La educación concertada y la atención social, ahogadas por los recortes

Escuelas Católicas duda de la viabilidad de sus centros por las medidas del Gobierno

protesta de jóvenes en la calle contra los recortes

FRAN OTERO | Cuando la población española sigue todavía impactada por la dureza de los recortes del Gobierno, para el que no queda otro remedio, y cuando la ciudadanía empieza a salir a la calle sin otra bandera que defender sus derechos y la justicia, crecen en la Iglesia voces críticas con las decisiones del Ejecutivo de Rajoy. [La educación concertada y la atención social, ahogadas por los recortes – Extracto]

Voces que, además, alertan de que si se sigue la senda del ajuste, al menos en algunos sectores, las consecuencias van a ser muy graves.

Es el caso de Escuelas Católicas, que el pasado 16 de julio emitió un comunicado en el que advertía del riesgo de quiebra de los centros a los que representa por los duros recortes en la escuela concertada. Y es que se han rebajado los módulos de concierto un 4,5% en gastos de personal y gastos variables, y un 1,5% en otros gastos.

“Se trata de un duro recorte para los 90.000 trabajadores de los centros concertados de Escuelas Católicas que, sin ser funcionarios ni empleados públicos, se ven afectados por una rebaja acumulada mínima del 10% desde el año 2011”, explica.

Del mismo modo, lamenta que esta reducción quede consolidada a través del módulo de conciertos estatal sin ninguna cautela temporal, ni compesaciones futuras, en contraste con la función pública, para cuyos funcionarios sí se contemplan dichas compensaciones y se limita en el tiempo la supresión de la paga extraordinaria de Navidad.

En concreto, desde Escuelas Católicas explican que la reducción del 1,5% en otros gastos supone que, en el periodo 2008-2012, la pérdida de poder adquisitivo de dicha partida alcance el 8,6%, lo que, unido a la modificación del IVA en la prestación de suministros básicos (luz, teléfono, gas…), “pone en situación de riesgo de quiebra económica a los colegios concertados, sin tener en cuenta que el concierto, por ley, debe garantizar la gratuidad de la impartición de la enseñanza”.

Ante esta situación, denuncia, se produce una vez más un agravio comparativo entre la concertada y la pública, pues, aunque la primera cuesta la mitad, tienen porcentajes de recorte similares. “La escuela concertada no pretende eludir su responsabilidad en estos momentos de crisis pero estos recortes exceden con mucho lo razonable para un sector ya de por sí ajustado, cuando además en algunas comunidades autónomas los centros padecen impagos en el tiempo por parte de la administración”.

ministro de Educación José Ignacio Wert reunido con representantes escuela concertada

Reunión del ministro Wert con representantes de la escuela concertada

Finalmente, denuncia que se ignora el derecho a la negociación colectiva de un sector que fija las tablas salariales teniendo en cuenta los módulos económicos, y reconoce que la forma de abordar los ajustes, “sin diálogo ni negociación previa con el sector, pone en riesgo la credibilidad del Gobierno y la posibilidad de acometer una reforma educativa consensuada y duradera”.

Salud y víctimas de la trata

Y de la educación a la atención social, sobre todo de los más vulnerables, porque otra institución eclesial como es el Proyecto Esperanza, de la Congregación de Religiosas Adoratrices, acaba de mostrar su preocupación ante las restricciones de accesos a la salud pública y gratuita de las víctimas de trata.

Una preocupación que se basa en un documento que la propia organización ha elaborado, Derecho a la Asistencia Sanitaria para Víctimas de la Trata de Personas, en el que se analiza el impacto que tiene sobre la salud de las víctimas la traumática experiencia y concluye que el Estado está obligado a garantizar el acceso integral al sistema de salud, con independencia de su situación administrativa.

Lo explica Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza: “Este documento se ha elaborado con el objetivo de que el Estado reconozca, asuma y cumpla su obligación de facilitar el proceso de recuperación y restablecimiento físico, psicológico y social de las personas que han sufrido la trata, para lo cual es indispensable que tengan acceso al sistema sanitario de forma gratuita”.

Y es que las consecuencias de este delito sobre la salud de las víctimas necesitan la adecuada atención. Los trastornos alimenticios, las enfermedades infecciosas, dolores crónicos de espalda, enfermedades de trasmisión sexual como el Sida, trastornos de estrés postraumático o de personalidad, depresión, fobias, aislamiento… son algunas de ellas y con las que dificilmente se puede vivir si no hay una atención continuada.

Lo explica el doctor Pablo Rivas, médico internista y voluntario del Proyecto Esperanza: “Esta es una medida que atenta contra los derechos humanos por razones éticas y sociales, pero también médicas. Las enfermedades no entienden de papeles ni etnias y, por tanto, sin la atención primaria estamos aumentando el riesgo de contagios de enfermedades fácilmente curables y pudiendo fenerar mayores colapsos en las urgencias e ineficiencia del sistema”.

Esta preocupación la han transmitido representantes del Proyecto Esperanza a los responsables de la Comunidad de Madrid y de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con quienes se reunieron recientemente.

En el nº 2.810 de Vida Nueva.