RONALD GREBE. LA PAZ | El último punto de tensión entre el Gobierno de Bolivia y la Iglesia se ha dado a raíz de una denuncia del presidente Evo Morales contra la católica Agencia de Noticias Fides (ANF), que, junto a los periódicos El Diario y Página Siete, ha sido demandada por haber “intentando generar de forma dolosa una confrontación racial entre el oriente y el occidente” del país.
Todo tiene su origen en un reciente discurso de Morales, en Tihuanacu, en el que este dijo: “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras que en el Altiplano es diferente: si hay helada, si no hay lluvia o si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso; pero en el oriente no, solo por flojos podemos hambrear”.
ANF tituló así la noticia: “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por ‘flojera’”. El presidente, que rechaza el empleo de la palabra “flojera” en lugar de la original, “flojos”, y al considerarar que se ha hecho con la intención de manipular su imagen, ha procedido a la vía penal.
Varias organizaciones de prensa del país han anunciado protestas por la posición del Gobierno de “criminalizar y judicializar” su labor, al tiempo de proclamar la plena vigencia de la Ley de Imprenta, donde deben radicar los presuntos delitos informativos.
La Conferencia Episcopal Boliviana ha expresado por carta su “respaldo y solidaridad con el trabajo periodístico de la ANF” frente a los “ataques descalificadores” del Gobierno.
La misiva, dirigida al director de la agencia, el jesuita José Gramunt, reivindica “una labor al servicio de la verdad y el bien común que queda bien sentada en la historia de 49 años de este medio de comunicación de la Iglesia católica de Bolivia”.
Gramunt acusa a Morales de pretender “matar al mensajero” y de ser el responsable de dar un “mensaje confuso”.
El director de Página Siete, Raúl Peñaranda, denuncia que “lo que busca es amedrentar a los medios independientes y limitar la libertad de expresión”. Una versión compartida por la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, que sostiene que el Ejecutivo pretende “intimidar” a la prensa.
En el nº 2.814 de Vida Nueva.