El Episcopado, reunido en Asamblea, publica un documento en el que desmiente a Videla y llama a todos a decir lo que saben
El exdictador Jorge Videla
La Iglesia argentina niega ser cómplice de la dictadura [extracto]
RICARDO MOSSO. BUENOS AIRES | Está “totalmente alejado de la verdad” que durante la última dictadura cívico-militar haya habido “alguna complicidad de la Iglesia con hechos delictivos”. Así de claramente salió la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a rechazar las declaraciones periodísticas del dictador Jorge Rafael Videla, que se habían conocido a principios de este año en un libro y una revista [ver recuadro].
En su más reciente documento –titulado La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz–, al mismo tiempo que reconocen que “no todos los miembros de la Iglesia pensaron y actuaron con idénticos criterios” en la época de la dictadura, los obispos deploran los dichos de Videla, que describió su relación con la jerarquía eclesial que estaba en activo a mediados de los años 70 como “excelente, muy cordial, sincera y abierta”.
Pero, además, la carta pastoral –que fue divulgada al término de la 104º Asamblea Plenaria del Episcopado, celebrada del 4 al 9 de noviembre en Pilar, localidad cercana a Buenos Aires– da un paso inédito: en el punto 8 del texto, los obispos afirman estar “comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos [las actitudes de los hombres de la Iglesia durante la represión ilegal], a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres”.
En el mismo sentido, exhortan a “quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes”.
“Poner fin al daño causado”
La declaración se conoce tiempo después de que un grupo de unos 350 laicos y 40 sacerdotes se reuniera con el presidente de la CEA y arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, para solicitarle “acciones concretas que repudien las afirmaciones del dictador”, además de “gestos y decisiones que contribuyan a reparar y poner fin al daño causado por las inconductas de sus antecesores”.
Los obispos, en Asamblea Plenaria
En la época del llamado Proceso de Reorganización Nacional, buena parte de los obispos que actualmente componen la Conferencia Episcopal eran sacerdotes recién ordenados, y ninguno de ellos tenía en ese momento cargos jerárquicos. “El pasado –decía la carta redactada por Hernán Patiño Mayer–, si bien inmodificable, es todavía reparable. La jerarquía episcopal tiene la oportunidad de liberarnos de la pesada mochila de un pasado que cargaron los que, por decir lo menos, no supieron, no pudieron o no quisieron estar a la altura de sus responsabilidades pastorales”.
Y en otra parte de la requisitoria se preguntan: “¿Cómo puede Videla asistir a misa y comulgar pese a la contumacia que exhibe con relación a sus crímenes, lo que le lleva a recurrir a afirmaciones propias de un mesianismo blasfemo?”. El grupo también resaltaba la labor a favor de los derechos humanos de un destacado laico, el fallecido Emilio Fermín Mignone, autor del libro Iglesia y dictadura (1986).
Servidores de la reconciliación
Justamente en relación a sus antecesores, el cuerpo episcopal afirma en el documento que no pueden “conocer a fondo cuánto supieron personalmente de lo que estaba sucediendo. Ellos intentaron hacer cuanto estaba a su alcance por el bien de todos, de acuerdo con su conciencia y juicio prudencial”.
Y, en apoyo de ese argumento, detallan algunas de las declaraciones públicas de la Iglesia argentina, como la carta colectiva divulgada en mayo de 1977, Reflexión cristiana para el pueblo de la Patria, en la que decían: “No será vano reiterar que para todo cristiano, no excluidos quienes ejercen autoridad, aun a costa de la eficacia inmediata, hoy como siempre y en toda circunstancia conserva su valor ético: el fin no justifica los medios”.
No es menor, además, el hecho de que la actual Conferencia Episcopal –siguiendo a Iglesia y comunidad nacional, un documento de 1981– repudie la lucha armada para buscar “logros sociales, por más buenos que parezcan”, pero, aún más enérgicamente, la “violencia ejercida por el Estado, fuera de la ley, y por grupos paramilitares. Es el Estado el responsable de tutelar los derechos de todos”.
Esto no sin antes explicar que buscan “ser servidores de la reconciliación, en medio del pueblo argentino, y como parte de él. Reconocemos, sin embargo, nuestra limitación y pobreza para una tarea tan amplia y exigente”.
El fuerte posicionamiento de los obispos se da en un contexto político en el que continúan los juicios a militares y civiles por delitos de lesa humanidad, incluyendo el que busca establecer responsabilidades en el presunto asesinato del entonces obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, el prelado cordobés que murió en circunstancias poco claras en una ruta de esa provincia.
De igual manera, el grupo de laicos y sacerdotes que exhortó a los obispos a no quedarse callados ante Videla reivindica en su carta las figuras de varios obispos que tuvieron una actitud más lúcida y crítica ante la violencia de los años 70 y 80 del siglo pasado, en la que incluyen a Angelelli, pero también a monseñor Carlos Ponce de León (igualmente muerto de forma dudosa) y a los obispos Jaime de Nevares, Jorge Novak, Esteban Hesayne y Alberto Devoto.
Casi al final, el documento de la CEA afirma que “la reconciliación no es ‘borrón y cuenta nueva’, y menos impunidad”. Y cita el mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz de 1997: “Es necesario: el empeño en la búsqueda de la verdad, el reconocimiento de cuanto sea deplorable, el arrepentimiento de quienes sean culpables, y la reparación en justicia de los daños causados”. Y cierran diciendo que “el perdón y la reconciliación son dones de un Dios que nos hace hermanos”.
Las declaraciones repudiadas
El último documento de la Conferencia Episcopal Argentina (La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz) es en parte consecuencia de la indignación que provocaron en muchos sectores las declaraciones formuladas por el presidente de facto Jorge Videla a la revista española Cambio 16 y las aparecidas en el libro Disposición final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos, del periodista Ceferino Reato.
Allí, el exmilitar, condenado por crímenes de lesa humanidad, había dicho: “La verdad es que durante cinco años hice prácticamente todo lo que quise. Nadie me impidió gobernar, ni la Junta Militar ni ningún factor de poder. Ojo, no estoy arrepentido de nada, duermo muy tranquilo todas las noches; tengo sí un peso en el alma, pero no estoy arrepentido ni ese peso me saca el sueño” (páginas 16 y 34).
Y también: “No olvide que incluso teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad. El presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Primatesta, a quien yo había conocido tiempo atrás en Córdoba, tenía fama de progresista, o sea, proclive a la izquierda de entonces, pero cuando ocupó su cargo y yo era presidente del país teníamos una relación impecable. Y debo reconocer que llegamos a ser amigos y en el problema del conflicto, de la guerra, también tuvimos grandes coincidencias”.
En el nº 2.824 de Vida Nueva.
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