texto propone, además, que “el marco normativo, al establecer una asociación entre el Estado y la sociedad civil en la prestación de servicios a la sociedad, no genere condiciones que impidan o desnaturalicen a las instituciones religiosas en su labor de control social”. En esta línea, piden que dicho marco conceda a las organizaciones de la sociedad civil los mismos beneficios ofrecidos al sector privado.
En la reunión con el ministro Carvalho, el secretario general de la CNBB, Leonardo Steiner, reconoció sentir “una gran preocupación por la restricción de algunas de nuestras entidades en el servicio que queremos dar a los necesitados. Esta restricción también se produce a través de la vigilancia o fiscalización”.
Pese a todo, el prelado dio las gracias al ministro por reunirse con ellos: “Establecer un diálogo entre el Estado y la sociedad es vital, porque el Estado no puede existir sin la sociedad. Nuestra Iglesia es una expresión de la sociedad que participa en la construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria”.
Carvalho, por su parte, confesó su deseo de hablar menos y escuchar más: “Siento que tenemos un camino muy largo, que no es fácil; una conquista, al igual que la democratización del país”. Y concluyó: “Por nuestra parte, existe la absoluta convicción de que es necesario y urgente tener esta relación correcta. Si se aprueba, este marco proporcionará seguridad básica, sirviendo la mayor parte de las sugerencias que ustedes expresan”.
En el nº 2.825 de Vida Nueva.
