Los obispos de Tierra Santa, contra el muro en Belén

Campus de Belén, Tierra Santa

Denuncian la confiscación de tierras y dicen que el Vaticano no autorizó su construcción

Campus de Belén, Tierra Santa

J. L. CELADA | Los obispos católicos de Tierra Santa han denunciado la confiscación de tierras por parte de Israel en la localidad cisjordana de Beit Jala, a dos kilómetros de Belén, y han querido dejar claro que no hubo “autorización vaticana” para levantar un muro de separación en tierras de la Iglesia en el valle de Cremisán, tal como afirman desde el propio país.

Según los prelados, se trata de un proyecto “ilegal desde el punto de vista del Derecho Internacional”, cuya construcción está prevista cerca de la ciudad natal de Jesús y de los asentamientos ilegales de colonos de Gilo y Har Homa.

En un comunicado dado a conocer el pasado 23 de octubre, la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa (AOCTS) niega “categóricamente la existencia de un acuerdo explícito o implícito entre la Santa Sede, la Iglesia local y las autoridades israelíes sobre la construcción de este muro ilegal”, al tiempo que pide “con firmeza al Estado de Israel que se abstenga de ejecutar su plan de separar el valle de Cremisán de Belén”.

Mientras, al día siguiente, el diario israelí The Jerusalem Post se hacía eco de las declaraciones de un excoronel del Ejército, Danny Tirza, en las que aseguraba haber acudido personalmente al Vaticano para negociar los detalles de un acuerdo sobre el muro. “Yo le mostré [al subsecretario de Estado vaticano] todos los planos y firmó algunos”, reveló Tirza.

Acuerdo desmentido

Sin embargo, “no existe un acuerdo entre la Iglesia y las autoridades israelíes sobre el muro de Cremisán”, desmienten desde la web del Patriarcado Latino de Jerusalén, al tiempo que lamentan que el Gobierno de Israel, haciendo caso omiso de las objeciones de las comunidades cristianas locales y congregaciones religiosas afectadas, prosiga con su plan de construir un muro que separaría el valle de Cremisán de Belén y las aldeas vecinas.

Asimismo, aclaran que los salesianos de Cremisán nunca han pedido “pasar del lado israelí”, como se ha hecho creer equivocadamente por parte de Israel.

Los representantes de la AOCTS sostienen que Cremisán, “auténtico espacio verde, es el principal pulmón sin el cual la población de Belén no puede respirar”. De hecho, si las comunidades locales de Al Walaja y Beit Jala, de mayoría cristiana, son separadas del valle por un muro, “se verán privadas de una de sus últimas grandes áreas agrícolas y recreativas, así como de algunas fuentes de agua cuya importancia es crucial para los agricultores de la región”.

La decisión de confiscar las tierras afectará “a la aldea de Al Walaja, así como a las vidas de 58 familias cristianas de Beit Jala, cuyo sustento depende esencialmente de estas tierras”, advierten más adelante los signatarios del comunicado.

El documento lleva la firma del patriarca latino de Jerusalén, Fouad Twal, como presidente de la AOCTS, al que acompañan –entre otros– el arzobispo Elias Chacour, melquita católico de Akka y vicepresidente del organismo; el nuncio apostólico en Jordania, Giorgio Lingua; el arzobispo maronita de Chipre, Joseph Soueif; el exarca armenio católico de Jerusalén, Joseph Kelekian; o el franciscano Pierbattista Pizzaballa, custodio de Tierra Santa.

El texto reclama la atención también para las dos congregaciones salesianas instaladas en la zona del trazado previsto para el muro de separación, porque “se verán afectadas negativamente en su trabajo misionero con la comunidad local”. Tal es el caso de los 450 niños que acuden al colegio de las Hijas de María Auxiliadora, pues “deberán asistir a una escuela de aspecto carcelario, rodeada de barreras militares y de puestos de control”.

Finalmente, desde la AOCTS se recuerda que, el 9 de julio de 2004, “la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró ilegal el muro de separación en virtud del Derecho Internacional”. Una resolución compartida por los obispos de Tierra Santa, quienes entonces encargaron a la Sociedad de San Ivo, una organización católica defensora de los Derechos Humanos con sede en Jerusalén, que presentara una demanda contra las autoridades militares israelíes.

Y es que “el proyecto de construcción del muro –concluye el reciente comunicado– añadirá más presión a los cristianos que viven en Belén. Sin un ingreso fijo y sin futuro para sus hijos, todavía muchas más personas tomarán la decisión de abandonar Tierra Santa”.

En el nº 2.822 de Vida Nueva.

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