La realidad minera del país, objeto de preocupación de los prelados durante su Asamblea
Los obispos colombianos, a punto de iniciar su Plenaria
JIMMY ESCOBAR G. BOGOTÁ | El mensaje final de la XCIII Asamblea Plenaria del Episcopado colombiano (Bogotá, 9-13 de julio) al actual Gobierno fue directo: “No es aceptable un modelo de riqueza para hoy y pobreza para mañana”. Igual de precisa fue su solicitud: “Repensar creativamente un nuevo modelo de desarrollo que tenga como centro el respeto de la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales”.
Durante la reunión, cada uno de los prelados expuso la realidad de su zona y pudo compartir y contrastar su análisis con lo que ocurre en otras jurisdicciones. El diagnóstico general ilustró a los participantes sobre lo artesanal de la minería en muchos casos y lo invasivo e ilegal en otros, sumado a la violencia y la pobreza que, paradójicamente, conlleva la existencia de una riqueza minero-energética.
“No somos ni técnicos ni políticos”, reconoció en su intervención el obispo de Sincelejo, Nel Beltrán, aunque “entendemos que las minas son una riqueza, pero nos preocupa que el trabajo que se hace no corresponda al concepto de desarrollo humano, siquiera aquel que define Naciones Unidas, porque eso significa que la riqueza de la minería no apunta al hombre, sino a unos hombres”.
Ciertas prácticas, como la improvisación de formas y la violación de protocolos por parte de las compañías que llegan a determinados lugares, parecieran no tener una vigilancia rigurosa del Estado, convirtiéndose en situaciones que –según los pastores– amenazan con generalizarse en un sector proclamado oficialmente como una de las locomotoras de desarrollo del país.
La minería colombiana se ha clasificado en tres niveles: el informal, sin títulos y trabajado artesanalmente desde siempre por campesinos y desplazados; el intermedio, que se hace con dragas, retroexcavadoras y de manera más tecnificada; y la gran minería, la que operan grandes empresas nacionales y extranjeras.
En opinión del director de la Secretaría Nacional de Pastoral Social, Héctor Fabio Henao, esta problemática “empalma con otra Asamblea general del Episcopado en torno a la tierra y el ordenamiento territorial del país, de manera que pensamos que los impactos económicos, sociales y ambientales de proyectos minero-energéticos sobre las comunidades demandan del Estado una política de ordenamiento mucho más clara y de control para ejercer la minería”.
“Es un tema grave –denunció Henao–, porque se está vertiendo cianuro, mercurio, y utilizando dinamita de modo incontrolado, lo que no es la única preocupación, porque allí se cruzan el desplazamiento y el conflicto armado” (el 80% de los desplazados proceden de zonas en donde hay algún proyecto minero).
Sugerencias al Gobierno
Los obispos de Istmina (Chocó), Julio César García; de Villavicencio (Meta), Óscar Urbina; y de Santa Rosa de Osos (Cauca), Jorge Alberto Ossa, –entre otros– relataron sus experiencias pastorales sobre los efectos socioeconómicos de una actividad a la que le falta control y sobre la que el Episcopado en pleno realizó una serie de sugerencias al Gobierno.
“Que este código sea elaborado por el Estado en reflexión interna y con la consulta a organizaciones, grupos y movimientos sociales cercanos a las necesidades de las gentes”, insta el texto, que, por boca del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), Rubén Salazar, pudo escuchar el presidente Juan Manuel Santos el día del cierre de la Asamblea.
Por otro lado, en el marco de la misma reunión, se aprobaron las Normas Complementarias al Código de Derecho Canónico, cuya última actualización databa de 1986. Con ello, “la Iglesia en Colombia busca mayor eficacia frente a la realidad nacional”, reconoció el sacerdote Pedro Mercado, secretario adjunto del Episcopado y miembro de la comisión de canonistas que preparó la revisión.
Relevo en la Secretaría General
Al menos un mes durará el proceso de relevo entre el hasta ahora secretario general de la CEC, Juan Vicente Córdoba, y su sucesor en el cargo y obispo auxiliar de Cali, José Daniel Falla Robles, quien dijo que esta nueva responsabilidad lo tomaba por sorpresa, pero que asume “con mucha ilusión el poder colaborar en todo un trabajo de servicio y apoyo a la Conferencia Episcopal”.
Córdoba, por su parte, culmina con la satisfacción de haber cumplido su deber en el período de rigor (tres años) y asume ahora en pleno la Diócesis de Fontibón para ejecutar diversos proyectos pastorales en los que venía trabajando desde hace varios meses.
En el nº 2.810 de Vida Nueva.
