Regresar o reubicarse, esa la cuestión

Las incertidumbres de las comunidades indígenas que han sido desplazadas de sus territorios ancestrales

Pese a que el 2012 puede ser recordado como el año de la paz, para las comunidades indígenas del país, se calcula que cada día tuvieron que salir 36 personas desplazadas de sus territorios ancestrales. Cada 26 días, más o menos, había un indígena muerto. Cada mes sumaban más de mil expulsados y desde el año pasado, la tendencia son los desplazamientos masivos. Solo en lo que va corrido de este año se reportan 8845 casos de indígenas desplazados y 67 muertos.

La mayoría de los homicidios ocurrieron en los mismos departamentos donde también se desplazan indígenas de sus tierras. De las montañas de Risaralda se expulsaron 1189 indígenas, del mediatizado Cauca se desplazaron 3036 indígenas y de Chocó el desarraigo lo vivieron 3275 indígenas. El lugar de acogida para estas poblaciones está, principalmente, en las grandes ciudades pues, en teoría, ofrecen una mayor capacidad institucional de atención. La tendencia es tan marcada en Bogotá, que según Flaminio Onogama, actual Consejero para los Derechos Humanos y la Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “hay 54 diferentes comunidades indígenas víctimas del desplazamiento en Bogotá” y, recuerda, “54 de las 104 comunidades que hay en Colombia”.

Llegan en búsqueda de un respaldo, después de días de travesía, a las plazas de las ciudades. Se plantan, esperan y en ocasiones, cuando son atendidos, llegan a acuerdos con el gobierno nacional y/o distrital. Los últimos en establecer un acuerdo fueron los indígenas Embera. Se acordó que los 600 indígenas retornarían con un apoyo institucional a sus territorios en un plazo de 60 días. No era esta la primera vez que líderes de la comunidad Embera negociaban. Lo hacen desde hace más de diez años.

Han tratado con los distintos temperamentos de la policía, exigieron a los defensores del pueblo, representantes de uno u otro ministerio, alcaldes, presidentes y aprendieron, gracias a la enseñanza que deja los años, a nutrir con informes, seguimientos y reuniones a la Corte Constitucional para que, en su condición de intérprete autorizado de la constitución, promueva leyes, decretos y actos legislativos que custodien a las víctimas indígenas.

Luis Ernesto Vargas, como Magistrado presidente de la sala especial de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales a la violación de los derechos de las personas desplazadas, llamó la atención porque la sala especial de seguimiento no cuenta con información reciente. La alcaldía Mayor de Bogotá no ha entregado información oficial desde el año pasado, y sin embargo, los líderes Embera y su comunidad, volvieron a confiar en un acuerdo.

Está próximo a cumplirse el plazo pactado para el retorno y en lo único que están de acuerdo Flaminio Onogama, Luis Ernesto Vargas, Gabriel Muyuy Jacanamejoy, director del programa para asuntos indígenas de la Vicepresidencia y Sonia Londoño, coordinadora del proyecto de consulta previa de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), es en el inminente incumplimiento de los términos. Los Embera ven lejanos aquellos territorios del Alto Andágueda, Santa Lucía y medio Atrato. Sin embargo, resisten porque mientras sellaban el pacto en la capital supieron que en Brisas, Palma y Uripa, donde vive buena parte de la comunidad Embera, el Ejército bombardeaba.

Sin variedad de posibilidades aceptaron alojarse en dos albergues del distrito. Aguardaron. Allí, ya han visto morir a varios de sus hijos, el último en enero. Allí, han estado en cuarentena por varicela. Aguardaron.

“Cuando me los encuentro por la calle, de frente, con los niños, aguantando frío, les doy algo. Aunque dar no es la solución, a nivel personal es difícil de manejar… Lo asumen como un trabajo más de supervivencia”, dice Gerardo Jumi Tapias, directivo de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). “Quienes más sufren son los niños. Me duele ver que la experiencia de la vida, la cotidianidad que uno va aprendiendo, se pierde. Ese patrimonio que amamos se va perdiendo. Las familias se van fraccionando. Siempre les repito a las mujeres y familias, hoy tenemos que ser conscientes. No vivimos lo de ayer y tenemos que aprender a vivir en esta otra sociedad. Aprender a buscar soluciones internas para que los hijos que traigamos al mundo tengan la percepción para que no caigan en los distintos grupos armados ni en vicios”, dice Flaminio Onogama.

Desde la niñez, recuerda Gabriel Muyuy Jacanamejoy, su madre le insistía incansable a él y a todos sus hermanos, que debían aprender a hablar y escribir español para que no los engañaran como a ella, su padre y antepasados. Luego tendrían que ser bachilleres y de ahí en adelante buscar qué más podían lograr por su propia cuenta. “Se necesita educación… ¿Cómo lograrla? Piense por ejemplo dónde está el petróleo, las minas, el carbón… Sí, en territorios indígenas. Ahora piense en todo lo que se podría hacer con algo de esas regalías. Pero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es desarrollo para usted y qué lo es para nosotros”, dice Muyuy.

Dentro de la incertidumbre en el panorama, se yerguen dos opciones legales: “un primer mecanismo para la protección de la comunidad Embera en Bogotá es la puesta en marcha del plan de salvaguarda. El segundo apoyo es el decreto con fuerza de ley 4633 de 2011 para la reparación integral y restitución de tierras a comunidades indígenas”, afirma Sonia Londoño.

Aguardaron. Aguantaron. Para cuando se venza el plazo y se programe otro acuerdo, volverán a enfrentarse con el dilema de todo desplazado: ¿retornar o reubicarse? ¿A qué vida aportarán? Esa es la cuestión. ¿Aguardarán? ¿Aguantarán? VNC

FOTOS: OCHACOLOMBIA, TROSKILLER

Actualizado
06/10/2012
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