Michel Russo había denunciado en una homilía las consecuencias del negocio del petróleo
M. Á. MALAVIA | Con una “gran tristeza” ante un hecho “sin precedentes en la historia de la Iglesia católica en Chad”. Así ha recibido la Conferencia Episcopal de Chad la noticia de la expulsión del país del obispo de Doba, Michel Russo.
La dura decisión (previamente había sido declarado persona non grata), ordenada por el Gobierno de la nación este 11 de octubre, obedece a su rechazo de una homilía del prelado, el pasado 30 de septiembre, en la que este se mostró muy crítico con el que consideró injusto reparto de los beneficios ocasionados por el mercado del petróleo.
Su mensaje, retransmitido por la emisora de radio privada Voz del Campesino, señaló que, frente al enriquecimiento de una élite, una gran parte de la población local permanece en la “indigencia”. Una aseveración que, según las autoridades gubernamentales, “perturba el orden público”. De ahí su decisión, que también ha afectado a la emisora, objeto de una sanción.
Lo cierto es que las palabras de este obispo comboniano, de origen italiano y que llevaba 34 años en el país centroafricano, tuvieron una gran difusión en medios de comunicación comunitarios. Y es que su denuncia lo fue en varias direcciones y estuvo documentada con datos: “Para explotar su petróleo, el Gobierno convenció a todos, incluso al Banco Mundial, diciendo que este sería un ‘proyecto modélico’, que respetaría el medio ambiente y los derechos humanos, cuya información sería transparente y cuyos recursos contribuirían a la reducción de la pobreza. El Banco Mundial aceptó y la gente creyó en este proyecto. Desde el 10 de octubre de 2003, Chad se unió al círculo de los países productores del oro negro”.
“Pero, ¿qué vemos? –seguía–. Pues bien, ahora tenemos más de 1.500 pozos perforados ilegalmente, o en connivencia con el Gobierno. Las vidas de las personas son peores que antes de la era del petróleo: algunos agricultores han perdido sus tierras; los conflictos sociales son más frecuentes y causan bajas regulares; la vida social ha sido destruida; el refugio de los jóvenes es el alcohol y la prostitución por la falta de trabajo”.
“Una vez más –continuó Russo–, el petróleo, en vez de ser una bendición, se ha convertido en una maldición para todo el pueblo de Chad”.
Un situación degradante frente a la que defendió la actuación eclesial: “¿Quién posee el petróleo? ¿Pertenece al Gobierno y a las compañías petroleras? ¡No! El petróleo es de toda la población de Chad. Por ello, la Iglesia debe intervenir, y los pobres abandonados serán la base de esta intervención. ¡Sí! La Iglesia ya no debe estar en silencio, porque la riqueza de un país es para toda la población y no para una casta. La malversación de los ingresos del petróleo a países extranjeros debe parar”.
Además de sus compañeros en el episcopado, la Unión de Profesionales Cristianos de Chad (UCCT, por sus siglas en francés) también se ha solidarizado con Russo, del que destaca sus más de tres décadas “al servicio de Chad y sus hijos, sin ningún interés personal salvo el de seguir a Jesús”.
Así, además de sus proclamas sociales en favor de la justicia y la igualdad, inciden en su apuesta por la “reconciliación nacional”, en referencia a su mediación con los llamados “codos”, comandos rebeldes del sur, en los años 80.
Reparto injusto
El comunicado de la UCCT ofrece su total apoyo a la denuncia de Russo, haciéndola suya: “El testimonio del obispo Russo sobre el reparto desigual e injusto de la riqueza en nuestro país, y en particular sobre la redistribución inequitativa de los ingresos del petróleo, que han dejado bajo el estado de indigencia la región productora de Doba, es un hecho que reconocen a nivel nacional todos los segmentos de la población”.
La constatación de esta realidad les hace concluir con un lamento indignado: “En cuanto que es pastor, ¿monseñor Russo no tiene todo el derecho de gritar que su pueblo padece un mal, que su pueblo sufre, mientras que se da de comer sobradamente [con su producción] por todo el mundo?”.
Finalmente, la UCCT llama al Gobierno a dialogar y reparar esta “expulsión irregular”, porque la “falta de respeto y provocación” que implican el exilio forzado del obispo de Doba deben ser “vigiladas por todos los cristianos y, en definitiva, por toda la opinión nacional e internacional”.
En el nº 2.820 de Vida Nueva.
LEA TAMBIÉN:
- EDITORIAL: El precio de la profecía
